Derecho Penal, Jurídico 


Aspectos jurídicopenales de la corrupción

Según el barómetro de octubre del Centro de Investigaciones Sociológicas, después del paro, la “corrupción” es el principal problema para un 42,3% de los españoles.

Los sujetos implicados son políticos, banqueros, empresarios, sindicalistas, funcionarios, profesionales...; es decir, se trata de presuntos o ya condenados “delincuentes de cuello blanco” que, en absoluto, necesitan que sus penas les reeduquen y reinserten en una sociedad (como exige el artículo 25.2 de la Constitución Española) en la que ya estaban perfectamente asentados. Son, en efecto, los “crímenes de los poderosos”.

http://socialbc.es/opinion/sobre-la-corrupcion-politica

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Los delitos, presuntamente cometidos o por los que ya han sido condenados, constituyen un Tratado de la Parte Especial del Derecho Penal; a saber: Blanqueo de capitales, delito fiscal, falsedad documental, cohecho, asociación ilícita, tráfico de influencias, estafa, apropiación indebida, cobro de comisiones para intermediar en obras públicas, contrabando de tabaco, fraude de subvenciones, prevaricación, malversación de caudales públicos, revelación de secretos, actividades prohibidas a los funcionarios, administración desleal, sobornar a inspectores de Hacienda, maquinación para alterar el precio de las cosas, delito societario, exacciones ilegales de funcionarios, organización criminal y falsedad en las cuentas bancarias, maquinaciones para alterar el valor de la acción durante la salida a Bolsa y corrupción urbanística.
Son, todos ellos, delitos “graves” que tienen previstas, entre otras penas, la prisión superior a cinco años.

Estos delitos atentan gravemente contra bienes jurídicos fundamentales para el Estado de Derecho como son: el patrimonio; el orden socioeconómico; la Hacienda Pública; la Ordenación del territorio y el urbanismo; la fe pública; la Administración Pública y la Administración de Justicia.

A pesar de las importantes penas pecuniarias y restrictivas de derechos individuales que lleva aparejada la comisión de estos delitos (la inhabilitación absoluta, la inhabilitación especial y la suspensión de empleo o cargo público, por tiempo superior a cinco años), la percepción social del fenómeno de la corrupción es muy negativa y, por ende, las propuestas de Política Criminal que formulo son, a mi juicio, necesarias y pertinentes.

Así, parece conveniente dotar a la Administración de Justicia de más medios personales y materiales para que las instrucciones tengan “plazos razonables” y, por tanto, que estos delitos no prescriban fácilmente mediante recursos que dilatan el proceso. Reducir “al máximo” los aforamientos y que este régimen privilegiado se limite a delitos cometidos en el ejercicio de la función y que únicamente efectivos durante el desempeño del cargo.

Tolerancia “cero” contra la corrupción, de tal forma que el compromiso “anticorrupción” del Gobierno impida que la responsabilidad criminal del corrupto se extinga por el indulto concedido por el poder ejecutivo.
Que devuelvan hasta el último céntimo de euro logrado con sus prácticas corruptas y que el Estado de Derecho se regenere con una nueva “cultura de valores”, basada en la honradez, el mérito y la capacidad de los ciudadanos acreditada por su lucha por la libertad y la democracia, sustentada en el imperio de la Ley, igual para todos.

 

Imagen| Corrupción

En QAH| La corrupción sale cara, Corrupción política y prevaricación, Corrupción: no se puede apagar el fuego con gasolina

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