Derecho Internacional, Jurídico 


Vencedores o vencidos: Juicios de Nuremberg

“Aquella pobre gente, aquellos millones de personas, jamás supuse que se iba a llegar a eso, debe creerme, debe usted creerme.

Señor Janning, se llegó a eso la primera vez que usted condenó a muerte a un hombre, sabiendo que era inocente”

La II Guerra Mundial ha llegado a su fin, los crímenes nazis han salido a la luz y es el momento de juzgar a los culpables. Pero el éxito del holocausto nazi, responsable de la muerte de más de 11 millones de personas en Europa, no sólo fue posible por la labor realizada por los dirigentes del Tercer Reich, Hitler & Cia., sino que necesitó de un entramado de colaboraciones que alcanzaba a todos los estamentos del país, incluidos los jueces.

El veredicto frente a cuatro jueces del periodo nazi, responsables con sus sentencias de autorizar la esterilización y limpieza étnica, parece sencillo: culpables por ser cómplices de crímenes contra la humanidad. Pero la solución no es siempre tan obvia, y ante Dan Haymon, magistrado estadounidense, ya retirado, que preside el Juicio de Nuremberg, se plantean tres conflictos muy recurrentes dentro de la exención o responsabilidad criminal: la protección de un bien superior vs la ignorancia vs el respeto a una ley universal. La primera es defendida encarnizadamente por el abogado de la defensa, Hans Rolfe, que explica cómo el gobierno nazi y el amor a la patria alemana exigían dictar sentencias con el fin de obtener mejoras socioeconómicas  para el empobrecido pueblo alemán. La ignorancia está representada por la Señora Bertholt, mujer de un nazi condenado a muerte, que intenta influir en el magistrado desde el ámbito personal, justificándole el desconocimiento por parte de la mayoría de los miembros de la organización nazi y de la sociedad alemana, de las atrocidades que se cometían.  Finalmente, el respeto a una ley universal, está representada por el fiscal estadounidense, que acusa a los cuatro jueces de ser un eslabón necesario y consciente de los crímenes nazis.

Pero el caso da un giro inesperado, cuando Ernst Janning, uno de los cuatro acusados, decide romper su silencio.

Uno de los temas que trata el film, es la creación de Tribunales de excepción o ad hoc. Podemos decir, de forma genérica, que estos tribunales son creados con dos fines bien distintos; desde una perspectiva nacional o más reducida, estos tribunales son propios de regímenes dictatoriales, mientras que desde una perspectiva internacional han sido constituidos para juzgar crímenes de gran envergadura, principalmente delitos de genocidio y contra la humanidad, que ocurrieron en un lugar y en un tiempo determinados; aunque en ambos casos son Tribunales controvertidos ya que su constitución afecta a la protección de los derechos fundamentales del enjuiciado. Hay que destacar, en nuestra historia más reciente y desde una perspectiva internacional, los siguientes:

Los juicios  de Nuremberg

Fueron un conjunto de procesos jurisdiccionales celebrados en la ciudad de Nuremberg con el objetivo de enjuiciar los crímenes nazis tras el fin de la II Guerra Mundial. Se iniciaron por acuerdo de los países vencedores Aliados, sus bases se recogen en la Carta de Londres, y su competencia era conocer de los crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y contra la paz. El juicio principal se celebró ante el Tribunal Militar Internacional, donde se enjuició a los altos cargos nazis.

Otros procesos se celebraron ante el Tribunal Militar estadounidense, entre ellos el conocido como “juicio de los jueces”, del cual trata el filme y que se celebró en el año 1947. En ellos, jueces y abogados de la Alemania nazi fueron acusados y condenados de crímenes de guerra, de lesa humanidad y de pertenencia a organización criminal. Entre sus actos destacan la esterilización de incapaces, limpieza étnica, envío a campos de concentración de judíos que tuvieron relaciones sexuales con alemanes y condenas a trabajos forzosos. A mediados de la década de los 50 ninguno de los condenados en el “juicio de los jueces” continuaba en prisión.

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Tribunales de Tokio

El Tribunal Penal Militar Internacional para el Lejano Oriente se constituyó en Japón, por los países Aliados, para enjuiciar los crímenes y atrocidades cometidos por los japoneses durante la II Guerra chino-japonesa y la II Guerra Mundial. Fue anunciada su creación en la Declaración de Postdam y sus fundamentos se recogen en la Carta de Tokio. Con sede en dicha ciudad y presidido por jueces de los países Aliados, estuvo en funcionamiento desde el año 1946 hasta 1948. También se celebraron otros juicios fuera de Japón.

Tribunal penal internacional de Yugoslavia

Nace tras la resolución 827 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y en su base se encuentra la Carta de Londres, madre de los Juicios de Nuremberg, y que sirvieron a las Naciones Unidas para delimitar el concepto de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio. Con todo ello, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas considera que desde el año 1991, inicio de la Guerra de los Balcanes, se producen en la Antigua Yugoslavia crímenes contra la comunidad internacional, genocidio y violación de la Convención de Ginebra.

El Tribunal tiene su sede en la Haya y ante él han comparecido más de 160 presuntos responsables. Tiene previsto su cierre en el año 2016.

Tribunal penal internacional de Rwanda 

Fue creado por la resolución nº 955 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, tras determinar que la situación de Rwanda constituía un peligro para la paz y seguridad internacional. Su competencia abarcaba el enjuiciamiento de los crímenes cometidos en la matanza de los hutus contra el grupo minoritario tutsis, en el año 1994. Su sede se instauró en Tanzania, terminó su trabajo en el 2014 habiendo declarado casi 50 condenas de culpabilidad.

Desde una perspectiva evolutiva, los Juicios de Nuremberg y de Tokio fueron la semilla para que las Naciones Unidas, años más tarde, aprobara la creación de los Tribunales Penales Internacionales de Yugoslavia y Rwanda. Todo ello ha servido como base para la creación de la Corte Penal Internacional que nace tras la firma del Estatuto de Roma en el año 1998. Con sede en la Haya, tiene carácter permanente, enjuicia crímenes contra la Comunidad Internacional, y de ella forman parte 120 países entre los que se encuentra España.

El caso español

En España, desde un punto de vista de la historia más reciente, los Tribunales ad hoc, proliferaron durante y tras el fin de la Guerra Civil española, donde se enjuiciaban a personas con nulas garantías y derechos jurisdiccionales, y se les negaba la posibilidad de recurso. En algunos casos, condenándoles a pena de muerte.

Tras el fin de la dictadura y la aprobación de la Constitución Española de 1978 “se prohíben los Tribunales de excepción” de forma expresa en su artículo 117.6. Esta prohibición se completa con el artículo 24 de la propia Constitución, donde se recoge el derecho fundamental a la “tutela judicial efectiva”, compuesta a su vez por varios derechos entre los que destaca “el derecho a un juez ordinario predeterminado por la ley”. La traducción de este derecho fundamental significa que todos tenemos el derecho  a ser juzgados por un órgano judicial ordinario, que forme parte del Poder Judicial, ese órgano judicial debe ser creado y atribuido de competencias por ley, y dicha ley debe ser anterior a la comisión del hecho que se vaya a enjuiciar. Ninguno de estos requisitos se respeta en los Tribunales de excepción, y por ello bajo la legislación española son inconstitucionales.

En la mayoría de los Tribunales de excepción, como en el caso de los Juicios de Nuremberg, lo que se juzga, en esencia, no es la responsabilidad de un sólo hombre, sino la culpabilidad de una sociedad enferma y desentendida, que ha aceptado unas reglas del juego con resultados atroces. Todo ello es lo que hace surgir este tipo de Tribunales, aunque luego se juzgue, únicamente, a personas con nombres y apellidos.

Imágenes| Portada, Vencedores o vencidos

Más información: Carta de Londres, resolución 827 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, resolución 955 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Constitución Española de 1978.

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