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Ciudadanos LGTB (II) después de la Ley 13/2005

Por Ignacio Gomá Garcés

Durante la campaña electoral para las elecciones generales de 2004, el Partido Socialista Obrero Español (el “PSOE”), encabezado por el que se convertiría en el nuevo Presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, presentó un programa político que incluía el compromiso de “posibilitar el matrimonio entre personas del mismo sexo y el ejercicio de cuantos derechos conlleva”.

Pese a que, en el momento, dos tercios de los españoles (el 66,2%, según fuentes consultadas) se mostraban favorables a regular el derecho a contraer matrimonio por parte de personas del mismo sexo, la tramitación parlamentaria de la ley no estuvo en ningún momento exenta de controversia, especialmente a causa del sentir contrario de una parte de la ciudadanía y de la opinión pública. En particular, la Iglesia católica –y diversas instituciones y asociaciones afines- se opuso a esta ley, considerándola un ataque a la institución del matrimonio.

A pesar de estas reservas y del informe negativo del Consejo de Estado, el Gobierno presentó el Proyecto de Ley ante el Congreso de los Diputados el 1 de octubre de 2004. Todos los grupos parlamentarios, excepto el del Partido Popular y los diputados de Unió Democràtica de Catalunya, votaron a favor de la reforma. Finalmente, la Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio, comúnmente conocida como la Ley de Matrimonio Homosexual, fue publicada el 2 de julio de 2005 y el matrimonio entre personas del mismo sexo fue oficialmente legal en España el día siguiente, convirtiéndose así en el tercer país en el mundo en legalizarlo

Es justo mencionar que, en lo que al cambio legislativo se refiere, la Ley 13/2005 no fue extensa o compleja. Pero, como nos gusta recordar en Hay Derecho, no se trata de publicar muchas leyes ni de publicarlas “al peso”, sino de que estas leyes sean verdaderamente capaces de transformar la realidad, a ser posible para mejor.

El caso de la ley que ahora nos ocupa es paradigmático, porque no vino ésta sino a modificar muy sucintamente 17 artículos del Código Civil y 3 de la Ley del Registro Civil y, sin embargo, pese a la poca entidad de estos cambios, se modificó sustancialmente la realidad social de muchos. En concreto, se actualizaron ambos textos conforme a la nueva concepción de matrimonio, simplemente sustituyendo a estos efectos los términos “marido y mujer” por “cónyuges” y “padre y de la madre” por “progenitores”. De hecho, la ley tan sólo incorpora una nueva frase, en el párrafo segundo del artículo 44: “El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o de diferente sexo”.

Las novedades fundamentales de la ley son, por tanto, el reconocimiento de la posibilidad, por parte de dos personas del mismo sexo, de contraer matrimonio, de adoptar y de que éstos sean iguales en derechos y deberes, así como de participar conjuntamente en la sociedad de gananciales, en la herencia y en la pensión.

La Ley 13/2005 fue una de las primeras leyes en regular este derecho y, por tanto, muy novedosa. Tras ésta, la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado, de 29 de julio de 2005, declaró válidos los matrimonios homosexuales entre dos contrayentes españoles, aún contraídos en el extranjero; los celebrados en España entre contrayentes extranjeros de un país que permita el matrimonio entre personas del mismo sexo; los celebrados en España o en el extranjero, entre español y extranjero de un país que no lo permita, cuando sus normas de derecho internacional privado establezcan la ley española como la aplicable al matrimonio; y los celebrados entre extranjeros residentes en España.

Posteriormente, en mayo de 2006, el Gobierno español reformó la Ley de reproducción asistida, permitiendo a la madre no biológica reconocer legalmente como hijos a los niños nacidos en el matrimonio entre dos mujeres. El año siguiente, la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, también supuso un avance en la consolidación de derechos de las personas transexuales mayores de edad.

El Partido Popular presentó un recurso contra la Ley 13/2005 en el Tribunal Constitucional, que se resolvió el 6 de noviembre de 2012, siete años después de su tramitación, con 8 votos a favor y 3 en contra. El Tribunal sostuvo que el matrimonio es una institución y, simultáneamente, un derecho constitucional de todos los españoles, sin distinción, y, respecto de la adopción, que el interés superior digno de protección es el del menor y, en este sentido, que no existe certeza que permita afirmar que las condiciones de idoneidad exigidas a los adultos con niños a cargo “no puedan ser proporcionadas por una pareja homosexual”.

Sólo durante el primer año de vigencia de la ley, unas 4.500 parejas del mismo sexo contrajeron matrimonio en España. Desde su aprobación, se calcula que el número asciende a unas 35.000, lo cual celebramos.

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