Jurídico 


Ayudas y vivienda protegida en España

La supresión de las prórrogas de las ayudas de acceso a la vivienda previamente concedidas introducida por la Disposición Adicional Segunda de la Ley 4/2013, de 4 de junio, de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas vino a visibilizar una situación que, de facto, ya se venía gestando años atrás a través de las sucesivas modificaciones legislativas en materia de vivienda. El artículo 35 del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, ya había suprimido las concesiones de ayudas de subsidiación de préstamos del plan estatal de vivienda, pero subsistían las ayudas concedidas hasta la fecha y ello, pese a una primera interpretación -luego descartada- de la administración según la cual no procedía el reconocimiento de las prórrogas  de las ayudas por cuanto éstas, según el organismo público constituían el reconocimiento de un nuevo derecho, y no la continuación del inicialmente reconocido, para lo cual debía tramitarse un expediente nuevo ab initio donde se acreditase el cumplimiento de los requisitos precisos para la concesión de la nueva ayuda. Al haber desaparecido éstas, tras la entrada en vigor, esos nuevos expedientes no debían siquiera iniciarse puesto que, la ayuda había desaparecido. Como decimos, esta interpretación fue reconsiderada por la propia administración, a raíz de las numerosas sentencias dictadas por los juzgados y tribunales y, tras diferentes informes y peticiones, emitidos por el Defensor del Pueblo español y otros autonómicos.

La realidad demuestra que, con motivo de la crisis económica, todas las reformas relativas a ayudas de acceso a la vivienda o al alquiler, han servido para recortar primero y suprimir después la práctica totalidad de las existentes. Pero peor que eso es  la situación creada en diferentes CCAA en las que las ayudas no se han suprimido pero tampoco se pagan. Es más, ni siquiera se resuelven dejando a los beneficiarios de las mismas en una especie de limbo en el que se les informa, a través de los visados de sus contratos,  de las ayudas a las que tienen derecho a acceder,  pero no se dicta siquiera la resolución de concesión pese al íntegro cumplimiento de los requisitos para ello. El motivo en que la administración justifica su pasividad no es otro que la simple falta de dotación presupuestaria. Este reiterado argumento ha sido rechazado de plano por los tribunales quienes sencillamente reprochan a la administración la incoherencia que supone, de un lado, convocar y mantener una línea de ayudas que promocionan e incitan a los ciudadanos con menos recursos económicos a la compra de una vivienda y, de otro, la no creación de una línea de crédito que garantice la efectividad de dichas ayudas. La ausencia del cobro de las ayudas, ha colocado a miles de familias con escasos recursos al borde la la quiebra y del desahucio sin dejarle, además, opción a resolver su situación desprendiéndose, al menos, del inmueble que, precisamente, por falta de dichas ayudas, no pueden pagar. Y ello debido al límite de disposición (normalmente durante diez años) impuesto por la normativa reguladora de la vivienda protegida.

Por si lo anterior no fuera suficiente, el legislador da una vuelta de tuerca más, suprimiendo ya no las nuevas ayudas sino las existentes y concedidas, con carácter retroactivo, al disponer mediante la D.A. 2ª mencionada que no se admitirán prórrogas de las ayudas de subsidiación de préstamos de los planes estatales de vivienda y ello pese a que el derecho ya estuviese reconocido a través de una normativa anterior.

La realidad de las subvenciones de acceso a la viviendaContra esta D.A. 2ª se presentó en su día recurso de inconstitucionalidad,  entre otros motivos, por entenderse contraria al principio constitucionales de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos (art.  9-3ºCE).

La STC 216/2015, de 22 de octubre de 2015 dictada en Pleno vino a resolver dicho recurso acogiendo la tesis mantenida por la Administración, entendiendo que no existe vulneración del principio de irretroactividad, al considerar que el apartado a de la D.A. 2ª no proyecta sus efectos hacia el pasado sino que regula situaciones jurídicas aún no producidas con una clara vocación de futuro, al no existir un efecto subjetivo a la renovación incorporado al patrimonio del beneficiario de las ayudas de subsidiación con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 4/2013.

La consecuencia directa de ello es que miles de familias dejan de percibir una importante ayuda que suavizaba el coste de su hipoteca con un evidente perjuicio sobre su economía. El estado primero te da una ayuda…que luego te quita…

Sin contradecir la sentencia dictada, el magistrado Juan Antonio Xiol Ríos emite un voto particular haciéndose eco de la delicada situación en la que se coloca a esos miles de familias y analizando, por ende, la posible vulneración del principio de seguridad jurídica en la vertiente que garantiza la confianza legítima, invocado por la recurrente para fundamentar la vulneración del principio de irretroactividad. Recuerda que el principio de seguridad jurídica protege la confianza de los ciudadanos que ajustan su conducta económica a la legislación vigente frente a cambios normativos que no sean razonablemente previsibles. Considera que, dadas las circunstancias concurrentes, la norma impugnada ha vulnerado esta vertiente del principio de seguridad, al eliminar la posibilidad de que las ayudas concedidas pudieran ser renovadas ya que su renovación estaba regulada en tales términos que pudieron legítimamente crear la confianza en los ciudadanos en que, si se regulan cumpliendo los requisitos económicos exigidos para poder beneficiarse de las mismas y lo solicitaban, les sería renovada la ayuda; y esta confianza pudo ser determinante para que decidieran a solicitar el préstamo hipotecario cuyos intereses subsidiarían. No cree que la no renovación de la ayuda concedida fuera previsible para el beneficiario y por ello considera que afecta al principio de seguridad jurídica en aquella vertiente. Además, entiende que no existen, en este caso derechos o valores constitucionales que entren en colisión con el principio de confianza legítima que, por ser merecedores de mayor protección, obligasen a limitar los efectos de aquel principio. Por último, considera que el perjuicio que esto puede ocasionar a los beneficiarios de estas ayudaron se puede justificar en las ventajas que para la economía general conllevarán la no renovación de las ayudas, dada la mínima incidencia que la supresión de las prórrogas tendrían en la mejora de la economía. Por todo ello, considera que la D.Ad. invocada debía haber sido declarada inconstitucional por vulneración del principio de seguridad jurídica.

A pesar de este pronunciamiento las plataformas de afectados continúan su batalla judicial contra la aplicación de esta norma por lo que, habrá que estar a los pronunciamientos que, en su día, dicten instancias superiores en Europa.

 

Vía|Pleno. Sentencia 216/2015, de 22 de octubre de 2.015. Recurso de Inconstitucionalidad 5108-2013. Interpuesto por más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario Socialista en relación con la disposición adicional segunda de la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas. Principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales, garantías del procedimiento expropiatorio facultades de enmienda del Senado: constitucionalidad del precepto legal que regula la supresión y mantenimiento de ayudas relacionadas con la adquisición o promoción deviniendo y el fomento del alquiler. Voto particular.

Más información|Resolución del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en la queja 14/1286 dirigida a la Consejería de Fomento y Vivienda.
Imagen| Ayudas de acceso a la vivienda
En QAH| Las viviendas de protección oficial

 

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