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Cataluña, un problema político más que jurídico

Las perspectivas de aquello que en su día Rajoy denominó el “choque de trenes” se presentan cada vez más feas, después de que ni desde Madrid el Gobierno de la Nación ni desde Cataluña los partidos independentistas hayan corregido la vía. El viraje, cada vez peor, tendrá que darlo alguno y, sinceramente, creo que en la España constitucional de 2014 no se puede reproducir un octubre de 1934. Cuando uno lee los discursos de Ortega y Azaña sobre la autonomía de Cataluña se da cuenta de que pasan las décadas y aprendemos poco, pero esperemos que el mínimo de cultura democrática que entonces no hubo con la proclamación del “Estat Català de la República Federal Espanyola” por Companys y la consiguiente intervención militar, ahora sí que exista. El recurso está presentado y admitido a trámite por el Tribunal Constitucional, la ley ha sido suspendida y, mientras que el Alto Tribunal no levante la misma, la celebración del referéndum sería ilegal.

A partir de aquí, ¿qué escenarios se abren? Lo deseable sería, por un lado, la rápida resolución por parte del Tribunal Constitucional aunque probablemente ésta no pueda llegar antes de la fecha fatídica del 9-N. Así que para evitar el choque habrá que dar una salida política. Y tal y como están las cosas parece que al Gobierno catalán no le quedará otra que parar las máquinas y, como mucho, convocar elecciones anticipadas aprovechando el fulgor nacionalista del momento, y ello aunque suponga entregarle las llaves de la Generalitat a ERC.

Me preocupa, sin embargo, el cómo se ha llegado hasta aquí. Y a este respecto creo que hay que tener una cosa clara: el problema es político, más que jurídico. No se puede utilizar la Constitución como una piedra inamovible. Es cierto que la Constitución sirve de atadura al poder político, de límite del terreno de juego, pero una Constitución como la nuestra define un marco muy amplio para la acción política. Sin lugar a dudas la Ley de consultas catalana presenta fuertes dudas de constitucionalidad en sentido técnico-jurídico, como han puesto de manifiesto los propios miembros del Consejo de Garantías catalán que presentaron sólidos votos particulares al informar sobre el texto. Sin embargo, soy de los que creo que si hubiera existido entendimiento político entre el Gobierno de la Nación y los políticos catalanes se podrían haber explorado diversas vías para haber realizado la consulta. No creo que sea éste el momento para discutir cuáles podrían haber sido las posibilidades, pero cartas suficientes había encima de la mesa. Así que, como primera conclusión, no culpemos ni desprestigiemos a la Constitución de lo que es una falta de entendimiento entre políticos.

Cuestión distinta es que, como sostuve hace un año en estas mismas páginas (Hoja de ruta ante el órdago independentista), lo más conveniente hubiera sido diseñar una hoja de ruta que empezara por una propuesta de reforma constitucional en lo referido al modelo territorial para España. En el caso de que no se hubiera estado conforme con la reforma que entre todos los españoles se propusiera, entonces sería el momento de plantear abrir las puertas a la secesión (y su articulación jurídica). A lo que en aquél artículo dije me remito ahora.

Y llego entonces a una de las cuestiones que más me preocupan, y que en general se está imponiendo con una faz casi mágica: el recurso primero y antes que nada al referéndum. No podemos cuestionar siglos y siglos de convivencia conjunta en un día y con una votación, con un proceso de debate público limitado como si se tratara de elegir al alcalde de un pueblo. Las cuestiones de Estado que además vinculan a generaciones, comprometiendo la historia y el futuro, deben ser fruto de una profunda reflexión, y no de meras pasiones. Es por ello que, por ejemplo, la Constitución exige todo un procedimiento muy reforzado, con mayorías cualificadas, debates y elecciones intermedias, amén de un referéndum final, cuando se trata de tocar nuestro pacto fundamental de convivencia. Y qué duda cabe de que la secesión de Cataluña lo altera. Sin entrar a polemizar si resultaría constitucional un referéndum sobre un aspecto que directamente afecta a un tema que requiere reforma constitucional (y agravada) por la vía del art. 92 CE, lo cierto es que ir a las urnas ahora supone poner el “carro delante de los bueyes”. Primero viene la deliberación, y luego el voto; y no al revés.

Siento concluir con la convicción de que los políticos cortoplacistas que tenemos tanto a nivel nacional y sobre todo en Cataluña están jugando a excitar pasiones, en puesto de crear las bases para el diálogo y para la toma de decisiones consciente y reflexiva. Cuando se saca a la gente a la calle, y más en momentos de crisis, la historia nos enseña que las consecuencias han sido siempre nefastas. Cuando se desprestigia la Ley y a las instituciones, cuando ya no se “lucha” por el Estado de Derecho, ponemos en peligro las bases más esenciales de nuestra convivencia y desatamos a un Ulises que augura tiempos revueltos. Impóngase la sensatez, va siendo hora.

Imagen: Listas 20 minutos

En QAH| Hoja de ruta ante el órdago independentista

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