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Cataluña y el referéndum pactado

La figura del referéndum viene recogida en diferentes artículos de la Constitución Española. Así, el artículo 92 recoge el referéndum consultivo, en los artículos 151 y 152 para la ratificación de la iniciativa autonómica por el procedimiento especial para el acceso a la autonomía, así como la aprobación y modificación de sus estatutos, o los artículos 167 y 168 en relación con la reforma constitucional.

Existe un cierto desconocimiento entre la población que entiende que solo se pueden convocar referénendums consultivos. Sin embargo, los referéndum convocados para la ratificación de la aprobación o modificación de los Estatutos de las Comunidades Autonomías que acceden por la vía del articulo 151, las reformas constitucionales parciales cuando un diez por ciento de los diputados lo pidiese, las revisión total de la Constitución o aquellas reformas parciales que afecten al Titulo preliminar, al Capítulo segundo, Sección primera del Título I, o al Título II, son referéndum vinculantes.

En el problema catalán algunos exigen un referéndum pactado como forma de solución, es decir, un referéndum que se produzca dentro de la legalidad, respetando las leyes y el Estado de Derecho. Por eso, es necesario saber cual es la normativa existente en materia de referéndum y los pasos que se deberían dar para su convocatoria.

En primer lugar, hay que hacer mención que el referéndum pactado no entraría en los preceptos de aprobación o reforma de los estatutos autonómicos, ni en la reforma o revisión de la constitución (lo que conllevaría una reforma profunda de la CE para permitir un referéndum donde la soberanía nacional no fuera necesaria para reformar la misma), con lo que dicho referéndum debería ser consultivo conforme a lo recogido en el artículo 92 de nuestra carta magna.

Dicho artículo recoge que las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos. Será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados. De igual forma, recoge que una ley orgánica regulará las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum previstas en la Constitución. Dicha ley es la Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, sobre regulación de las distintas modalidades de referéndum.

De igual forma, en el apartado trigesimosegundo del artículo 149 de la Carta Magna recoge como competencia exclusiva del Estado la autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum.

Pues bien, hay que destacar varias cuestiones de lo recogido anteriormente que también sirven para explicar diferentes cuestiones del referéndum catalán.

En primer lugar, podemos comprobar que la competencia exclusiva para convocar referéndums es del Estado, en concreto del Rey y propuesta del presidente del gobierno previa autorización del Congreso de los Diputados.Por los que ninguna comunidad autónoma tiene competencia para ello y es el fundamento por el que la convocatoria del referéndum catalán no se ajusta a derecho.

En segundo lugar, los referéndums consultivos están reservados para las decisiones políticas de especial transcendencia y sometidas a todos los ciudadanos. En este caso existe un debate sobre si serían todos los ciudadanos o solo los ciudadanos que residen en Cataluña los que deberían participar en el referéndum.

La Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, sobre regulación de las distintas modalidades de referéndum

Como vemos, la Constitución Española no quiso que una ley ordinaria regulase esta materia y decidió darle la categoría de Ley Orgánica, debiendo ser aprobada por mayoría absoluta del Congreso de los Diputados en la votación final del conjunto del proyecto.

A modo de resumen, y en referencia a lo aplicable al referéndum consultivo, la ley sigue recogiendo que la autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum en cualquiera de sus modalidades, es competencia exclusiva del Estado. De hecho, las disposiciones de esta ley no alcanzan en su regulación a las consultas populares que puedan celebrarse por los Ayuntamientos, relativas a asuntos relevantes de índole municipal, en sus respectivos territorios, de acuerdo con la legislación de Régimen Local, y a salvo, en todo caso, la competencia exclusiva del Estado para su autorización.

La autorización será acordada por el Gobierno, a propuesta de su Presidente, salvo en el caso en que esté reservada por la Constitución al Congreso de los Diputados, como es el caso del referéndum consultivo. En este caso, en cuanto a las condiciones para la celebración del referéndum consultivo, requerirá la previa autorización del Congreso de los Diputados por mayoría absoluta, a solicitud del Presidente del Gobierno. Dicha solicitud deberá contener los términos exactos en que haya de formularse la consulta.

Corresponde al Rey convocar a referéndum, mediante Real Decreto acordado en Consejo de Ministros y refrendado por su Presidente.

El referéndum se decidirá por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto en el ámbito que corresponda a la consulta.

La circunscripción será, en todo caso, la provincia. Asimismo constituirán circunscripciones electorales las ciudades de Ceuta y Melilla.

Contenido del Real Decreto

El Real Decreto de convocatoria contendrá el texto íntegro del proyecto de disposición o, en su caso, de la decisión política objeto de la consulta señalándose claramente la pregunta o preguntas a que ha de responder el Cuerpo electoral convocado y determinará la fecha en que haya de celebrarse la votación, que deberá producirse entre los 30 y los 120 días posteriores a la fecha de publicación del propio Real Decreto.

Prohibición de celebración de referéndums

No podrá celebrarse referéndum durante la vigencia de los estados de excepción y sitio en alguno de los ámbitos territoriales en los que se realiza la consulta o en los 90 días posteriores a su levantamiento. Tampoco en el período comprendido entre los 90 días anteriores y los 90 posteriores a la fecha de celebración, en el territorio a que afecte, de elecciones parlamentarias o locales generales o de otro referéndum quedando suspendido automáticamente todo referéndum ya convocado.

Del procedimiento para la celebración del referéndum

El procedimiento de referéndum estará sometido al régimen electoral general en lo que sea de aplicación y no se oponga a la Ley 2/1980, de 18 de enero.

Las facultades atribuidas en dicho régimen a los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores se entenderán referidas a los Grupos políticos con representación parlamentaria, o a los que hubieran obtenido, al menos, un 3 por 100 de los sufragios válidamente emitidos en el ámbito a que se refiera la consulta, en las últimas elecciones generales celebradas para el Congreso de los Diputados.

Campaña de propaganda

Durante la campaña de propaganda, los medios de difusión de titularidad pública deberán conceder espacios gratuitos.

La campaña no podrá tener una duración inferior a diez, ni superior a veinte días, y finalizará a las cero horas del día anterior al señalado para la votación.

Durante los cinco días anteriores al de la votación queda prohibida la publicación, difusión total o parcial o comentario de los elementos o resultados de cualquier encuesta o sondeos de opinión, así como las operaciones de simulación de voto realizadas a partir de sondeos de opinión, que estén directa o indirectamente relacionados con la consulta sometida a referéndum.

Votación, escrutinio y proclamación de resultados

La votación se realizará por medio de papeletas y sobres ajustados a modelo oficial y contendrá impreso el texto de la consulta.

La decisión del votante sólo podrá ser «sí» o «no» o quedar en blanco; se tendrán por nulas las papeletas que no se ajusten al modelo oficial, las que ofrezcan dudas sobre la decisión del votante y las que contengan tachaduras, raspaduras, enmiendas, interlineados signos o palabras ajenas a la consulta.

En el escrutinio del referéndum se deberá establecer el número de electores, el de votantes, el de votos en pro y en contra del texto sometido a consulta, el de votos en blanco y el de votos nulos.

El acto de escrutinio general se verificará por las Juntas Electorales provinciales correspondientes, el quinto día hábil siguiente al de la votación.

Cuando el referéndum afecte a más de una provincia, la Junta Electoral Central, procederá a resumir, a la vista de las actas remitidas por las Juntas Electorales provinciales, los resultados del referéndum, y declarará oficialmente los resultados del referéndum y los comunicará de inmediato a los Presidentes del Gobierno, del Congreso de los Diputados y del Senado.

El referéndum pactado

Visto todo lo anterior, para que haya un pacto para la convocatoria de un referéndum exclusivamente en Cataluña, habría que proceder a una modificación del artículo 92 de la Constitución Española, para poder convocar un referéndum solo a una parte de los ciudadanos para la toma de decisiones políticas de especial transcendencia. Para ello, sería necesario la aprobación por mayoría de 3/5 partes de ambas cámaras. En el caso de no conseguir esa mayoría, se intentaría obtenerla mediante la creación de una Comisión de composición paritaria de Diputados y Senadores, que presentaría un texto para ser votado por el Congreso y el Senado.

En caso de seguir sin lograr la mayoría de tres quintas partes, y siempre que el texto hubiere obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, el Congreso, por mayoría de dos tercios, podría aprobar la reforma.

De cualquier forma, una vez aprobada la reforma por las Cortes Generales, podría ser sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo solicitasen, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras.

Una vez aprobada la reforma del artículo 92 de la Constitución, habrá que aprobar una nueva ley orgánica o reformar la Ley 2/1980, de 18 de enero, para adaptarla a dichos cambios constitucionales.

Una vez modificada la normativa, entraría en juego la política y tras pactar la pregunta se podría convocar dicho referéndum, siempre consultivo y siendo su resultado no vinculante.

Imagen| Estelada
En QAH|Condiciones legales para convocar un referéndum

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