Derecho Mercantil, Jurídico 


Acción de reintegración en el Concurso de Acreedores: el sistema de presunciones

En ocasiones, las sociedades que están atravesando dificultades financieras y que prevén que es posible que entren en concurso de acreedores en no mucho tiempo, llevan a cabo actos mediante los cuales se desprenden de gran parte de sus bienes, con el objetivo de vaciarse patrimonialmente para no responder frente a sus acreedores en sede de concurso, cuando éste se declare.

Para evitar este fraude de acreedores, la Ley Concursal (LC), establece en su artículo 71 la acción de reintegración. Esta acción de reintegración permite rescindir aquellos actos perjudiciales para la masa activa que el deudor (concursado) haya realizado en los dos años anteriores a la  fecha de declaración del concurso. Pero además, el artículo añade que esta rescisión se producirá aunque no hubiese existido intención fraudulenta. Ese último inciso supone la introducción de un criterio objetivo para llevar a cabo la rescisión. Debemos poner de manifiesto que, el análisis que llevaremos a cabo de la acción rescisoria o de reintegración y el sistema de presunciones, lo haremos tomando como referencia el texto de la Ley Concursal tras su reciente reforma, que entrará en vigor el 1 de enero de 2012.

Si leemos con detenimiento el párrafo anterior, observamos que lo que realmente enciende la mecha de la rescisión es el hecho de que se produzca un perjuicio para la masa activa. Por tanto, lo fundamental será determinar en qué casos se puede considerar que se ha producido un perjuicio para la masa activa. Con carácter general, por perjuicio se considera toda disminución patrimonial que sufra la masa activa por actos realizados por la sociedad concursada, por ejemplo, por una donación. No obstante, el propio artículo 71 LC establece un sistema de presunciones para declarar cuándo se ha producido un perjuicio.

La primera de las presunciones se dispone en el apartado segundo del mencionado artículo 71 LC, en virtud de la cual, el perjuicio patrimonial se presume, sin admitir prueba en contrario, cuando se trate de actos de disposición a título gratuito, salvo las liberalidades de uso, y de pagos u otros actos de extinción de obligaciones cuyo vencimiento fuere posterior a la declaración del concurso, excepto si contasen con garantía real, en cuyo caso se aplicará la presunción que a continuación desarrollaremos. Este último inciso de “excepto si constasen con garantía real”, ha sido añadido por la nueva Ley 38/2011 de Reforma Concursal, con el objetivo de proteger aquellos actos por parte del deudor que se dirijan a extinguir obligaciones que previamente habían sido garantizadas a través de derechos reales. Como vemos, es una presunción iuris et de iure, pues no permite al deudor alegar nada para desvirtuar dicha presunción, permitiéndose, en todos estos casos la acción rescisoria o de reintegración al determinar que hay perjuicio.

El apartado tercero del artículo 71 LC enuncia otra presunción para determinar si se ha producido perjuicio. En este caso la presunción es iuris tantum, por lo que, en los casos que citaremos el perjuicio se presume siempre que el deudor no pruebe en contrario, es decir, pruebe que en realidad no se ha producido perjuicio para la masa activa. Estos casos en los que, salvo prueba en contrario, el perjuicio patrimonial se presume serían:

1. Los dispositivos a título oneroso realizados a favor de alguna de las personas especialmente relacionadas con el concursado.

2. La constitución de garantías reales a favor de obligaciones preexistentes o de las nuevas contraídas en sustitución de aquéllas.

3. Los pagos u otros actos de extinción de obligaciones que contasen con garantía real y cuyo vencimiento fuere posterior a la declaración del concurso.

Como apuntábamos antes, este último caso de pagos u otros actos de extinción de obligaciones que contasen con garantía real y cuyo vencimiento fuere posterior a la declaración del concurso, se ha incorporado con la reforma y ahora es posible que el deudor defienda esta operación frente a la rescisión. El fundamento de considerar perjudicial este acto, es que, pese a que es cierto que si se extingue una obligación del deudor, en principio, sería positivo para la masa, también es cierto que para extinguir dicha obligación se tendrá que sacrificar parte del activo de la sociedad y esto es contrario al principio de pars conditio creditorum, es decir, de la igualdad de los acreedores frente a la masa, pues la operación satisfaría a un acreedor en concreto y no al resto. Sin embargo, si la obligación que se extingue había sido asegurada con garantía real, la prevalencia de este acreedor sobre el resto que no contase con garantía habría sido asumida desde el otorgamiento de la misma y no se vulneraría el mencionado principio, por esto se permite al deudor probar que no ha habido perjuicio y que no cabe la rescisoria.

Fuera de todos los supuestos que hemos expuesto supra, no existe presunción alguna de perjuicio y se invierte la carga de la prueba, de modo que será el que ejercite la acción rescisoria el que tendrá que probar que ha existido perjuicio para la masa activa del concurso (artículo 71.4 LC).

Después de ir descendiendo desde los casos en los que el perjuicio se presume sin posibilidad de probar en contrario y, por tanto, la rescisión es ejercitable siempre, a los casos en los que se permite alegar en contrario y en los que la carga de la prueba se invierte, concluiremos con aquellos actos que, en ningún caso, podrán ser objeto de rescisión, y que el artículo 71.5 LC dispone:

1. Los actos ordinarios de la actividad profesional o empresarial del deudor realizados en condiciones normales.

2. Los actos comprendidos en el ámbito de leyes especiales reguladoras de los sistemas de pagos y compensación y liquidación de valores e instrumentos derivados.

3. Las garantías constituidas a favor de los créditos de Derecho Público y a favor del FOGASA en los acuerdos o convenios de recuperación previstos en su normativa específica.

Estos tres tipos de actos serían los únicos expresamente protegidos por la ley de la acción rescisoria, sin perjuicio de que, en algunos supuestos, los acuerdos de refinanciación que el deudor celebre puedan estar también protegidos bajo determinadas condiciones.

Más información| Ley 38/2011 de Reforma Concursal

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