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Cargos públicos, libertad de expresión y Twitter

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#actualidadQAH

¿”Desafortunados” comentarios o libertad de expresión? Una vez más las palabras de un recién nombrado cargo público han generado un debate en toda la red social que ha derivado en el trending topic #Zapatadimisión.

  Viendo el contenido de sus tuits, Manos Limpias, el sindicato de ámbito nacional que tiene como defensa los intereses legítimos de sus afiliados, dentro y fuera del sector público, ya han puesto en marcha la correspondiente denuncia amparada en los artículos 510. 1 y 2  y 607. 2 de nuestro Código Penal. Los artículos tipifican como delito la provocación de “la discriminación, al odio o a la violencia contra grupos o asociaciones, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia o raza, su origen nacional, su sexo, orientación sexual, enfermedad o minusvalía”. También estarían incluidos en los artículos 208 y siguientes por injurias y artículo 170 por un delito de amenazas.

 Esta denuncia se pone además al amparo de lo establecido por la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (0SCE) que determina que el delito de odio consta de dos elementos: El primero por ser un acto penalmente tipificado como delito en la legislación nacional. El segundo porque ha sido cometido con motivación prejuiciosa, es decir, la víctima ha sido escogida por su pertenencia real o percibida a un grupo que el autor desprecia, rechaza u odia

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Libertad Expresión

 Pero, ¿prosperará la denuncia o primará la libertad de expresión? El artículo 20 de la Constitución Española recoge este derecho como uno de los fundamentales de cada individuo. De esta forma, la libertad de expresión hace referencia a la libertad para comunicar pensamientos, ideas, opiniones por cualquier medio de difusión. Las libertades de expresión e información con frecuencia entran en colisión con los derechos al honor, a la intimidad y la propia imagen, que aparecen como límite expresamente reconocido en el precepto constitucional. En caso de conflicto deberá llevarse a cabo la correspondiente ponderación de bienes, teniendo que analizar cada una de las circunstancias concurrentes, de forma tal que cada caso necesitará de un examen particularizado sin que quepa la aplicación automática de reglas generales.

 Sentado lo anterior, y viendo que la libertad de expresión debe ponderarse por su colisión con otros derechos fundamentales, ¿tiene algún matiz si los comentarios los realiza un cargo público? El ejercicio de la libertad de expresión puede verse restringido o matizado para determinados colectivos como funcionarios o fuerzas armadas (Sentencia del Tribunal Constitucional 102/2001, de 23 de abril) o como consecuencia de una relación laboral (Sentencia del Tribunal Constitucional186/1996, de 25 de noviembre). A más a más, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha considerado, en varias ocasiones (Sentencia del TEDH de 8 de julio de 1986), que la libertad de expresión es especialmente valiosa en manos de los cargos públicos, dado que en definitiva han sido elegidos por el pueblo y por tanto, hemos de entender que representan a sus electores, señalan sus preocupaciones y defienden sus intereses. El TEDH también ha entendido que la libertad de expresión de los cargos públicos debe ser especialmente garantizada, controlándose muy rigurosamente las posibles injerencias en la libertad de expresión de las personas que ejercen cargos públicos.

 La nueva alcaldesa del Ayuntamiento de Madrid tendrá que enfrentarse a su primera “crisis” institucional, ya que absolutamente todos los partidos de la oposición han solicitado de manera expresa la dimisión de Guillermo Zapata como Concejal de Cultura y Deporte.

 Vía| Código Penal, TEDH

Imagen| Twitter, Libertad Expresión

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