Derecho Mercantil, Jurídico 


Caso Práctico: Convocatoria de Junta General por un Consejero Delegado

Planteemos el supuesto en el que un Consejero delegado, debidamente designado, habiendo aceptado el cargo e inscrito en el Registro Mercantil bajo los requisitos del artículo 249 del Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), decide, por sí mismo, convocar Junta General de accionistas de la sociedad que administra. La pregunta que se formula en este caso práctico es si esto es posible, si el Consejero delegado tiene esa facultad y si la Junta General queda válidamente convocada.

 En primer lugar, debemos señalar quién ostenta la facultad de convocar la Junta General de accionistas en una sociedad, ya sea anónima o de responsabilidad limitada. En virtud del artículo 166 LSC, son los administradores de la sociedad los competentes para convocar la Junta. A la luz de este precepto, podríamos afirmar que la Junta ha sido válidamente convocada, asumiendo que el Consejero delegado puede llevar a cabo cualquier actuación que fuese propia de la administración de la sociedad salvo las expresamente excluidas en el artículo 249.2 LSC, entre las que no se encuentra la convocatoria de Junta General.

 Pues bien, como suele suceder en derecho, la respuesta no es tan sencilla ni tan evidente. Para empezar, debemos distinguir entre dos cuestiones fundamentales en relación con la convocatoria. Por un lado, tenemos la convocatoria formal de la Junta, es decir, el anuncio propiamente dicho de que se va a convocar, que se llevará a cabo través de los mecanismos de publicidad que se reflejen en los Estatutos o en la propia LSC, así como la comunicación a los accionistas y por otro lado, tenemos la decisión sustantiva de convocar la Junta, es decir, decidir efectivamente que se quiere convocar la Junta para un fin concreto. En esta distinción, y así lo ha entendido tanto la jurisprudencia del Tribunal Supremo como las Resoluciones de la Dirección General de Registros y del Notariado (DGRN), está la clave del caso.

 La primera de las dos cuestiones, esto es, la convocatoria formal, sí puede llevarse a cabo de forma unilateral por el Consejero delegado sin necesidad de participación del resto del Consejo mientras que, la decisión propiamente dicha de convocar la Junta no puede dejarse al libre arbitrio del Consejero delegado, sino que debe ser tomada por el conjunto del Consejo de Administración en la forma legal y estatutariamente prevista para la toma de decisiones de éste. De este modo, la Junta General no quedaría válidamente convocada.

 La fundamentación jurídica de esta postura radica en la esencia de la función del Consejero delegado, que no es otra que la gestión del “día a día” de la sociedad, es decir, la de llevar a cabo las operaciones empresariales que caen dentro del objeto social de la empresa de un modo más ágil y eficiente de lo que lo haría el Consejo de Administración actuando colegiadamente. En este sentido, no podemos considerar que la convocatoria de Junta General sea una operación del “día a día”, o que suponga una actividad (habitual) de gestión de la sociedad para cumplir con su objeto o función social. A favor de esta posición podemos argumentar diciendo que la propia LSC obliga únicamente a celebrar una Junta General al año, por lo que puede afirmarse que la celebración de estas Juntas y, por tanto, su convocatoria, no es una actividad habitual gestora de la sociedad. Por todo esto, no puede dejarse esta decisión en manos del Consejero delegado, pues no tiene facultades para ello. Esta argumentación se ha aplicado de forma idéntica para cuando es el Presidente del Consejo el que convoca en lugar del Consejero delegado.

Esta solución es la que mayoritariamente ha seguido la jurisprudencia, la DGRN y la doctrina científica mayoritaria durante varias décadas.

Más información| Ley de Sociedades de Capital

Imagen| Sala de juntas 

 

RELACIONADOS