Jurídico 


Cesión de crédito en fraude de ley (II)

En la primera entrega de este artículo explicábamos en qué consiste el fraude de ley o fraude a la ley y, a su vez, explicábamos la figura de la cofianza. En esta segunda entrega hablaremos de lo que entiende doctrina y jurisprudencia respecto de la utilización en fraude a la ley de la figura de la cesión de crédito.

Doctrina y jurisprudencia. Tanto doctrina como jurisprudencia son coincidentes al respecto al entender que la cesión alteraría la relación interna de los cofiadores lesionando o perjudicando sus derechos. Así, para uno de los autores más relevantes en esta materia [CARRASCO PERERA, A., Tratado de los Derechos de Garantía: relaciones entre cofiadores, regreso por pago y cesión de crédito (pág. 433)] <<el regreso entre éstos (los cofiadores) se disciplina siempre conforme al art. 1844 CC. El cofiador siempre adquiere el crédito garantizado por la vía de la subrogación, no por la de cesión independiente, aunque así se haya querido pactar entre el cofiador solvens y el acreedor. En consecuencia, el cofiador que ha pactado con el acreedor que adquirirá la titularidad del crédito, vía cesión, pagando su importe como precio, no puede dirigirse contra el resto de los cofiadores por el todo de dicho crédito, sino como el cofiador que regresa, proporcionalmente, después de haber hecho un pago liberatorio de la deuda fideusoria. No se trata de un problema de simulación o de interpretación de las declaraciones de voluntad, sino de una calificación legal imperativa. Cuando la obligación garantizada es única y son varios los fiadores, se está en el supuesto de la cofianza, que naturalmente se entiende dividida en tantas partes como fiadores. Por lo tanto, el cofiador solvens que ha efectuado el pago no puede exigir de cada uno de los fiadores sino su parte, y no el todo de cualquiera de ellos>>.

Aunque la jurisprudencia es escasa, podemos citar la SAP Santa Cruz de Tenerife, sección 1ª, 12 junio de 1999 [AC 1999, 7497] y la STS de 7 febrero de 2006 [RJ 2006, 876]. En la segunda el supuesto de hecho es el siguiente: dos de los cofiadores solidarios de un crédito pactan la compra, mediante una cesión de créditos, de su deuda con el acreedor del crédito garantizado, una vez emprendida la ejecución contra el deudor principal y todos (también ellos) los cofiadores solidarios. La sentencia señala que con la cesión de crédito, por lo demás <<litigioso>>, se defraudan los intereses de los otros cofiadores y se burlan las reglas de la subrogación en el crédito del fiador que paga en detrimento del resto de cofiadores a través de la sucesión procesal buscada.

En definitiva se repudia tal cesión por ser en fraude de Ley y se procede a la debida aplicación de las normas que se hubieren tratado de eludir (art. 6.4 CC), que no son otras que las propias de la subrogación en la fianza, en particular las normas que se refieren a la cofianza (acogidas en los arts. 1837, 1838, 1839, 1844, 1845 y 1850 CC). Por tanto, no procede preguntarse por el cumplimiento o incumplimiento del contrato de cesión porque propiamente no hubo tal sino subrogación en el crédito por pago, pago que le permite al cofiador la subrogación frente al deudor principal (art. 1839.I CC) por una parte, y frente al resto de los cofiadores (art. 1844 CC), por otra. Esta Sentencia dictamina que <<el régimen jurídico aplicable al pago hecho por un cofiador solidario, quien conforme a los arts. 1822, párrafo segundo en relación con el párrafo segundo del 1145, 1839 y 1844 párrafo primero, todos del Código Civil, se subroga en todos los derechos que el acreedor tenga contra el deudor afianzado pero sólo puede reclamar de cada uno de los otros cofiadores la parte que proporcionalmente le corresponda satisfacer, se realiza en fraude de ley. Tal y como lo configura el art. 6.4 del Código Civil, al celebrarse un negocio jurídico al amparo del texto de las normas reguladoras de la transmisión de créditos (arts. 1526 a 1535 CC) pero persiguiendo un resultado tan contrario al régimen establecido por nuestro ordenamiento jurídico para el pago hecho por un cofiador solidario como evidentemente perjudicial para los restantes fiadores solidarios>>. Para determinar que, <<de acuerdo con lo dispuesto en aquel mismo art. 6.4, lo procedente es someter el negocio jurídico en cuestión al régimen que se pretendía eludir>>.

Por su parte, la SAP de Santa Cruz de Tenerife, 12 de junio de 1999, en su fundamento de derecho séptimo afirma lo siguiente: <<si uno de ellos (los cofiadores) adquiere por cesión el crédito afianzado, éste sigue existiendo en las mismas condiciones sin eliminar la cualidad de cofiador del cesionario pues las obligaciones entre los fiadores derivadas de la cofianza (…) no han variado como consecuencia de la cesión y ello en la medida en que ésta ni ha extinguido ni novado el vínculo interno derivado del carácter solidario de las obligaciones generadas de la cofianza (…). Entender lo contrario significaría la posibilidad de alterar esa relación interna de los fiadores por un pacto ajeno a todos los obligados en esa relación>>.

En la próxima y última entrega de este artículo explicaremos los fines perseguidos -al utilizar la figura de la cesión de crédito- por el cofiador solvens que ha efectuado el pago -también cabe la posibilidad de que ésta haya sido realizada mediante representación indirecta (testaferro)-, sus consecuencias jurídicas y, por último, el trámite procesal adecuado para pedir la nulidad del título.

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