Jurídico 


Blanqueo de capitales, independencia y secreto profesional (II)

blanqueo

Una vez elaborada toda la legislación y la regulación en torno al citado blanqueo de capitales, empezaron a surgir los problemas que ésta generaba respecto al ejercicio de profesiones jurídicas en general, y al ejercicio de la abogacía en particular.

Dichas incompatibilidades podrían ser resumidas en las siguientes consideraciones:

–         Se impone al abogado la obligación de la llamada « Diligencia Debida» (Due Diligence) por la cual, el profesional del derecho se ve obligado a identificar a las personas con las que establece su negocio, es decir, identificar todos y cada uno de los datos de sus clientes para comprobar si son sujetos sospechosos de estar llevando a cabo actuaciones relacionadas con el blanqueo de capitales. Una vez establecida la relación profesional entre abogado y cliente, habiendo llevado a cabo el correspondiente deber de diligencia debida, el abogado estará obligado a llevar un seguimiento continuo de la actividad de su cliente, estableciendo las medidas que considere necesarias para comprobar que ese cliente no se ve envuelto en actividades relacionadas con el blanqueo de capitales.

–         En aras a aplicar estas medidas de prevención, el abogado está obligado a conservar toda la documentación relacionada con la obligación de diligencia debida durante 10 años.

–         Ante cualquier hecho calificado de sospechoso, el abogado deberá denunciarlo por iniciativa propia ante el SEPBLAC[1].

Enfrentamiento

Se ha llegado a la conclusión, después del análisis de los procedimientos derivados a la lucha contra el blanqueo de capitales, y de sus implicaciones para el ejercicio profesional de la abogacía, de que esto supone un doble enfrentamiento para todo profesional que se vea envuelto en una situación de este tipo.

Por un lado, nos encontramos ante una vulneración de la obligación del secreto profesional, ya que aquello que el cliente ponga en conocimiento de su abogado queda protegido por esta obligación profesional para salvaguardar el derecho fundamental de defensa del cliente.[2] Por tanto, si obviamos la obligación que tiene el abogado de no desvelar todo aquello que le sea transmitido en el ejercicio de su cargo, estaríamos desnaturalizando la profesión.

Por otro lado y en la cara opuesta de la moneda, nos encontramos con el otro posible conflicto en caso de que el abogado decidiera ser fiel a su deber de secreto profesional. Este enfrentamiento vendría de la mano de una vulneración de la legislación vigente de blanqueo de capitales[3] que, vendría seguida de la imposición al profesional de multas desmesuradamente elevadas por la aplicación del régimen sancionador previsto en dicho cuerpo legal cuya fama de extrema severidad y dureza le precede.

Por tanto, el problema surge a la hora de que se le exige al profesional fiscalizar a todo posible cliente que entra por la puerta de su despacho y le describe a su abogado, amparado por la relación de confianza y confidencialidad dada por el secreto profesional, el problema legal al que se enfrenta. Se plantea en este punto si la Administración se esta extralimitando al involucrar a los profesionales del derecho en esta lucha afectando, en todos sus aspectos, a su propia profesión, con las obligaciones propias de su profesión.

Resolución de los tribunales al conflicto

Ante toda la problemática surgida al respecto, el TEDH (Tribunal Europeo de Derechos Humanos) en el asunto Michaud vs. Francia, ha establecido el punto de conexión entre el objetivo de la lucha contra el blanqueo de capitales, y la problemática del atentado contra dos deberes y derechos del abogado, en el concepto de proporcionalidad a los objetivos perseguidos.

De este modo, el TEDH ha establecido como justificación a la vulneración de estos deberes profesionales el hecho de que son proporcionales al objetivo de la lucha contra el blanqueo de capitales.

La conclusión de que dicha vulneración es proporcional, viene dada desde la premisa de que el derecho de defensa no es absoluto (como no lo es ningún derecho), y puede ser limitado por ley si hay fundamento bastante para ello (que en este caso se considera por los Tribunales que lo hay, desde el punto de vista de que el fin que perseguimos es uno a escala global y necesario para el final de lacras tan nocivas para la sociedad como el blanqueo de capitales y el terrorismo) y las medidas ordenadas sean proporcionales. Ergo, no hay vulneración dado que no se rebasa el contenido esencial del derecho y por tanto la medida aplicada sería proporcional.

Conclusión

El TEDH ha aprobado la configuración de la legislación, considerando las posibles vulneraciones que esta conlleva como proporcionales teniendo en cuenta los objetivos perseguidos.

Si bien es cierto que ha afilado los límites, la Sentencia dista de resolver todas las dudas que genera (y generará en el futuro) la aplicación de la Ley.

Por ultimo, cabe plantearse hasta qué punto esta regulación no conlleva asumir un grado de «culpabilidad» ex ante de las personas implicadas en determinadas operaciones, aunque luego quepa prueba en contrario (de hecho, es obligatorio documentar la operación para dejar constancia de su legalidad). También podemos pensar que ciertas exigencias de la obligación de identificación implican ver a los clientes como blanqueadores potenciales a los cuales hay que tener constantemente vigilados.


[1] Servicio Ejecutivo de la Comisión de prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, dependiente del Ministerio de [•]

[2] Artículo 32.1 EGAE (Estatuto General de la Abogacía Española).- De conformidad con lo establecido por el artículo 437.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los abogados deberán guardar secreto de todos los hechos o noticias que conozcan por razón de cualquiera de las modalidades de su actuación profesional, no pudiendo ser obligados a declarar sobre los mismos.

[3] Ley 10/2010 de Blanqueo de Capitales.

Vía | Estatuto General de la Abogacía Española, Ley 10/2010 de 28 de abril de Blanqueo de Capitales, Artículo Marta Busquets Gallego: «El secreto profesional de los Abogados y la obligación de información en el marco de la Ley de blanqueo de capitales»

Imagen | Blanqueo de dinero

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