Jurídico 


Cesión de crédito en fraude de ley (III)

En esta última entrega explicaremos los fines perseguidos por el cofiador solvens que ha efectuado el pago, sus consecuencias jurídicas y, por último, el trámite procesal adecuado para pedir la nulidad del título en este concreto supuesto de negocio jurídico de cesión de crédito realizado de manera fraudulenta.

¿Cuáles son los fines (beneficios) perseguidos con este negocio? Aunque la cesión de crédito como negocio de compraventa típicamente traslativo tenga favorable acogida en nuestro ordenamiento jurídico (art. 1203.3 CC), en este caso ha sido realizada en fraude de ley. En este sentido, los fines que persiguen las partes (acreedor y cofiador solvens) con la cesión de crédito litigioso son los siguientes (cfr. comentario STS, 7 febrero de 2006, [RJ 2006, 876] de GARCÍA VICENTE, J.R., Cuadernos Civitas de Jurisprudencia, Obligaciones y Contratos, ed. Thomson-Reuters, 2009, págs. 1045-1055): 701012_writing_a_check_1

I. El titular de un derecho de crédito tiene la facultad de ceder éste a un tercero (arts. 1526 a 1536 CC), comprendiendo todos los derechos accesorios (art. 1528 CC); no siendo necesario que el cedente (en su condición de titular del crédito) comunique a su deudor la cesión. En los supuestos de cesión de crédito a favor de un cofiador solidario, la sucesión en el crédito litigioso (sucesión que invierte su condición en el proceso, de ejecutado a ejecutante) evita o pospone la ejecución actual sobre sus propios bienes.

II. Por otra parte, su posición como cesionario del crédito litigioso es indudablemente mejor a la que ocuparía si pagara el crédito (con base en el art. 1210.3º CC hay subrogación <<cuando pague el que tenga interés en el cumplimiento de la obligación, salvos los efectos de la confusión en cuanto a la porción que le corresponda>>) porque, una vez que suceda procesalmente al cedente, puede continuar la ejecución sobre los distintos cofiadores embargados y en principio no soporta la eventual insolvencia de todos o algunos de sus cofiadores y puede cobrarse íntegramente sobre cualquiera de ellos (arts. 1822 II y 1144 CC).

III. En el caso de la subrogación por pago corriendo proporcionalmente (en razón de su cuota) con la insolvencia que padezca cualquiera de ellos (art. 1844. I y II CC). La cesión, por tanto, le ahorra al cofiador costes procesales (en la medida en que sucede procesalmente al acreedor), se aprovecha de los embargos practicados, conserva la relativa prioridad del crédito subrogado y le evita las enojosas discusiones sobre el alcance del regreso.

IV. Por su parte, la cesión interesa al acreedor cedente porque aunque no deshaga su posición de crédito de modo definitivo (para cobrar el crédito garantizado concede un nuevo crédito) no tiene que continuar la ejecución, con sus costes procesales y temporales, y el nuevo crédito suele gozar de una garantía de mayor calidad (suele ser hipotecaria) y simplicidad (sólo tiene un deudor). Podría decirse que aunque sigue soportando el riesgo del crédito disfruta de una mejor posición.

¿Cuáles son las consecuencias jurídicas de este negocio? La reacción del legislador (voluntas legis) frente a la manipulación del fraude de ley consiste, no exactamente en declarar la ineficacia del acto por ilicitud de la causa, sino en reputar inexistente el negocio formulado y en considerar existente el negocio que se ha tratado de eludir con las consecuencias naturales que de ello deriven. Al respecto, el Tribunal Supremo y la jurisprudencia menor se pronuncian en el sentido de que para evitar que prospere el fraude, esto es, el resultado contrario o prohibido, la sanción inmediata no es la declaración de nulidad sin más sino que, además, ha de aplicarse la norma pretendidamente eludida.

En los supuestos de que el cofiador solvens que ha efectuado el pago se dirija contra uno de los cofiadores por el todo, ¿qué trámite procesal es el adecuado para pedir la nulidad de este negocio jurídico en fraude de ley? Como todos sabemos, el juicio ejecutivo es un proceso sumario al que no se le pueden aplicar las reglas generales sobre nulidad y revisión, y en la “nueva” LECiv 1/2000 los motivos de oposición a la ejecución fundada en títulos no judiciales ni arbitrales están expresamente tasados en el art. 557 (limitadas excepciones que se permiten en su apartado primero) de la meritada Ley rituaria. Puesto que lo que se decide en el juicio ejecutivo de carácter sumario no produce excepción de cosa juzgada y puede alegarse en un juicio declarativo (normalmente ordinario por razón de la cuantía) todo aquello que en el ejecutivo no tuvo cabida -si bien es cierto que el art. 561.1.1.ª LECiv ha establecido que la cuantía exacta de la cantidad debida puede ser objeto de discusión durante el proceso-, entendemos que la única vía para solicitar la nulidad nos la ofrece el deficientemente redactado art. 564 LECiv; mas, si cabe, si el negocio jurídico fraudulento de cesión de crédito hubiera sido realizado mediante la figura de la representación indirecta (utilización de persona interpuesta o testaferro). Si se entendiera de otra forma se produciría indefensión y no se garantizaría el derecho a la tutela judicial efectiva. En este mismo sentido se pronuncia nuestro Tribunal Supremo (STS 28/2012, de 13 de febrero [RJ 2012, 3912], fundamento de derecho tercero): << (…) el título extrajudicial recoge la aparente certeza de una deuda que puede ser rebatida con amplitud en posterior juicio declarativo por causas que no pudieron oponerse en el de ejecución y ello lejos de ser sorpresivo, es un supuesto con reconocimiento legal que el ejecutante conocía o pudo conocer>>.

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En QAH| Cesión de crédito en fraude de ley (I), Cesión de crédito en fraude de ley (II)

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