Actualidad Jurídica, Derecho Civil, Derecho Mercantil, Jurídico 


Acuerdos transaccionales en materia de cláusula suelo: ¿Todo vale?

La recentísima Sentencia del Tribunal Supremo, de 11 de abril de 2018 (205/2018), ha revolucionado la situación procesal de cientos de miles de reclamaciones bancarias ya iniciadas, relativas a cláusulas suelo.
En concreto, el pronunciamiento judicial ha venido a validar los acuerdos transaccionales ofrecidos por las entidades a sus clientes hipotecados, por entender que los mismos son lícitos al existir acuerdo de voluntades entre las partes firmantes, siempre y cuando no vulneren la ley.

Ahora bien, el objeto de la presente entrada es analizar dicho pronunciamiento y las excepciones a la citada validación, en tanto no se produzcan escenarios de indefensión.

 

El origen y contenido de estos acuerdos.

Este tipo de transacciones se han generado a causa de las numerosas reclamaciones (tanto judiciales como extrajudiciales) que las sucursales bancarias han venido recibiendo, casi siempre de manera previa a la entrada en vigor del RD 1/2017, que también será objeto de análisis.

Consistían básicamente en ofrecer al cliente un acuerdo, mediante el cual la entidad se comprometía a eliminar la cláusula suelo del préstamo a cambio de que el cliente no reclamase nada al respecto a posteriori, lo que se traduce en que no se llevaba a cabo ninguna devolución económica.

 

El Real Decreto 1/2017, de medidas urgentes en materia de cláusulas suelo.

En relación con lo anterior, esta normativa se creó con objeto de evitar el potencial aumento de litigiosidad bancaria, dado el colapso que se estaba produciendo en la mayoría de juzgados y tribunales de la geografía nacional, y motivado también por:

a) La insuficiencia de oferta de acuerdos por parte de las entidades.
b) La escasa aceptación por parte de los consumidores y usuarios de las condiciones estandarizadas de los mismos.

Más detalladamente, las obligaciones que tal regulación imponía desde principios de 2017 eran:

– Las entidades quedaban obligadas a recepcionar las reclamaciones por canales específicos habilitados al efecto.
– Una vez constasen recibidas, tenían un plazo de tres meses para responder al cliente positiva o negativamente respecto de su reclamación.
– Si expiraba el plazo trimestral, el cliente era libre de acudir a los juzgados
– Caso de responder negativamente, el cliente era libre de acudir a los juzgados.
– Caso de responder positivamente, las entidades tenían obligación de hacer una liquidación de las cantidades cobradas de más y dar traslado al afectado.
– Si el afectado estaba de acuerdo, se le efectuaba la devolución y se suprimía el tipo mínimo (si no se había suprimido con anterioridad).
– Si no se mostraba conforme, podía acudir a los juzgados.

Queda claro que los acuerdos firmados con anterioridad no se beneficiaban de las medidas expuestas, quedando pues a la intemperie jurídica.

 

La postura del Tribunal Supremo. Discrepancias e interpretación normativa.

De vuelta al pronunciamiento del pasado mes de abril, el Tribunal Supremo validó los acuerdos transaccionales, siempre que se cumplieran una serie de requisitos:

1.- Que no resulten contrarios a la ley.
2.- Que no adolezcan de falta de transparencia.
3.- Que el consumidor firme con verdadero conocimiento de causa.

En principio, y tal y como dictamina el Alto Tribunal, asistiríamos a un supuesto de validez de acuerdos transaccionales por mor de la autonomía de la voluntad de las partes, recogida en Nuestro Código Civil:
Artículo 1255
“Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público”,

Artículo 1809

“La transacción es un contrato por el cual las partes, dando, prometiendo o reteniendo cada una alguna cosa, evitan la provocación de un pleito o ponen término al que había comenzado”

 

Ahora bien, y en la humilde opinión de quien suscribe, estos contratos suelen adolecer de falta de transparencia e inclusive de ilegalidad.

¿La razón? Cuando al cliente le dan a firmar el documento en cuestión, las entidades los disfrazan de bondad y hablan de las ventajas de no tener ya más cláusula suelo, pero nunca ponen por escrito el importe que hasta el momento de transar se ha cobrado de más y, en consecuencia, tampoco determinan que la mera firma supone renunciar al importe de que se trate.

Vista la situación, queda claro que la mayoría de personas con una mínima capacidad de raciocinio no firmarían la renuncia a cantidades económicas que hubieren abonado indebidamente, por lo que existiría falta de transparencia, vulnerando de este modo la normativa de consumidores (Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios):

Artículo 60. Información previa al contrato.

1. “Antes de que el consumidor y usuario quede vinculado por un contrato u oferta correspondiente, el empresario deberá facilitarle de forma clara y comprensible, salvo que resulte manifiesta por el contexto, la información relevante, veraz y suficiente sobre las características principales del contrato, en particular sobre sus condiciones jurídicas y económicas”.

Pero sin movernos del citado texto legal, la pretendida renuncia entra de lleno a vulnerar el mismo:

Artículo 10 Irrenunciabilidad de los derechos reconocidos al consumidor y usuario.

“La renuncia previa a los derechos que esta norma reconoce a los consumidores y usuarios es nula, siendo, asimismo, nulos los actos realizados en fraude de ley de conformidad con lo previsto en el artículo 6 del Código Civil”.

Por tanto, si no se está plasmando toda la verdad a la hora de llegar a un acuerdo que evite un proceso posterior, no habría consentimiento pleno por parte del cliente firmante, faltando pues un elemento esencial de validez contractual según el Código Civil:

Artículo 1261

“No hay contrato sino cuando concurren los requisitos siguientes:

1.º Consentimiento de los contratantes.
2.º Objeto cierto que sea materia del contrato.
3.º Causa de la obligación que se establezca”.

 

A mayor abundamiento:

Artículo 1265

“Será nulo el consentimiento prestado por error, violencia, intimidación o dolo”.

 

Por tanto se concluye que las entidades maquinaron en su momento esta especie de “concesión de gracia”, para evitar mayores problemas y siempre en detrimento del consumidor, ya que en el peor de los casos dejaban de ganar pero no llegaban a perder al ahorrarse las preceptivas devoluciones económicas, luego de vuelta al Código Civil:

Artículo 1269

“Hay dolo cuando, con palabras o maquinaciones insidiosas de parte de uno de los contratantes, es inducido el otro a celebrar un contrato que, sin ellas, no hubiera hecho”.

 

Es obvio que el perjudicado siempre es el consumidor, surgiendo otro incumplimiento por mor de la abusividad cometida:

Artículo 82. Concepto de cláusulas abusivas.

1. “Se considerarán cláusulas abusivas todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aquéllas prácticas no consentidas expresamente que, en contra de las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato”.

Artículo 83. Nulidad de las cláusulas abusivas y subsistencia del contrato.

“Las cláusulas abusivas serán nulas de pleno derecho y se tendrán por no puestas. A estos efectos, el Juez, previa audiencia de las partes, declarará la nulidad de las cláusulas abusivas incluidas en el contrato, el cual, no obstante, seguirá siendo obligatorio para las partes en los mismos términos, siempre que pueda subsistir sin dichas cláusulas”.

A modo de cierre y según lo expuesto, queda claro que las transacciones extrajudiciales de por sí no son contrarias a la ley y no pueden considerarse de oficio o, genéricamente, nulas, pero con la presente reflexión se pone de manifiesto que no todo vale.

Vía| STS de 11 de abril de 2018, Ley General para la Defensa de los Consumidores y UsuariosReal Decreto 1/2017, de medidas urgentes en materia de cláusulas suelo.

Imagen| Cláusula suelo

También en QAH| Terror en los juzgados de cláusulas suelo (I): el acuerdo del CGPJ de 25 de mayo de 2017.

RELACIONADOS