Jurídico 


Blindaje convencional y tratadístico del principio de proporcionalidad

D. Raúl C. Cancio Fernández

Letrado del Tribunal Supremo

Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere. El brocardo ulpianiano de «dar a cada uno los suyo», el principio de proporcionalidad en fin, además de informar la totalidad del ordenamiento jurídico, es particularmente importante en el ámbito de las sanciones tributarias, no en vano, delimita la potestad sancionadora de la Hacienda pública y se yergue como auténtico derecho subjetivo del presunto infractor, por lo que su ponderación debe venir dada tanto por la vía legislativa, donde radica la responsabilidad última de identificar la carga intimidatoria y disuasoria de las sanciones, como por los propios tribunales, quienes disponen, en ocasiones, de un apreciable margen de apreciación en la aplicación de la sanción legalmente prevista al socaire de su prudente arbitrio, para evitar así situaciones tan absurdas como que a un contribuyente le resulte más gravoso cumplir sus obligaciones tributarias que no, verbigracia, la obligación de presentar declaraciones tributarias informativas de las cuales no se derive ninguna cuota a ingresar, pudiendo encontrarse con el sindiós de una sanción más severa si presenta una declaración informativa con un error que en el caso de no presentarla [arts. 198.1 y 199.5 LGT].

Que los procedimientos sancionadores, y particularmente en el ámbito tributario, precisan de una acentuada nota de proporcionalidad nos lo ha recordado recientemente no una, sino dos importantes resoluciones dictadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), en las que se enfatiza la ineludible presencia de la equidad en este escenario.

Fíjense, el pasado día 31 de mayo de 2018, el TJUE dictó sentencia en el asunto C-190/2017 en respuesta a la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid acerca de si las sanciones económicas que impone la legislación española en materia de blanqueo de capitales exceden o no lo dispuesto por la normativa comunitaria, en particular, interesaba una interpretación del artículo 9, apartado 1, del Reglamento (CE) 1889/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativo a los controles de la entrada o salida de dinero efectivo de la Comunidad (DO 2005, L 309, p. 9), en el sentido de si se opone a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, que para sancionar el incumplimiento de la obligación de declarar prevista en el artículo 3 del mismo Reglamento, se permita imponer una sanción de multa de hasta el duplo del valor de los medios de pago empleados.

Como muchos recordarán, el sustrato fáctico se retrotraía al mes de agosto de 2014, cuando un ciudadano de nacionalidad china facturó su equipaje en el aeropuerto de Gran Canaria con destino a Hong Kong, vía Madrid y Ámsterdam, y en el control de equipaje en el aeropuerto de Barajas le fueron detectados 92.900 euros en efectivo que no habían sido declarados. En este sentido, la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo establece en los artículos 50 y siguientes un catálogo de infracciones en esta materia, entra las cuales, el artículo 52.3.a) califica como infracción grave el incumplimiento de la obligación de declarar determinados importes según se dispone en el artículo 34 del mismo cuerpo legal, a la que se le anuda una sanción en forma de multa de entre 600 euros hasta llegar al doble del valor del total del dinero efectivo no declarado. Consecuentemente, el Secretario General del Tesoro y Política Financiera, impuso al ciudadano chino una sanción de 91.900 euros, al socaire de la notoria cuantía del importe, la falta de acreditación sobre su origen lícito, la incoherencia de las manifestaciones del sujeto acerca de su actividad profesional y el lugar donde se encontraba el dinero (ya que este mostraba una intención deliberada de ocultarlo), como agravantes de aplicación al caso.

Pues bien, el TJUE falla al respecto de forma clara indicando que existe una desproporción en la normativa española respecto a la cuantía de dichas sanciones, pues aunque no se opone a que la normativa de un Estado Miembro imponga obligaciones de declaración diferentes a las europeas, la desproporción de la normativa española radica en el hecho de que el importe máximo de la sanción pueda ascender hasta el doble de la cuantía de dinero efectivo no declarada y que, en cualquier caso, la multa se pueda fijar en un importe equivalente a casi la totalidad de esa cuantía (lo que sucede en este supuesto), lo que supone una desviación de la finalidad de la norma comunitaria, afectando al principio de libre circulación de capitales.

Junto a esta decisión, el pasado 9 de octubre, el TEDH se pronunció en el asunto Gyrlyan contra Rusia. En esta ocasión, el recurrente viajaba a Odessa desde el aeropuerto de Domodedovo en Moscú con 100.000 dólares en su bolsa de viaje, cantidad que fue detectada en el control de seguridad, por lo que el Servicio Federal de Aduanas incoó expediente reglamentario en virtud del artículo 16.4 del Código de Delitos Administrativos, al no haber realizado una declaración por escrito con respecto a la cantidad que portaba, resultando a estos efectos irrelevante si había intentado deliberadamente eludir las regulaciones aduaneras o no.

El TEDH se pregunta si concurre en este caso el necesario equilibrio entre la protección del derecho de propiedad –el efectivo le fue incautado- y los requisitos de interés general, el cual no se alcanzará si el propietario –alegaba vulneración del art. 1 del Protocolo nº 1 CEDH- ha tenido que soportar «una carga individual y excesiva». La Corte recuerda que, para ser proporcionada, la interferencia debe responder a la gravedad de la infracción y la sanción a la gravedad de la ofensa que está destinada a castigar, en el presente caso, el incumplimiento del requisito de declaración (véase Ismayilov, § 38; Grifhorst, § 102; y Boljević, § 44).

En este caso, el importe confiscado fue sin duda sustancial para el solicitante, ya que representó casi la totalidad del producto de la venta de su propiedad en Rusia; por otro lado, el daño que el solicitante pudo haber causado a las autoridades fue menor, pues no evitó los aranceles aduaneros ni ningún otro gravamen, ni tampoco causó otro daño material al Estado, pues si la cantidad no se hubiera detectado, las autoridades rusas solo se habrían visto privadas de la información de que el dinero había salido de Rusia, no resultando la medida confiscatoria, por tanto, una verdadera compensación pecuniaria por daños, ya que el Estado no había sufrido ninguna pérdida como resultado de la no declaración del dinero, sino únicamente un efecto disuasivo y punitivo.

No exagera en absoluto nuestro querido José Ramón Chaves cuando califica la proporcionalidad más como un principio universal que como un principio general del derecho.

* Vía|Elaboración propia.

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