Economía y Empresa 


Ciudadanos fuerza al Gobierno por la amnistía fiscal

El Grupo Parlamentario de Ciudadanos, cumpliendo con la medida 298 de su programa electoral, presentó el pasado 16 de septiembre una Proposición no de Ley para su debate en el Pleno del Congreso para garantizar que los sujetos pasivos beneficiados por la regularización fiscal del año 2012, llamada amnistía fiscal, tributen efectivamente al tipo del 10%.

En 2012, el recién Gobierno del Partido Popular aprobó por el Real Decreto-ley 12/2012 diversas medidas dirigidas a la reducción del déficit público, entre ellas, la posibilidad a los obligados tributariamente de ponerse voluntariamente al corriente de sus obligaciones estableciendo un gravamen especial del 10%. Esta polémica regularización fiscal supuso un golpe a la ya frágil conciencia fiscal de nuestra sociedad y supuso un pequeño fracaso recaudador que ha sido objeto de repetidas críticas e iniciativas en sede parlamentaria.

Montoro

En aquel momento el Gobierno previó recaudar unos 2.500 millones. Sin embargo, según datos de la AEAT se afloraron 40.000 millones, recaudándose unos 1.193 millones, lo que supone una tributación a un tipo efectivo inferior al 3% y no del 10% como establecía el Real Decreto Ley.

El Gobierno, a través de la Dirección General de Tributos de 27 de junio de 2012, suavizó, aún más, las condiciones de la regularización fiscal permitiendo, ilegalmente en opinión de los inspectores de Hacienda y del Congreso, que los amnistiados regularizaran tan solo los rendimientos y rentas no prescritas. Además, el citado informe señalaba textualmente, y contra lo previsto en la normativa tributaria que las declaraciones
por las que los contribuyentes se acogieron a la regularización «no eran comprobables». Si bien, muchas de las regularizaciones efectuadas si fueron comprobadas, especialmente en casos de delito fiscal o blanqueo de capitales, como fue el sonado caso del ex-vicepresidente económico del Gobierno,  Rodrigo Rato, por el caso Bankia.

Con el objetivo de cumplir su compromiso electoral, el acuerdo de investidura firmado el 28 de agosto de 2016 entre el Grupo Parlamentario Popular y el de Ciudadanos recogía en su punto seis: «Realizar una revisión para garantizar que los sujetos pasivos beneficiados por la regularización
fiscal del año 2012 tributen según el tipo del 10% previsto en la misma por las cantidades afloradas dentro de los límites de la normativa tributaria.»

No obstante, dado que el plazo para la presentación de las declaraciones y el ingreso de esta regularización extraordinaria venció el 30 de noviembre de 2012, esto supone que, cuatro años más tarde, esto es, el próximo 30 de noviembre de 2016, prescribirán las posibles responsabilidades fiscales administrativas pendientes.

Hay que recordar también que esta regularización fue recurrida ante el Tribunal Constitucional, que admitió a trámite el recurso, pero todavía no lo ha resuelto. Para asegurar la efectividad de la decisión del Tribunal Constitucional es preciso que las situaciones jurídicas no hayan adquirido firmeza. Esto solo ocurrirá si se inician las correspondientes comprobaciones antes de que prescriban las obligaciones tributarias de los defraudadores. De este modo, se ha instado al Gobierno, antes de que prescriban las obligaciones defraudadas, a que ponga a la Agencia Tributaria a comprobar y liquidar a aquellos que se acogieron a la amnistía fiscal para recaudar los 2.800 millones de euros que se dejaron de ingresar.

* Vía| Boletín Oficial de las Cortes Generales
* Más información|ElPais ElMundo AEAT Ciudadanos
* Imagen|Cristóbal Montoro
* En QAH| El fraude, la amnistía y la filantropía

 

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