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Caso Noos: de la Doctrina Botín a la Doctrina de la Incertidumbre

Finalmente, el Tribunal encargado de Juzgar el caso Noos ha decidido rechazar la aplicación de la ‘Doctrina Botín’ a la Infanta Cristina, que será juzgada como cooperadora necesaria de la comisión de varios delitos fiscales. Tras sembrar un incomprensible clima de duda, la Justicia ha optado por aplicar la Ley y sentarla en el banco. La Acusación Popular y la Doctrina Botín se han batido en duelo y de momento va ganando la cordura.

La conocidísima Doctrina Botín encuentra su origen en la Sentencia del Tribunal Supremo 1045/2007 de 17 de diciembre que interpreta de manera muy restrictiva el Art. 783.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim). En este precepto, el legislador encomienda la solicitud de apertura del juicio oral al “Ministerio Fiscal o la acusación particular”, dejando fuera de la ecuación a la acusación popular.

No obstante lo avanzado y antes de seguir, conviene recordar en qué consiste cada una de las puntas que componen el tridente contra el que debe enfrentarse cualquier imputado: las partes acusadoras. Y es que el Derecho Penal es el área que se ocupa de tipificar las conductas más graves y que está dotada de los medios punitivos más duros para hacerlas frente. Debido a la trascendencia pública que tienen los ilícitos penales, hablamos de que el Derecho Penal forma parte del Derecho Público; por ello, en los procedimientos penales, además de los implicados directamente en los hechos enjuiciados, también intervienen otros actores jurídicos que dan voz al reproche social que se produce con toda conducta delictiva.

Así, el Ministerio Fiscal actúa como representante del interés del conjunto de la sociedad y la Acusación Particular como representante de la víctima del delito enjuiciado. No obstante, el Art. 125 de la Constitución Española y los Arts. 101 y 270 LECrim. han configurado un tercer actor jurídico que legitima a cualquier ciudadano español a instar el comienzo de un procedimiento penal frente a la comisión de cualquier delito, sin tener que acreditar ninguna vinculación directa con los hechos: La Acusación Popular.

Llegados a este punto, conviene destacar que una vez instruida una causa, para juzgar a los implicados, es necesario que alguna de las partes intervinientes lo solicite mediante escrito de acusación, tal y como nos indica el Capítulo IV, del Título II del Libro IV de nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y es precisamente en este Capítulo en el que se fraguó la Doctrina Botín. A pesar de las numerosas referencias que la Ley hace al Ministerio Fiscal y a las “partes personadas” (nótese que al hablar de partes personadas el legislador no está excluyendo a ninguna de ellas) el Art. 783.1 LECRim, que versa específicamente sobre la solicitud y posterior acuerdo de apertura del juicio oral, deja de hablar de “partes personadas” y pasa a referirse de manera expresa a la acusación particular y al Ministerio Fiscal. La Ley decide excluir a la acusación popular. 

Como consecuencia de ello y en base a una interpretación restrictiva favorable al reo, el Tribunal Supremo entendió que resultaría insuficiente para decretar la apertura del juicio oral que la acusación popular fuera la única de las partes que así lo solicitara. Entendió así el juzgador que si las otras dos partes, que representan al principal perjudicado y al interés de la sociedad, solicitaban el sobreseimiento de la causa, el juicio oral no habría de abrirse, dejando al imputado sin juzgar y quedando así definida la denominada Doctrina Botín.

No obstante, como toda doctrina jurisprudencial, ésta podía verse matizada en cualquier momento por otra posterior como sucedió en abril de 2008. En esta ocasión, el Tribunal Supremo, en Sentencia 54/2008 de 8 de abril sí decretó la apertura del juicio oral ante la solitaria petición de la acusación popular. El Tribunal basó su cambio de criterio en que, en esta ocasión, no se había personado formalmente la acusación particular en la causa. Ante la ausencia de representación de los intereses de la víctima en el procedimiento, el Tribunal Supremo decidió escuchar a la acusación popular y acordó la apertura del juicio oral, dando forma a la Doctrina Atutxa.

Además, en ambos casos, el Tribunal Supremo entró a valorar la naturaleza pública o privada del bien jurídico protegido. En la Doctrina Botín el bien era privado y en la Doctrina Atutxa, público. Es decir, la jurisprudencia del Tribunal Supremo le otorga más valor a la acusación popular cuando ésta pretende la defensa de bienes jurídicos públicos y se lo limita cuando se trata de bienes privados.

No obstante lo expuesto, la incertidumbre generada estas últimas semanas podría haberse evitado con una norma clara que definiera de manera concreta la acusación popular. También podrían haberse evitado estas dudas si el legislador hubiera contextualizado adecuadamente el Art. 125 CE y hubiera incluido a la acusación popular en el Art. 783.1 LECrim. Resulta difícil de entender que la Constitución Española nos ofrezca una herramienta tan poderosa como la acusación popular y que su escaso desarrollo normativo la acabe convirtiendo en un argumento de defensa.

De todos modos, ni la Ley ni la Jurisprudencia son ni serán suficientes para evitar que algunos o muchos lleguen a opinar que en un proceso por delito fiscal, el bien jurídico protegido tenga naturaleza privada. La doctrina de la incertidumbre se seguirá imponiendo siempre que el Ministerio Fiscal decida disfrazarse de abogado defensor y el acusador particular tire de “clemencia” para perdonar a su agresor.

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