Jurídico 


Cesión de concesión administrativa de explotación de recursos de minería

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El supuesto que vamos a analizar consistiría en la forma de transmitir a un tercero una concesión administrativa de explotación de recursos mineros. En primer lugar, debemos averiguar en qué sección se encuentra catalogado el mineral objeto de regulación, puesto que dependiendo de la sección en que se encuadre el procedimiento será más o menos flexible y se nos exigirán más o menos garantías.

En este caso, el mineral cuyo derecho de explotación se va a transmitir a un tercero sería la “scheelita”, uno de los poquísimos “wolframatos” presentes en la naturaleza cuyo principal uso es la obtención de wolframio, metal de gran interés en la industria aeroespacial, de armamento y electrónica, debido a su gran resistencia al calor. Este mineral en concreto pertenece a la Sección C, ampliamente regulada por el Título V de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas (arts. 37 a 74).

Es el art. 97 en relación con el 95 del texto legal previamente citado el que nos aclara el procedimiento. Es preciso solicitar al Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo  de la Delegación territorial del lugar donde se encuentre el yacimiento en cuestión (por ser la autoridad que ha otorgado la concesión de explotación) a través de instancia acompañada del proyecto de contrato a celebrar, un presupuesto de las inversiones a realizar y un estudio económico de la financiación. El Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo puede modificar la propuesta en lo que considere oportuno, modificaciones que han de ser aceptadas, ya que en caso de no ser así podríamos ver denegado el permiso de transmisión de los derechos de explotación.

La Administración concedente puede no ver viable económicamente el proyecto. En tal caso solicitaría una fianza del 10% de la inversión prevista a realizar durante el primer año, que será reintegrada al peticionario una vez que acredite haber invertido en la investigación la diferencia entre la fianza exigida y la inversión programada para dicho primer año de trabajo. En caso de exigirse la fianza y no ser prestada la misma, es previsible que la Administración concedente deniegue la autorización.

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En cuanto a las posibles consecuencias fiscales de la transmisión, en virtud del art. 111 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, el solicitante gozará en relación con sus inversiones en activos mineros y con las cantidades abonadas en concepto de canon de superficie (impuesto a satisfacer en función de las cuadrículas mineras, que en la actualidad se satisface a razón de un euro con veinte céntimos por cuadrícula), de libertad de amortización durante diez años contados a partir del comienzo del primer período impositivo en cuya base imponible se integre el resultado de la explotación. Más, no obstante, el hecho de la transmisión de los derechos de explotación no tendrá consecuencias fiscales, como aclara al respecto la Consulta de la Dirección General de Tributos V2337-10 del veintisiete de octubre de dos mil diez.

Como vemos en este caso, el procedimiento de traspaso a un tercero de la concesión administrativa tiene bastantes similitudes con el traspaso de cualquier concesión administrativa, si bien se hace preciso tener en consideración las peculiaridades previstas para un sector tan fuertemente regulado como es la minería.

Vía | Consulta de la Dirección General de Tributos V2337-10 del veintisiete de octubre de dos mil diez, Ley 22/1973, de 21 de julio, de minas, Real Decreto Legislativo 1303/1986, de 28 de junio, por el que se adecua al ordenamiento jurídico de la Comunidad Económica el Título VIII de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de minas, Ley 54/1980, de 5 de noviembre de modificación de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas con atención especial a los recursos minerales energéticos, Real Decreto 2857/1978, de 25 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General para el Régimen de la Minería, Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre sociedades. Capítulo IX sobre el régimen fiscal de la minería, Ley 6/1977, de 4 de enero, de fomento de la minería, Real Decreto 647/2002, de 5 de julio, por el que se declaran las materias primas minerales y actividades con ellas relacionadas, calificadas como prioritarias a efectos de lo previsto en la 43/1995, Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras.

Imagen | Mina, mineral 

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