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Algunas nociones sobre la nueva Ley de Auditoría

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Ley Auditoría

El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de Auditoría de Cuentas. Se culmina, de este modo, el proceso de adaptación de la normativa española a la Directiva 2014/56 del Parlamento Europeo y el Consejo relativa a la auditoría legal de las cuentas anuales y consolidadas y al Reglamento comunitario 537/2014 sobre los requisitos específicos para las denominadas Entidades de Interés Público.

Se trata de elevar la calidad de las auditorías con el objetivo final de reforzar la confianza en la información económica y financiera. Así, el Gobierno se “pone las pilas” tras los escándalos de Bankia, Gowex o Pescanova. De hecho, una de las medidas estrella de esta Ley es que todas las Empresas de Interés Público, las entidades de crédito, aseguradoras y cotizadas (incluidas las que cotizan en el MAB), tengan un Comité de auditoría.

Analicemos los aspectos más importantes sobre los que incidirá la nueva Ley de Auditoría:

1. Rotación: el Proyecto de Ley prevé un periodo de duración máxima de contrato de diez (10) años. Transcurrido este plazo y, si se celebra un concurso público, el auditor podrá seguir cuatro años más, siempre que entre otro auditor y se realice una auditoría conjunta.

2. Honorarios: en el caso de servicios distintos de la auditoría, la retribución no puede superar durante tres o más ejercicios consecutivos el 70 por 100 de la media de los honorarios por servicios de auditoría percibidos durante los tres últimos ejercicios. Por otro lado, por razones de concentración y para evitar la dependencia financiera respecto a una misma entidad, con carácter general los honorarios de ésta no puedan superar en los tres últimos ejercicios el 15 por 100 del total de ingresos percibidos por la sociedad auditora.

3. Independencia de los auditores: en concreto, se recogen hasta once servicios incompatibles que el auditor no puede prestar a la auditada que sea Entidad de Interés Público, su matriz y sus dependientes.

4. Transparencia: para todos los auditores se establece un mayor contenido del informe de auditoría. En el caso de las Entidades de Interés Público se les exige como novedad un informe adicional que debe entregarse al Comité de auditoría. En él se deben explicar cuestiones relacionadas con los resultados y el proceso de la auditoria, al objeto de contribuir a la integridad y transparencia de la propia información financiera auditada.

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5. Comités de auditorías: a partir de la entrada en vigor de la norma, estarán obligadas a tener un Comité de auditoría, con carácter general, todas las Entidades de Interés Público y no sólo las sociedades cotizadas como hasta ahora. Los miembros de estos Comités deben ser consejeros no ejecutivos y la mayoría de ellos deben ser independientes. La CNMV será la responsable de supervisar el cumplimiento de estas funciones, sin perjuicio de las competencias en materia de supervisión de la actividad de auditoría de cuentas reservadas al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC).

6. Supervisión: se amplían las competencias del ICAC en la valoración de la existencia de riesgos sistémicos y de concentración, el análisis de las declaraciones de los auditores o la remisión de información y cooperación con las autoridades europeas de supervisión.

La entrada en vigor de ambas normas tiene como fecha límite el mes de junio de 2016.

 

Vía | Bárbara Sánchez ; La Moncloa

Imágenes |Ley Auditoría ; Auditoría

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