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Ciudadanos LGTB (I): antes de la Ley 13/2005

Autor: Miguel Fernández Benavides

 

Comenzando por el título, las siglas LGTB se refieren a las personas lesbianas, gais, bisexuales y transexuales. A pesar de que los discursos más modernos se refieren a este colectivo como LGTBIQ, identificando las dos últimas letras con las personas intrasexuales y queers (ver aquí), a día de hoy, la legislación más reciente sobre la materia no contempla estos supuestos en la terminología empleada (ver Ley 3/2016 contra la LGTBifobia de la Comunidad de Madrid).

Precisamente estos días se está celebrando en Madrid la multitudinaria Semana del Orgullo LGTBeste año, WorldPride Madrid 2017-, para la que se prevé la llegada de más de dos millones de visitantes a la capital de España (ver aquí). Qué mejor momento que este para echar la vista atrás y hacer un repaso de cuál ha sido la evolución del ordenamiento jurídico, en lo que al colectivo LGTB se refiere. Y es que a pesar de que hoy, en la España del siglo XXI, prácticamente nadie discute que las personas pertenecientes a este colectivo deben ser considerados ciudadanos con plenos derechos, conviene no olvidar que nos encontramos ante una concepción social moderna, derivada en parte de una serie de cambios legislativos que ocurrieron hace no tanto tiempo. 

Sin pretender remontarnos ahora a épocas históricas remotas, no debemos perder de vista que las normas vigentes durante el régimen franquista implicaban que las personas homosexuales y transexuales fueran detenidas y encarceladas por su condición. A modo de ejemplo, baste mencionar la reforma de la Ley de Vagos y Maleantes de 15 de julio de 1954 (en la que se sancionaba a los homosexuales, equiparándolos a los proxenetas, mendigos, enfermos mentales o lisiados), o la Ley 16/1970 de 4 de agosto, sobre Peligrosidad y Rehabilitación Social, en la que se preveían medidas para la reeducación de quienes realicen actos de homosexualidad, los vagos habituales o los rufianes y proxenetas (entre otros). Todas esas normas de carácter sancionador hoy resultan inconcebibles.

Con la deseada llegada de la democracia y la aprobación por las Cortes de la Constitución de 1978 –ratificada por el pueblo español en referéndum- era evidente que este contexto normativo de discriminación e injusticia necesariamente debía tender a desaparecer. En línea con lo dispuesto en el artículo 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), nuestra Constitución consagró en su artículo 14 el principio de igualdad, estableciendo que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Con todo, tras casi cuarenta años de dictadura, los cambios normativos no podían producirse de la noche a la mañana. Y no resulta exagerado afirmar que hasta la VIII Legislatura (2004-2008), no existió una voluntad decidida de cambio por parte del Legislador (es precisamente entonces cuando se aprueba la Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modificó el Código Civil para permitir contraer matrimonio a personas del mismo sexo), sin perjuicio de que durante esos más de 20 años se fueran introduciendo cambios normativos en el ámbito de la normativa autonómica.

Fue a través de la regulación de las parejas de hecho, como algunas Comunidades Autónomas aprovecharon, a partir de finales de los años noventa, para incluir las uniones constituidas por personas del mismo sexo, a fin de reconocerles determinadas prestaciones o derechos. Así, se pueden citar, entre otras, la Ley 10/1998, de 15 de julio, de uniones estables de pareja (Cataluña), la Ley 1/2001, de 6 de abril, por la que se regulan las uniones de hecho (Comunidad Valenciana)  o la Ley 5/2002, de 16 de diciembre, de Parejas de Hecho (Andalucía).

Pero el cambio de verdad tuvo que esperar hasta el año 2005, momento a partir del cual la ley –popularmente conocida como Ley del Matrimonio Homosexual– permitiría los matrimonios celebrados entre personas del mismo sexo, con plenitud e igualdad de derechos y obligaciones. Como consecuencias más destacadas de esa revolución legislativa (de la que nos ocuparemos en el siguiente post de la serie), podemos mencionar la equiparación en materia de derechos y prestaciones sociales o la introducción de la posibilidad de ser parte en procedimientos de adopción.

Vía| NoticiasJurídicas

Imagen| Pixabay

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