Jurídico 


Administrador único, acuerdo para el ejercicio de acciones y artículo 45.2.d) LRJCA

La inteligencia jurisprudencial del artículo 45.2.d) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LRJCA) no se ha caracterizado precisamente por la uniformidad a la hora de abordar la peculiar situación que se plantea cuando el recurrente es una sociedad mercantil de capital y quien otorga el poder para litigar es, precisamente, el administrador único de la misma. La cuestión que se plantea en estos supuestos es determinar si para tener cumplido el requisito del art. 45.2.d) LRJCA, recuérdese, la documentación que debe acompañar al escrito de interposición del recurso y consistente en acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos para entablar acciones las personas jurídicas con arreglo a las normas o estatutos que les sean de aplicación, salvo que se hubieran incorporado o insertado en lo pertinente dentro del cuerpo del documento mencionado en la letra a) del mismo apartado, ese administrador único, como decíamos, además de justificar tal condición, debe aportar documentación adicional con el fin de acreditar que en efecto ostenta facultades para promover recursos en nombre de la sociedad o, por el contrario, la sola condición de administrador único, en atención a la singularidad de su posición institucional en la empresa y las facultades legales que tiene atribuidas por la normativa mercantil, constituye un título suficiente para el ejercicio de acciones, de manera que se satisface la carga del tan citado precepto rituario simplemente con la acreditación de su condición, sin necesidad de aportar documentación añadida o complementaria que justifique, a mayor abundamiento, que además de ser administrador único tiene estatutariamente atribuida la facultad para promover la acción pretendida.

Pues bien, como recién se ha dicho, laAJ doctrina jurisprudencial sobre este particular no es unánime, no en vano existen sentencias que sostienen uno y otro planteamiento. Así, entre las que defienden la tesis de la necesaria exigencia de acreditación de las facultades para acordar el ejercicio de acciones pueden citarse las de 8 de mayo de 2009, 30 de septiembre de 2010, 24 de noviembre de 2011 y 14 de febrero de 2013. En cambio, apartándose del criterio seguido en las citadas resoluciones, las Sentencias de 16 de febrero y 20 de septiembre de 2012  admitieron como suficiente a los efectos que nos ocupan el otorgamiento del poder notarial de representación por el administrador único, invocando los artículos 62 y 63.1 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada. En idénticos términos se pronuncian las Sentencias de 7 de febrero y 17 de diciembre de 2014, que ponderan la singular naturaleza del cargo de administrador único, desde la premisa que dicho cargo implica que convergen en la misma persona las facultades de administrador y representante legal de la empresa, desde el momento que en las empresas con administrador único, la administración no está atribuida a un órgano colegiado sino a una sola persona que, además de estar investida de la facultad de administrar, ostenta de forma necesaria la competencia para representar a la sociedad en las relaciones jurídicas externas. ​Así las cosas, como quiera que al fin y a la postre al administrador único de la sociedad de responsabilidad limitada le corresponde con carácter general y ordinario no sólo la representación sino también la administración y gestión de la empresa, puede entenderse razonablemente que en principio la decisión de ejercitar acciones judiciales y promover la interposición de un recurso contencioso-administrativo entra dentro de sus facultades típicas o características, pues tal es la regla organizativa general y la dinámica habitual de este tipo de sociedades. Por ello, sostiene la Sala que mientras no se suscite controversia en el proceso sobre la cuestión, puede asumirse que el otorgamiento del poder de representación por el administrador único de la sociedad resulta suficiente para tener por cumplido el requisito del art. 45.2.d) LJCA.

Además de las citadas, debe invocarse aquí también  la reciente Sentencia de 23 de enero de 2015 que, recogiendo la misma doctrina que las dos últimas referidas, añade alguna precisión. En particular, en lo que aquí interesa, señala:

Con arreglo al criterio de esta Sentencia –plenamente asumido en nuestra Sentencia de 7 de octubre pasado (casación 4859/11)- cabe concluir: a) Cuando quien interpone un recurso contencioso-administrativo es una Sociedad de responsabilidad limitada con Administrador único, bastará con presentar el documento acreditativo de que la representación procesal de la sociedad se ha otorgado por el Administrador para entender cumplidos los requisitos exigidos por el art. 45.2. a) y d) de la LJCA; b) Sólo, si de oficio o a instancia de parte, se cuestiona el alcance de las potestades de gestión del Administrador, dicha duda deberá ser despejada mediante la aportación de los Estatutos sociales en los que conste atribuida a la Junta General la decisión acerca del ejercicio de acciones (pues, de otro modo, dicha facultad, integrada en las potestades de administración, la ostenta, de forma ordinaria, el Administrador, arts. 12.3 en relación con el 44.1.2 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada) (…) Luego, entendemos que la comprobación de una atribución estatutaria específica al Administrador único de una facultad que ordinariamente ostenta es innecesaria (otra cosa es que lo que se tratara de acreditar fuera la atribución estatutaria del ejercicio de acciones a la Junta General) y supone un excesivo formalismo vulnerador del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE), por lo que la decisión de la Sala de Sevilla (Sección Tercera) al inadmitir el recurso en aplicación del art. 69.b) en relación con el art. 45.2.d) LJCA, infringe dicho precepto y la jurisprudencia de esta Sala (Sentencia de 7 de febrero de 2014, casación 4749/11 y las que en ella se citan (de 16 de febrero de 2012, casación 1810/09 y de 20 de septiembre de 2012, casación 5511/11, de 7 de octubre de 2014, casación 4859/11) que los interpreta en supuestos como el aquí enjuiciado” (FD Primero).

Esta exégesis supone inequívocamente enfatizar el principio pro actione sobre un excesivo rigor formalista, pero a la vez acarrea algunos riesgos, como la inferencia de una aparente discriminación procesal entre sociedades con administrador único y sociedades con otro órgano distinto de administración, para atribuir a uno y otro distintas competencias, pues la Ley no lo hace cuando el artículo 209 del Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio, no distingue entre uno y otro tipo de órgano de administración, a la hora de la atribución competencial. Si se sostiene que el poder de pleitos otorgado por el administrador único de una sociedad mercantil no precisa la autorización corporativa para recurrir en vía contencioso administrativa, sería razonable colegir que tampoco debería necesitarla cualquier otro tipo del administrador social, teniendo en cuenta que en ningún caso cabe limitar las facultades del administrador social. Veremos.

Vía| Raúl C. Cancio

Imagen| Ajedrez

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