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Breves notas a la Ley 2/ 2013 que modifica la Ley de Costas

Ley de CostasLa Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas se estructura en dos grandes bloques, el primero implica una modificación parcial y profunda de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, y el segundo establece el nuevo régimen de prórroga extraordinaria y selectiva de las concesiones otorgadas al amparo de la legislación anterior y un conjunto de disposiciones que complementan a la modificación de la Ley de Costas.

Se realizan precisiones en cuanto al concepto de dominio público marítimo-terrestre en lo que se refiere a la zona de playas, zonas marítimo-terrestre, accidentes geográficos.

 Cabe citar que la Ley establece:

·La zona marítimo-terrestre se fijará hasta donde alcancen las olas en los mayores temporales conocidos a partir de criterios técnicos, añadiendo mayor certeza, seguridad y uniformidad en los deslindes.

·Los terrenos inundados artificialmente no serán dominio público a menos que antes de la inundación ya fueran bienes demaniales. En cualquier caso serán de dominio público cuando sean navegables.

·Se excluyen del dominio público marítimo-terrestre determinados terrenos de núcleos de población con el objetivo de dar solución a terrenos residenciales que por su degradación y características físicas resulten innecesarios para la protección o utilización del dominio público.

·Se regula y garantiza que los canales navegables sean dominio público.

·A los bienes declarados de interés cultural que ocupan el dominio público que se les otorgue una concesión se les aplicará su régimen jurídico propio.

La Ley modifica el procedimiento de deslinde, de tal forma se establece que serán oídos los propietarios colindantes e interesados y se solicitará informe de la Comunidad Autónoma y Ayuntamiento que corresponda. El acuerdo de incoación del expediente de deslinde se acompañará del plano del área afectada y se notificará al Registro de la Propiedad. El registrador extenderá nota marginal en el folio de las fincas afectadas donde constará la incoación del expediente de deslinde, certificación de dominio y cargas de las fincas afectadas y advertencia de las fincas que pueden verse afectadas por el deslinde. La resolución de deslinde será título suficiente para que la Administración proceda a la inmatriculación de los bienes de dominio público.

La ley también introduce cambios en relación al régimen concesional. De tal forma: Se permite la transmisión mortis causa e inter vivos de las concesiones. En las mortis causa se amplía el plazo de notificación que deben realizar los causahabientes para poder subrogarse en la concesión de uno a cuatro años. En el caso de transmisiones inter vivos su validez requiere previa autorización de la Administración.

Resulta también de interés citar que la presente reforma introduce un control administrativo ambiental para garantizar que las concesiones que se hayan otorgado u otorguen sean respetuosas con el medio ambiente. De tal forma, para la prórroga de las concesiones existentes será necesario un informe ambiental acompañado, cuando proceda, de una serie de condiciones necesarias para garantizar la protección del dominio público tanto marítimo como terrestre.

Además, se introducen criterios de eficiencia energética y ahorro de agua en las obras de reparación, mejora, consolidación y modernización que se realicen en los inmuebles que se gocen de concesión para ocupar el dominio público; que se podrá acreditar a través de una declaración responsable o autorización autonómica.

En conclusión, esta reforma busca seguridad jurídica estableciendo el objetivo de que las relaciones jurídicas en el litoral puedan tener continuidad a largo plazo. Este principio se manifiesta en la delimitación del concepto de dominio marítimo-terrestre, en las mejoras en el procedimiento de deslinde, en la modificación de las reglas relativas a las concesiones, autorizaciones y en las limitaciones a la propiedad privada de los terrenos contiguos al dominio público.

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