Hay Derecho Joven, Jurídico 


Artículo 155 de la Constitución (i): una breve aproximación

Autor: Miguel Fernández Benavides.

Pocas veces un precepto de nuestra Constitución de 1978 había sido objeto de tantos comentarios, artículos y editoriales  en la práctica totalidad de los medios de comunicación (prensa, tv, radio…), revistas especializadas y blogs jurídicos. Y es que desde hace ya algunos meses no se habla de otra cosa: si el artículo 155 se debe aplicar o no, ante qué supuestos, en qué términos y con qué alcance… Todo son dudas ante el empleo de una herramienta constitucional nunca antes accionada en nuestra democracia (sin tener en cuenta el amago de 1989 en Canarias).

En primer lugar, el artículo 155 comienza refiriéndose al supuesto de hecho en que procede su aplicación –“si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España”- para a continuación, detallar el procedimiento por  medio del cual se ha de poner en marcha el mecanismo: (i) requerimiento del Gobierno al Presidente de la Comunidad Autónoma; (ii) y, en el caso de no ser atendido, aprobación por mayoría absoluta del Senado (ver aquí en detalle el desarrollo de las diferentes fases procesales).

En cuanto a la finalidad perseguida por la norma, se establece que se podrán adoptar “las medidas necesarias para obligar [a la Comunidad Autónoma] al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general”, pudiendo el Gobierno, para la ejecución de las medidas acordadas, “dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas”. Conforme a su redacción, resulta claro que la finalidad última del artículo 155 no es otra que el restablecimiento el orden constitucional, debiendo adoptarse para ello todas las medidas que sean necesarias, de mayor o menor intensidad, dependiendo del supuesto de hecho concreto

Se ha dicho por algunos que el precepto constitucional es ambiguo o impreciso. Incluso que se trataría de un cheque en blanco que permitiría al Gobierno llevar a cabo cualquier tipo de actuación e injerencia en el derecho de autonomía de la Comunidad Autónoma en rebeldía. Desde las posiciones del independentismo más fiel a la causa separatista –y también de los bautizados con el vocablo de moda: los equidistantes-, se ha llegado incluso a poner en duda la procedencia de su aplicación ante los graves acontecimientos habidos en Cataluña durante las últimas semanas. En definitiva, muchos han tratado de vaciar de contenido el artículo 155, a veces hasta el punto de defender la absoluta inoperatividad del precepto.

Sin embargo, desde la perspectiva de la defensa del imperio de la ley, del Estado de derecho y de la democracia, los gravísimos hechos acaecidos en Cataluña durante los últimos tiempos (cuya máxima expresión la encontramos en la rebeldía de las autoridades de esta Comunidad Autónoma ante el obligado cumplimiento de la Constitución y las leyes), debían necesariamente encontrar una respuesta contundente por parte de las instituciones democráticas. Pues de lo contrario, ya no solo se estaría tolerando un verdadero golpe al orden constitucional, sino también poniendo en riesgo, en última instancia, la propia integridad territorial del Estado.

Por todo ello, en Hay Derecho hemos defendido que los hechos ocurridos en Cataluña como culminación del denominado procés, sí justifican, entre otras medidas, la aplicación del artículo 155 de la Constitución por parte del Gobierno (ver aquí). Y que la activación de este mecanismo constitucional debe servir para sustituir a las autoridades rebeldes de la Comunidad Autónoma, con la finalidad última de convocar elecciones para volver a la normalidad democrática (ver aquí).

* Vía| Elaboración propia.
* Imagen| Wikimedia.

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