Jurídico 


Aspectos legales en la “operación bikini”

cp1Con el fin del equinoccio de otoño, presenciamos el solsticio de verano, dando la bienvenida a la estación más calurosa y esperada de todas. A medida que nos despojamos de la tela sobrante, podemos caer en la cuenta de que vivimos en un mundo en el que la apariencia es una de las grandes preocupaciones del Ser humano. El culto al cuerpo se ha convertido en una realidad exigente que nos acucia al cambio y a estar físicamente más “bellos”. Con esto, dejamos a un lado los posibles efectos colaterales de todas esas acciones emprendidas en la línea del abstracto concepto de belleza, que no de bienestar. Se encorseta una total insatisfacción y frustración a la que el bisturí aparentemente puede hacer frente.

DIMAGRIRE

Hemos pasado de la cirugía reparadora de las heridas de guerras, a emplearla obedeciendo al deseo de limar esos aspectos que nos desagradan.

 Los avances nos tienden un puente hacia nuestro fin deseado, permitiendo a la persona desprenderse de ese objeto de autorrechazo. Por ello, tenemos ante nuestros criticados cuerpos la respetable opción de esculpirlos a la carta hasta que sea de nuestro agrado, elevando las cifras en estas intervenciones a la par que la insatisfacción que las promueve.

En la trastienda de este escenario nos encontramos con casos, objeto de nuestro estudio, en los que se aborda la carga de la responsabilidad en esta medicina satisfactiva o voluntaria,-que no curativa-, pues no existe enfermedad, a la que se le apareja la obligatoriedad de un resultado concreto por parte del profesional médico conforme a la lex artis, que en muchas ocasiones no se da.

Cobra especial relevancia en estos supuestos el concepto de “arrendamiento de obra” y el carácter voluntario de su solicitud por parte del cliente/paciente, dado que siempre es iniciativa del paciente.

Cabe mencionar como grupo destinatario de estas prácticas, especialmente influenciable: los adolescentes. Para estos, se ha aprobado en la Comunidad autónoma de Andalucía el Decreto 49/2009, de 3 de marzo, cuya finalidad es velar por los menores sometidos a estas intervenciones, siendo necesario prestar constancia de que existe madurez mental por parte del menor, garantizar una información detallada (Art. 4.2 del Decreto), y sobre todo que exista coherencia entre el riesgo y el beneficio.

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Para ello, la Ley 41/2002 establece la necesidad de llevar a cabo un examen psicológico de estos pacientes que determine el grado de madurez. Esta medida previa será llevada a cabo por un psicólogo profesional que no tenga ninguna vinculación con el centro donde se vaya a practicar la intervención quirúrgica.

 Como se puede intuir, la Ley establece la obligatoriedad de que medie el consentimiento por representación de los padres, pero sólo de los menores de 16 años. Esto no se aplica en menores de edad que superen los 16 años o se encuentren emancipados.

En cuanto a la relevancia que cobra el papel del deber de información en estos supuestos, tras experiencias negativas, reviste especial importancia el momento en que el profesional médico proporciona dicha información específica e íntegra relativa a la práctica y los riesgos que conlleva la misma.

Estos deberán asumirlos los pacientes que, voluntariamente, se someten a la medicina satisfactiva, dejando un hueco en su conciencia para un posible resultado no coincidente con el fin deseado y perseguido; y el relativo empeoramiento de su salud física y psíquica.

 En cuanto a lo mencionado, el Tribunal Supremo, en su sentencia de 22 de junio de 2004 determina:

“…como el porcentaje de posibilidades de la necrosis era muy bajo, la falta de información sobre ese riesgo era intrascendente, conclusión inaceptable porque supone tanto como exculpar al médico del daño causado por ser éste un riesgo típico de la intervención y, al propio tiempo, eximirle de su deber de informar a la paciente de ese mismo riesgo típico por darse en muy pocos casos. El razonamiento correcto, en suma, es precisamente el contrario, porque si la intervención quirúrgica no era estrictamente necesaria, el deber del cirujano de informar a la paciente de todas las complicaciones posibles, lejos de perder importancia, cobraba una especial intensidad.”

Es de especial relevancia señalar lo que dispone el Tribunal Supremo en su sentencia de 4 de octubre de 2003 en lo relativo al consentimiento:

“Estamos ante un supuesto de medicina satisfactiva o voluntaria en el que se acentúa la obligación de informar sobre los riesgos y pormenores de una intervención que permita al interesado, paciente o cliente, conocer los eventuales riesgos para poderlos valorar y (..) prestar su consentimiento o desistir de la operación habida cuenta la innecesidad de la misma (…)”.

Llegados a este punto, centrándonos en la responsabilidad civil del profesional sanitario en estas intervenciones, nos encontramos con una obligación de resultado, dado que, tras sopesar los posibles riesgos, se acude a este tipo de cirugía por asegurar en gran medida el resultado deseado), y la obligación de medios “acentuada”.

En cuanto al 10% referente al riesgo de no llegar al resultado querido, responde la sentencia del Tribunal Supremo de 4 de octubre de 2006:

“(…) los hechos de la sentencia refieren la difusión por parte del centro de una campaña publicitaria capaz de inducir a error al consumidor (…) de que el tratamiento es sencillo y sin resultado negativo posible (…). Ello (…) viene a

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garantizar el resultado comprometido, (…) para aproximarla al régimen jurídico del arrendamiento de obra y no de servicios (…).”

¿De verdad merece la pena correr ese riesgo por reducir unos centímetros? Feliz entrada de verano.

Imagen| Figura, Cachorros, Portada, Fin

Via| ElComercio.esBOJA, Europapress

Más información | Derecho sanitario y responsabilidad médica. Comentarios a la Ley 41/2002,    Elementos de Derecho sanitario en la Responsabilidad civil ,            Responsabilidad y defensa de la profesión médicaMediuris

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