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Antitaurinos y Paquirri: ¿todo vale?

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#actualidadQAH

Hace exactamente dos meses, el hastag #Zapatadimisión se convertía en trending topic en la red social Twitter, por unos “desafortunados” comentarios del ex Consejero de Carmena. Aquí, analizamos la libertad de expresión en Twitter de los cargos públicos. Ahora, este derecho fundamental recogido en el artículo 20 de nuestra Carta Magna, vuelve a estar en boca de todos por su posible colisión con el derecho al honor y a la propia imagen. Y es que, tras la gravísima cornada sufrida por el torero Francisco Rivera Ordoñez el pasado 10 de agosto en la plaza de toros de Huesca, las hordas de Tweets de antitaurinos deseando la muerte a Paquirri, tardaron escasos segundos en aparecer en la red. Ante esto no queda otra que preguntarse, ¿somos conscientes de la difusión y alcance que  tienen nuestras opiniones a través de internet y las redes sociales?  Y ahondando más en la cuestión, ¿no existen fronteras ni límites que coarten, a priori, nuestra libertad de expresión? Es cierto que la libertad de expresión ampara la crítica, incluso la crítica molesta o hiriente, pero la crítica de la conducta de una persona es distinta de la utilización de expresiones injuriosas, que quedan fuera del ámbito protegido por la libertad de expresión

https://www.google.es/search?q=LIBERTAD+DE+EXPRESION+TWITTER&espv=2&biw=1280&bih=917&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIzdCKu-KlxwIVwlgUCh0iUwqx#imgrc=pm0A7UDPJ8vAhM%3A

libertad expresión

No debemos olvidar que la libertad de expresión, como cualquier otro derecho fundamental, no es un derecho absoluto, es decir, se encuentra limitado o encuentra su límite y barrera en el momento en el que pueda afectar a los derechos individuales de terceros que también gozan de reconocimiento y protección en nuestra constitución y otras leyes de nuestro ordenamiento jurídico. Y en este caso, en el que se puede considerar que se está nombrando directamente a la persona de forma injuriosa o, incluso calumniosa (imputación de un delito –asesino-), no solamente debemos tener en cuenta su protección civil –a través de la Ley Orgánica 1/1982- si no también los artículos 205 a 216 del Código Penal.

El Tribunal Supremo ha definido el derecho al honor afirmando que este derecho protege frente a atentados en la reputación personal entendida como la apreciación que los demás puedan tener de una persona, independientemente de sus deseos, impidiendo la difusión de expresiones o mensajes insultantes, insidias infamantes o vejaciones que provoquen objetivamente el descrédito de aquella.

No obstante lo anterior, no toda expresión crítica atenta contra nuestro derecho al honor. El problema es que la línea entre crítica, insulto, injuria o calumnia, es demasiado fina. El Tribunal entiende que sólo hay insulto cuando la opinión incluye expresiones vejatorias “innecesarias” para la emisión del mensaje, de modo que términos objetivamente insultantes pueden ser considerados “necesarios” y, por ello, constitucionalmente protegidos. Ante un posible conflicto de este tipo será necesario llevar a cabo un juicio de ponderación. De entre todos los posibles factores que deberán examinarse en ese juicio de ponderación, hay que tener en cuenta que las calumnias e injurias hechas con publicidad verán incrementadas su pena. Entendiéndose hechas con publicidad cuando se propaguen por medio de la imprenta, la radiodifusión o por cualquier otro medio de eficacia semejante. Y es aquí donde entra en juego Internet, medio que posibilita la difusión de un contenido o información a muchos lugares distintos al mismo tiempo, permitiendo que la propagación de la calumnia o injuria sea infinitamente superior.

Para todos aquellos que utilizan las redes sociales para expresarse, be careful, ignorantia juris non excusat o ignorantia legis neminem excusat (del latín, ‘la ignorancia no exime del cumplimiento de la ley’). Rige la necesaria presunción o ficción legal de que, habiendo sido promulgada, han de saberla todos.

Vía| Código Penal, Ley 1/1982

Imagen| Honor, Expresión

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