Jurídico 


Aprovechamientos especiales de dominio público y nuevas tecnologías

La utilización colectiva del dominio público o uso común, se verifica indiscriminadamente, en forma anónima, sin necesidad de título alguno, pudiendo ser ejercitado por cualquier administrado, sin que requiera una cualificación especial. Este uso público puede ser consecuencia de la naturaleza del propio bien – el mar litoral, la atmósfera – o bien, producto de las necesarias obras de transformación de la realidad física, como ocurre en el caso de las carreteras o las vías urbanas. En este último caso, el Derecho Administrativo otorga a esta clase de demanio un destino o afectación: la del uso público, que se reduce a una actividad de circulación o a una situación de breve estacionamiento sobre él por parte de los particulares, siendo su régimen jurídico informado por los principios de libertad, igualdad y gratuidad, principios que deben respetar los actos administrativos o disposiciones que se dicten sobre la utilización de estos bienes. Ahora bien, estos principios en ocasiones no son pacíficamente garantizables, de ahí que en ocasiones deban ser restringidos, tal y como sucede en los supuestos de usos comunes especiales. El uso especial es también un uso común que, sin desnaturalizar ni impedir el uso general del dominio público por cualquiera supone, sin embargo, que un interesado utiliza o aprovecha más que otros determinado bien de dominio público, como consecuencia de su especial relación o localización respecto al mismo. Un caso ciertamente peculiar se da en relación con la calificación jurídica que debe aplicarse al uso o empleo del dominio público que los usuarios ejercen cuando realizan alguna operación en los cajeros automáticos colocados en las fachadas de los locales de las sucursales bancarias, acarreando consecuencias – desde el punto de vista tributario, pero no sólo- muy diversas si se entiende que dicha actividad no supone en realidad un aprovechamiento especial o, por el contrario, se entiende que sí, que hay una ocupación de la vía pública de un modo especial, muy distinto al mero transitar por la misma. Resulta especialmente interesante conocer la respuesta del Tribunal Supremo a esta cuestión, toda vez que el cauce casacional empleado fue el del recurso de casación en Interés de Ley.
El Tribunal Económico Administrativo Municipal (TEAM) de La Coruña, dictó en su día resolución por la que confirmaba las liquidaciones tributarias giradas por el Ayuntamiento de la misma localidad frente a una entidad bancaria en concepto de tasa por la ocupación de terrenos de uso público local con depósitos y aparatos distribuidores de combustible y, en general, de cualquier artículo o mercancía, referida a los cajeros automáticos de las sucursales bancarias, ejercicio 2003. La referida entidad bancaria, dedujo contra la anterior resolución recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, el cual desestimó la pretensión anulatoria del recurrente, quien interpuso contra aquélla recurso de apelación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, obteniendo en este caso un pronunciamiento estimatorio. Contra ésta, el Ayuntamiento de La Coruña preparó recurso de casación en Interés de Ley, que es el que ha resuelto la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
El debate jurídico que plantea el consistorio coruñés en su recurso se basa, sintéticamente, en que la utilización del dominio público local para el ejercicio de actividades económicas que han de desarrollarse, aunque sea en parte, en dichos terrenos, como la que se efectúa en los cajeros de las entidades financieras que se presta en línea de fachada, constituye un aprovechamiento especial del dominio público local y, en consecuencia, las entidades locales pueden someterlo al establecimiento de tasa en sus correspondientes ordenanzas fiscales. Subraya el recurrente que, atendiendo a la función, finalidad y ubicación del cajero automático dispuesto con frente directo a la vía pública en línea de fachada, se constata que mediante este sistema operativo, usual ya en la práctica bancaria, determinados servicios y operaciones propias de los contratos de naturaleza bancaria que tales entidades ofrecen a sus clientes son prestados no ya en el interior del centro bancario sino con aprovechamiento de un espacio exterior, la vía pública, en la que el cliente puede realizar un amplio abanico de operaciones, incluso fuera del horario comercial, sin necesidad de utilizar las propias dependencias de la entidad de crédito, que indudablemente obtiene un provecho económico de esta operativa que se realiza en espacio de dominio público local, mediante un sistema inteligente que es complemento de su propio centro de actividad y que traslada a la vía pública el desarrollo de los servicios que habrían de ser realizados en el interior.

Por el contrario, la entidad recurrida entiende al respecto que la utilización del cajero automático instalado en la fachada de una oficina de una entidad bancaria supone una aprovechamiento común general de la vía pública en la que se encuentra esa fachada, por lo que la tasa que se pretende imponer constituye una vulneración del artículo 76 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, habida cuenta de que el uso empleado por el particular del reducido dominio público al realizar la operación frente al cajero automático y el breve tiempo que dura el servicio – que no difiere esencialmente del de los simples transeúntes que hacen un uso colectivo y general de la vía pública- no puede en ningún caso catalogarse como un aprovechamiento especial demanial. La doctrina sentada por el Tribunal Supremo al respecto fue la siguiente:
Tribunal Supremo“En consecuencia, la instalación de cajeros por una entidad bancaria, en línea de fachada y orientados hacia la vía pública, con la evidente finalidad de posibilitar su utilización por todo usuario que posea la tarjeta magnética imprescindible para acceder a la serie de servicios que prestan, tiene como efecto inmediato la realización de operaciones bancarias desde la vía pública a través de tales instrumentos, con la consiguiente ocupación de la vía pública por los clientes receptores de los servicios bancarios, cuya prestación es trasladada así desde el interior de la oficina bancaria a la vía pública. Todo ello permite apreciar que la existencia de esos cajeros automáticos comporta un aprovechamiento, no privativo pero si especial de la vía pública por parte de la entidad bancaria titular del cajero automático, que es la que obtiene con dicha instalación un beneficio económico específico y exclusivo, subsumible en el art. 20 de la Ley 39/1988, Reguladora de las Haciendas Locales, donde se contiene una relación no cerrada sino abierta, es decir, meramente enunciativa, de los conceptos concretos que motivan el cobro de una tasa”
A la luz de la referida doctrina, surgen algunas cuestiones que no quisiera que fuesen hurtadas de ulteriores debates jurídicos. En primer lugar, nos referimos a la identificación del sujeto pasivo de esta tasa, habida cuenta de que el artículo 23.1 de la Ley de Haciendas Locales considera como sujeto pasivo, en concepto de contribuyente, al que disfrute, utilice o aproveche especialmente el dominio público local en beneficio particular. La Sala entendió que el aprovechamiento especial no está en el usuario del cajero sino en la entidad bancaria que lo coloca, obteniendo por ello un beneficio económico, siendo entonces la tasa la compensación correspondiente a ese beneficio específico y exclusivo que sin el aprovechamiento del espacio público no obtendría. Ahora bien, esa sujeción pasiva al gravamen que la Sala aplica a las entidades bancarias, nos maliciamos que en realidad se trasladará al usuario en forma de incremento de las comisiones por utilización de cajeros. Otra cuestión no menos interesante desde el punto de vista recaudatorio es que dicha doctrina, aplicada en un contexto tecnológico de permanente interactuación como el que estamos hoy en día, va a permitir extender notablemente la potestad recaudatoria vía tasa a una pluralidad de actividades económicas que se sirven cada vez más de este tipo de artilugios informáticos que permiten la autogestión por parte del usuario de servicios que antes debía realizar en el interior de los locales. En este sentido, establecimientos de comida rápida con dispensarios take away, farmacias, estaciones de servicio o video-clubs informatizados, son sólo algunos ejemplos de ese potencial efecto expansivo.
Finalmente, se impone también ponderar  –visión de escaparates, portadas o carteles- y no “en” el dominio público – parada física ante el cajero para realizar las operaciones solicitadas-, a la luz de los cada vez más tecnológicamente desarrollados dispositivos técnicos que hoy en día hacen las veces de los antiguos escaparates y aparadores, y que, indudablemente, exigen del visionante una actividad que, eventualmente, pudiera traspasar el umbral del mero uso común del dominio publico circundante, resultando por tanto ciertamente complicada establecer con rigor la distinción entre “desde” y “en”. O lo que sería aún más grave, que la concurrencia del referido uso dependiera de la velocidad de gestión de cada cajero y, consecuentemente, del tiempo empleado por el sujeto en realizar la operación. Y como todos ustedes saben, los expendedores 4B son mucho más eficaces que los Servired…

Imagen | Tribunal Supremo

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