Economía y Empresa, Jurídico 


Bienes Públicos: del Free-Riding a la contraseña del Wi-fi

¿Se ha parado a pensar por qué las antenas de televisión digital de pago que instalamos en casa estaban protegidas por una contraseña de tal forma que los vecinos no podían verla? ¿O por qué las redes wi-fi que contratamos en casa están igualmente cerradas frente a extraños (incluso las de gran capacidad)?  Pues sencillamente, por que a nadie le gusta ser el “primo” de la comunidad: si usted paga un wi-fi y no lo protege, probablemente todo el vecindario termine por aprovecharse de él. Esta es la idea y la problemática que subyace detrás de los que en economía teórica se denominan como “bienes públicos”.

Más formalmente, se dice que un bien es público cuando presenta dos características esenciales: aquel que es “no excluyente”, esto es, existe un grupo de personas que tiene libre acceso al disfrute del mismo sin que esto se pueda atajar (al menos a priori); y la condición de “no rivalidad”, es decir, el uso de dicho bien por parte de una persona no reduce el disfrute que pueda hacer cualquier otra del mismo. Un ejemplo típico de bienes con estas características son los faros de los puertos; efectivamente, cualquier barco que navegue por la zona puede aprovecharse del mismo para ser guiado en su ruta (“no excluyente”) y el hecho de que una embarcación disfrute del alumbramiento no elimina que cualquiera otra que navegue por la zona lo haga (“no rivalidad”).

Esta clase de bienes generan dos principales problemas muy estudiados en la literatura económica; en primer lugar, la cuestión que ha surgido al comienzo: ¿quién provee dicho bien público? O, en otras palabras, ¿quién paga por él (teniendo en cuenta que todo el que quiera puede disfrutar del mismo)? Puesto que ningún particular estaría dispuesto a pagar para beneficio de otros, muchos de estos bienes públicos son provistos por parte de las administraciones públicas.

Así ocurre por ejemplo en el caso de la defensa nacional (cuerpos militares y policía), un bien público imprescindible para mantener la seguridad de toda sociedad, y que el Estado se encarga de mantener para beneficio de todos. Igualmente, los monumentos en las calles de nuestra ciudad son un bien público que es dispuesto por los ayuntamientos, y cuya función es embellecer las calles para disfrute de todos los ciudadanos. La misma idea está detrás de la instalación de wi-fi gratuito en las principales vías de una ciudad.

Una alternativa a la provisión por parte de las administraciones públicas de estos bienes con cargo a impuestos pagados por los todos ciudadanos es la introducción del llamado impuesto o precio de Lindahl, en función del cual cada ciudadano paga al proveedor del bien público pero solo en función del nivel de beneficio que le reporte el bien público. Una idea que, pese a conseguir eliminar posibles ineficiencias, es harto difícil ponerla en práctica, puesto que no resulta fácil saber cual es el grado de disfrute que cada ciudadano tiene del bien público en cuestión (en el ejemplo del faro, sería difícil poner “barreras al mar” para constatar quienes han navegado por la zona más tiempo).

El segundo inconveniente generado por los bienes públicos esconocido como el problema del polizón o “free rider problem, que recoge el hecho de que hay personas que, sin pagar por el bien público y aprovechando que son bienes “no excluyentes”, disfrutan del mismo; un problema que se agudiza para aquellos que no son provistos por las administraciones publicas puesto que, como hemos mencionado al principio, a nadie le gusta hacer de “primo”. Soluciones a dicho problema son, entre otras, la inclusión de precios de Lindahl así como la creación de sencillas barreras a su acceso mediante contraseñas o claves, como hemos visto en el ejemplo de la red wi-fi doméstica.

Imagen| Tec.nologia

Más Información| El Blog Salmón; Eumed

En QAH| ¿Por qué una Economía Pública? (III)

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