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Ajustes de procedimiento. El facilitador.

El artículo 13 de la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas con Discapacidad (CNUDPD) obliga a los estados parte a garantizar que todas las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones con los demás, incluso mediante ajustes de procedimiento para facilitar el desempeño de las funciones efectivas de estas personas como participantes directos e indirectos en todos los procedimientos judiciales, incluida la etapa de investigación y otras etapas preliminares. Esto supone que, por poner un ejemplo, en un procedimiento en el que intervenga una persona sorda deberá contarse con un intérprete de lenguaje de señas si de esta manera se garantiza que la persona podrá entender y hacerse entender durante el mismo. Sería un caso similar al de la figura de un intérprete cuando la barrera es simplemente el idioma para un interviniente en juicio, tenga o no discapacidad. El artículo 13 aplica para todas las personas con discapacidad, incluidas aquellas que presentan una discapacidad intelectual o una discapacidad psicosocial. Como norma general, estas personas carecen de mecanismos para enfrentarse y afrontar un procedimiento judicial. En ocasiones no comprenden el mecanismo judicial o se expresan de forma no comprensible para los demás intervinientes en el pleito: partes, jueces, testigos, etc. Sin la existencia de esos mecanismos difícilmente podrá garantizase su acceso y/o participación en el procedimiento en igualdad de condiciones con los demás. Por ello, en algunos países se ha implementado la figura del facilitador. El facilitador es un tercero neutral imparcial que brinda apoyo a la persona con discapacidad intelectual o psicosocial para participar en su proceso e igualmente apoya a los operadores del sistema judicial para que estos entiendan las implicaciones que tiene la discapacidad en el proceso mismo. Por tanto, el facilitador trabaja en una doble vía, sirviendo de puente entre ambas partes. Su función principal es la de contribuir a la creación o diseño de los ajustes procesales precisos para el caso y el procedimiento concreto y así garantizar que efectivamente el acceso a la justicia de las personas con este tipo de discapacidades tenga lugar en igualdad de condiciones con los demás. Así, su tarea será la de contribuir a que la persona pueda entender el proceso y sus consecuencias, proponiendo para ello los ajustes que sean precisos para conseguirlo. Así, si una persona tiene problemas con el lenguaje puede proponer el uso de otros elementos que sirvan para que la persona pueda expresar sus opiniones, ideas, declaraciones, etc de otra forma alternativa, por ejemplo, mediante el uso de pictogramas, dibujos, elaborando sus respuestas por escritos, contextualizando sus respuestas, etc; si una persona tiene problemas con el uso de conceptos abstractos puede proponer soluciones que eviten o impidan el uso de dichos conceptos como por ejemplo conceptos temporales o espaciales. El facilitador tiene que conectar con la persona y conocer bien su discapacidad y el modo en que ésta pueda afectar su participación en el proceso. Solo de esta manera podrá proponer el o los ajustes necesarios para ella sin temor a equivocarse.

No debe confundirse al facilitador con un perito ya que no lo es. El facilitador no emite dictámenes acerca de la discapacidad de la persona y sobre la incidencia de esta en los hechos. El facilitador ni siquiera tiene ni debe conocer los hechos por los que la persona está siendo enjuiciada o sobre los que se presenta como reclamante. Su papel sólo es garantizar que la persona comprende; que se hace comprender y que puede ser escuchada, si así lo desea, en el procedimiento judicial en igualdad de condiciones con los demás. Por eso, debe quedar claro que el facilitador tampoco es defensor de la persona con discapacidad. El facilitador no toma parte en el proceso. Como decíamos anteriormente, su posición es absolutamente neutral e imparcial. En caso contrario, podría poner en riesgo la propia validez del pleito.

Esta figura, desconocida en el sistema jurídico español, ha sido puesta en práctica con éxito, aunque no en idéntica forma, en otros países como Israel, Estados Unidos, Inglaterra o, recientemente México.

En España, de momento, solo contamos con algunas aisladas iniciativas por parte de algunos jueces consistentes, básicamente, en la transcripción de sus sentencias a lenguaje sencillo para permitir que las personas con discapacidad intelectual o psicosocial puedan entender el resultado de un proceso en el que han sido parte.

Queda todavía un largo camino por recorrer para garantizar la igualdad en el acceso a la justicia de estas personas.

Ajustes y acceso a la justicia.

Los ajustes garantizan la igualdad en el acceso a la justicia.

* Vía|Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos sobre las Personas con Discapacidad.
* Más información|Documenta.
* Imagen|Lápices de colores.
* En QAH|Vacaciones: no sin mi perro. Personas con discapacidad II.

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