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“Amnistía Fiscal” y seguridad jurídica

El pasado 8 de junio, el Tribunal Constitucional declaraba inconstitucional la Disposición Adicional Primera del Real Decreto-Ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público. Dichas medidas consistían básicamente en lo que se ha venido conociendo popularmente con Amnistía Fiscal respecto a determinadas rentas no declaradas en su día por contribuyentes defraudadores. La Amnistía Fiscal se proclamaba concretamente respecto al: Impuesto de la renta de las personas físicas (IRPF), Impuesto de Sucesiones (IS) y el Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR). Se otorgaba un plazo para que aquellos defraudadores presentasen una nueva declaración declarando las rentas sobre las cuales deberían satisfacer al erario público un porcentaje único del 10%, sin imposición de ningún tipo de interés por el pago extemporáneo, recargos ni multas. La STC, declara inconstitucional esta medida por la sencilla razón de que dicha amnistía no pudo haber sido regulada a través de un Real Decreto-Ley al tratarse de una materia sometida a reserva de ley. Aunque ese simple argumento es suficiente para declarar la inconstitucionalidad de la norma, el TC aprovecha para afirmar que el Decreto Ley viene así a legitimar como una opción válida la conducta de quienes, de forma insolidaria, incumplieron su deber de tributar de acuerdo con su capacidad económica, colocándolos finalmente en una situación más favorable que la de aquellos que cumplieron voluntariamente y en plazo su obligación de contribuir. Pese a este reconocimiento y a la declaración de inconstitucionalidad declarada los efectos para los defraudadores son nulos, es decir, ninguno. El TC ha amparado su decisión invocando el principio de seguridad jurídica recogido en el art. 9-3º CE, sin más.

La inconstitucionalidad de la Amnistía Fiscal no tendrá efectos para los que se acogieron a ella.Inevitablemente, al leer este párrafo final de la Sentencia, he recordado la STC 2016/2015, de 22 de octubre de 2015 que resolvió sobre la inconstitucionalidad de la Disposición Adicional Segunda de la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y tormento del mercado de alquiler de viviendas por la que se suprimieron las renovaciones y prórrogas de las ayudas para la adquisición de vivienda protegida previamente concedidas.  Entonces, los recurrentes alegaron expresamente en su recurso la vulneración del principio de seguridad jurídica en su vertiente de protección de la confianza legítima. Aquella sentencia declaró que no se había producido retroactividad en la norma cuestionada puesto que, según el TC, las prórrogas que se suprimían no constituían derechos para las personas afectadas sino simples expectativas de derecho. La norma  regulaba el reconocimiento por cinco años de ayudas para la adquisición de viviendas consistentes en la subvención de parte de los intereses de los créditos hipotecarios concedidos. Transcurridos esos cinco años, se establecía que dichas ayudas podrán ser prorrogadas si se cumplían dos requisitos: solicitarlo en plazo y seguir manteniendo el requisito económico exigido. El TC se limitó a establecer que no existía irretroactividad al considerar que las prórrogas eran expedientes administrativos nuevos independientes del inicial de concesión de la ayuda y que además no eran derechos consolidados sino simples expectativas de derechos por lo que no cabía la retroactividad. Pese a haberse invocado expresamente, en aquella ocasión, el TC omitió cualquier referencia al principio de seguridad jurídica en la mencionada vertiente de confianza legítima. Esta omisión motivó la presentación de un voto particular por el Magistrado Xiol Ríos para quien no bastaba con que la sentencia se limitase a examinar si el artículo 9-3º CE incurría en la prohibición de la retroactividad sino que también debía analizar si vulneraba el principio de seguridad jurídica en la vertiente que garantiza la confianza legítima. Según la doctrina del TC el principio de seguridad jurídica “protege la confianza de los ciudadanos que ajustan su conducta económica a la legislación vigente frente a cambios normativos que no sean razonablemente previsibles”. Para determinar cuándo una norma vulnera ese principio ha de estarse a las circunstancias concretas del caso, considerando especialmente la previsibilidad de la medida adoptada, las razones que han llevado a adoptarla y el alcance de la misma y solo después de una ponderación de todos esos elementos se podrá concluir si el artículo 9-3º CE fue vulnerado o si, por el contrario, la seguridad jurídica debe ceder ante otros bienes o derechos constitucionales protegidos. En aquella ocasión, Xiol Ríos entendió que, dadas las circunstancias, la norma vulneró el principio de seguridad jurídica al eliminar las prórrogas ya que éstas sí estaban reguladas en unos términos que sí pudieron crear la confianza en los ciudadanos de que si seguían cumpliendo los requisitos legalmente exigidos y lo solicitaban las ayudas se renovarían y esta confianza pudo ser determinante para solicitar la hipoteca cuyos intereses serían parcialmente subsidiados, tal como se venía haciendo tanto en este Plan de Vivienda como en los anteriores. Así, los ciudadanos ajustaron su conducta económica a la legislación vigente frente a cambios normativos no razonablemente previsibles sin que existiesen otros derechos o valores constitucionales que pudieran colisionar con el principio de confianza legítima por ser merecedores de mayor protección.

Quizá todas estas razones sean precisamente las que hayan motivado que el pasado 8 de junio  el TC resolviese que, pese a la nulidad declarada de la norma, las situaciones jurídico-tributarias firmes no serán susceptibles de ser revisadas.

31.500 defraudadores se han beneficiado de la aplicación expresa del principio de seguridad jurídica expresamente invocado.

300.000 familias en el país que todavía hoy siguen luchando por el reconocimiento de sus prórrogas se vieron perjudicadas por la omisión de cualquier referencia al mismo principio de seguridad jurídica en el caso de la supresión de las prórrogas de ayudas la adquisición de vivienda.

 

Vía|STC 8 de junio 2017.

Más información|STC 2016/2015, de 22 de octubre de 2015
Imagen|Tribunal Constitucional de España.

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