Jurídico 


Caso Práctico: Medidas cautelares y el derecho a la tutela judicial efectiva

Pongámonos en el supuesto de que una persona es propietaria de una finca donde tiene construido un inmueble desde hace años. En esta situación, la Administración dicta una acto por el que declara ilegal dicha  construcción y ordena su demolición. El administrado, una vez agota los recursos disponibles en vía administrativa decide interponer un recurso contencioso-administrativo frente al acto por el que se ordena la demolición, alegando la legalidad de la construcción.

A partir de este supuesto de hecho trataremos de explicar de una forma clara y sencilla  cuál es el fundamento de las medidas cautelares, los requisitos que deben concurrir para que puedan concederse y cómo realmente las medidas cautelares integran el contenido del derecho a la tutela judicial efectiva que proclama el artículo 24 de la Constitución Española(CE).

En primer lugar tenemos que poner de manifiesto que, en virtud de los artículos 56 y 57 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC), los actos administrativos son directamente ejecutivos desde que se dictan, por lo que la Administración, en este caso, podrá demoler el inmueble “en cualquier momento” desde que dictó el acto y éste devino firme. El hecho de que el afectado interponga el recurso contencioso administrativo no paraliza por sí mismo la ejecución del acto, que sigue conservando esa cualidad de directamente ejecutivo. Para que se paralice esa ejecución el recurrente deberá solicitar la adopción de medidas cautelares que, pidiendo precisamente que se paralice la ejecución del acto, es decir, que no se produzca la demolición del inmueble y se espere a que recaiga sentencia al finalizar el proceso judicial.

Como podemos observar, el fundamento de las medidas cautelares es, teniendo en cuenta que los procesos judiciales suelen alargarse mucho en el tiempo, que no se pierda la finalidad legítima del recurso, haciéndolo inútil y provocando indefensión al propio recurrente. Es en este punto donde procede apuntar y así lo hace el Tribunal Constitucional, que las medidas cautelares integran el contenido del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva dispuesto en el artículo 24 CE, donde se dice que “todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y  tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión”. En este caso se ve claramente esta idea ya que, el recurrente lo que persigue con su recurso es precisamente que no se derribe su inmueble y si, como es de esperar, el proceso tarda mucho tiempo en concluir, es posible que antes de que el mismo concluya la administración ya haya demolido el inmueble, pues como dijimos al principio los actos administrativos son directamente ejecutivos. Si esto sucediese vemos como se desvanece el sentido del recurso, al administrado ya se le ha producido el perjuicio que pretendía evitar con el recurso y lo que se dicte en la sentencia ya tendrá poca importancia para él a los efectos de la conservación de su inmueble pues, aunque se estimase su recurso el inmueble ya habría sido demolido, sin perjuicio, claro está, de las indemnizaciones por responsabilidad patrimonial que se derivasen de la actuación de la Administración.

Si ocurriera lo que relatábamos en el párrafo anterior, es evidente que el recurrente habría sufrido indefensión, pues no ha podido hacer nada para que no demoliesen el inmueble, la interposición del recurso habría sido en vano y no habría podido recabar esa tutela judicial efectiva a la que tiene derecho por imperativo constitucional. Por este motivo es por lo que las medidas cautelares forman parte del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, porque en muchas ocasiones concederlas o no implica, como el TC señala que se pierda el interés legitimo del recurso.

Dicho esto, es cierto que deben concurrir ciertos requisitos para que se puedan conceder las medidas cautelares que se solicitan, ya que si no, la solicitud de éstas podría convertirse en una argucia para ganar tiempo en un proceso y dilatar el resultado adverso que se sabe se producirá. Por ello, la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) establece en su artículo 728 los principales requisitos que se deben dar en el supuesto de hecho para poder conceder las medidas cautelares.

El primero de los requisitos se denomina Periculum in mora (peligro por la mora procesal) que consiste en lo que venimos desarrollando durante todo este caso, esto es, y dicho en los términos de la propia LEC; que habrá lugar a la adopción de medidas cautelares si quien las solicita justifica, que, en el caso de que se trate, podrían producirse durante la pendencia del proceso, de no adoptarse las medidas solicitadas, situaciones que impidieren o dificultaren la efectividad de la tutela que pudiere otorgarse en una eventual sentencia estimatoria. Además y debido a que nuestro caso se sustancia ante la jurisdicción contencioso-administrativa es oportuno citar los preceptos de la propia Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA) que regulan las medidas cautelares. En este sentido, y referido al periculum in mora, el artículo 130 LJCA dispone que “previa valoración circunstanciada de todos los intereses en conflicto, la  medida cautelar podrá acordarse únicamente cuando la ejecución del acto o la  aplicación de la disposición pudieran hacer perder su finalidad legítima al recurso”.

El segundo requisito que establece la LEC es el llamado fumus boni iuris o apariencia de buen derecho. Este supuesto consiste en que el solicitante de las medidas cautelares aportará en su recurso todos aquellos documentos, datos y argumentos que conduzcan a fundar, por parte del Tribunal, sin prejuzgar el fondo del asunto, un juicio provisional e indiciario favorable al fundamento de su pretensión. Es decir, que prima facie el Tribunal piense que es posible que el recurrente tenga razón. En nuestro caso y dado que estamos en la jurisdicción contencioso-administrativa, este requisito no lo hemos considerado para formular la pretensión de adopción de medidas cautelares.

Por último, el solicitante de las medidas cautelares, deberá prestar caución suficiente para responder, de manera rápida y efectiva, de los daños y perjuicios que la adopción de la medida cautelar pudiera causar al patrimonio del demandado.

Después de todo lo expuesto en el caso planteado, parece claro que la solicitud de medidas cautelares es del todo apropiado y deberá atenderse dicha solicitud, pues de lo contrario, la finalidad legítima del recurso se perdería, produciéndose indefensión susceptible de recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

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