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Caso Nóos: la infanta Cristina se sienta en el banquillo

Nuestro sistema procesal penal establece que, una vez finalizada la instrucción de un proceso judicial, si el Ministerio Fiscal (es decir, el Estado) y la acusación particular (esto es, la persona a la que se le ha vulnerado un derecho o interés legítimo), no realizan una imputación formal -cosa que implica la transformación de la figura del imputado, en la de acusado que tendrá que demostrar su inocencia durante la fase de enjuiciamiento-, el juez no podrá proceder a la apertura del juicio oral. Y no podrá hacerlo por razones obvias, si las personas legitimadas para acusar de un delito, no ejercitan la acción que la ley pone en sus manos, carece de sentido continuar con un procedimiento en el que, por ejemplo, haya resultado la pérdida sobrevenida del objeto del mismo o que simplemente, de las averiguaciones e investigación resultante de la instrucción, se concluye que no existe delito como tal. Es simple, si nadie acusa a nadie, el proceso pierde todo su sentido.

Sin embargo, existe una figura cuyo objetivo principal es el de extender la legitimación activa para la entrada de un posible tercer actor en el proceso penal. Así es como aparece en el artículo 125 de nuestra vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal, la llamada acción popular, para todos aquellos casos de marcado interés público o simplemente en los que se pretenda la defensa de la legalidad por parte de un colectivo de personas, a priori, ajenas al delito en cuestión -por ejemplo, los sindicatos-. Esta acción popular conlleva necesariamente cumplir una serie de requisitos, como el de no ser juez o magistrado, o no haber sido condenado por un delito de injurias o calumnias; además de que, a todo aquel que quiera personarse como parte actora del proceso, se le requiere que identifique tanto al acusado como el delito del que se le quiere acusar.

Conviene pararse un momento a reflexionar sobre la trascendencia que tiene esta figura en todo sistema judicial penal que se precie. ¿Qué ocurre en aquellos casos en los que, siendo la Fiscalía la única parte actora en el proceso, concluye que no se ha demostrado suficientemente la necesidad de continuar con la apertura del juicio y por tanto ese delito se queda sin enjuiciar? Por lo general, si el Fiscal hace lo que tiene que hacer, esto sólo ocurrirá en casos muy excepcionales, donde sea sobradamente evidente que, o no ha habido delito, o no existe casi ninguna prueba o elemento que pueda servir de base para la fase de enjuiciamiento. Ahora imaginemos cualquier caso de corrupción, donde toda la sociedad es la gran perjudicada, pero ocurre que al no haber una víctima concreta y clara que ostente la acción particular, sólo será posible que la mantengan o el Fiscal, o si existe, la acusación popular. Como sabemos, desgraciadamente todos estos casos están marcados por un fuerte tinte político y las presiones son más que evidentes; precisamente ésta es una de las causas principales por las que se quería dotar de legitimidad a un tercero en discordia que, ajeno a intereses personales o partidistas, pudiera entrar a participar en los procesos penales. Aunque se da por hecho que el Fiscal va a hacer bien su trabajo, conviene no arriesgar.

Aquí también es importante destacar la figura del Ministerio Fiscal, cuya principal función ha de ser la de acusar y solicitar la apertura del juicio oral siempre que considere que ha habido delito y exista un mínimo material probatorio suficiente para mantener el proceso. Sólo en casos muy excepcionales el Fiscal no pedirá la apertura de juicio (que no exista ni una sola prueba, por ejemplo). Precisamente porque su función es ésa, acusar. Y será durante la fase de enjuiciamiento donde se deberá enervar la presunción de inocencia del acusado, por lo que no existe cosa más sana, si estamos hablando de un acusado que en verdad es inocente, que la de someterse a un juicio donde se pueda demostrar sobradamente su no culpabilidad y éste pueda limpiar su buen nombre. Sobre todo cuando las sospechas sobre el imputado son de tal calibre, que incluso pueden poner en duda la correcta actuación de la Fiscalía. No sería la primera vez que vemos al Ministerio Fiscal actuar más bien como abogado defensor que como acusador.

¿En qué consisten la doctrina Botín y la doctrina Atutxa?

La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha tenido ocasión de matizar la actuación de la acción popular en este tipo de procesos penales, constituyendo dos excepciones en aquellos casos que tan sólo son impulsados por esta parte actora, cuando no hay más acusaciones por parte de la Fiscalía o de la acusación particular.

En el primer caso, en la STS 1045/2007, el Supremo decidió exonerar al banquero Emilio Botín de su enjuiciamiento por un caso de cesión de créditos, dado que el Ministerio Fiscal no vislumbró indicios de delito y tampoco existía acusación particular alguna. El Tribunal entendió entonces, que la acusación popular no era suficiente cuando existiendo perjudicados directos que pudieran ejercer la acusación particular decidían no hacer uso de dicha acción.

Con el caso Atutxa -STS 54/2008- ocurría algo parecido, pero con una importante salvedad. El proceso del expresidente del Parlamento Vasco versaba sobre un delito de desobediencia a la autoridad judicial por no disolver el grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak. Lo que traducido quiere decir que no existía una persona concreta perjudicada de forma directa que pudiera ejercer la acción particular, es decir, tan sólo el Fiscal y la acusación popular podían impulsar un juicio contra el político. Aquí el Tribunal entendió que al no existir un perjudicado directo, y por tratarse al mismo tiempo de un delito que atentaba contra los intereses colectivos, era suficiente con la acusación popular, a pesar de que el Fiscal no pidiera la apertura del juicio.

Como vemos, según el Tribunal Supremo, sólo se podrá continuar un proceso penal en la fase de enjuiciamiento con el único impulso de la acusación popular en aquellos casos en que no exista acusación particular, esto es un perjudicado concreto, pues de lo contrario, ésta no sería por sí sola suficiente sin el apoyo del Ministerio Fiscal.infanta

¿Es aplicable alguna de estas doctrinas a la Infanta Cristina en el Caso Noos?

El abogado defensor de la infanta, hacía referencia a la doctrina Botín como fundamento legal sobre el que debería haberse basado el archivo de las actuaciones, dado que no existía acusación particular (la Agencia Tributaria decidía no acusar) y el Ministerio Fiscal solicitaba el sobreseimiento del caso. Sin embargo, parece que el juez Castro no lo ha entendido así y hace apenas unos días leíamos en los titulares de los periódicos la noticia que, aunque debiera haber sido más que evidente, sorprendía a más de algún desilusionado con la justicia en nuestro país. Y así, el auto de apertura de juicio oral sobre la Infanta Cristina, la acusaba como cooperadora necesaria de haber cometido –presuntamente– dos delitos fiscales contra la Hacienda Pública.

Haciendo uso de algunos de los eslóganes más míticos de la Agencia Tributaria –Hacienda somos todos; lo que tú defraudas, lo pagamos todos -, el juez explicaba que, tan sólo con la acusación popular -en este caso, Manos Limpias- era suficiente para continuar con la fase de enjuiciamiento. Entendiendo que, al igual que ocurrió en el caso Atutxa, se trata de un delito que atenta contra contra la colectividad y por tanto merece ser perseguido y enjuiciado, incluso sin el apoyo de la Fiscalía o la acusación particular.

Imagen: Infanta Cristina

Más info: Auto de apertura de juicio oral de la Infanta

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