Jurídico 


Abogado y procurador (III): honorarios y aranceles

Ya hemos visto las principales diferencias en el seno de un procedimiento judicial entre abogado y procurador, así como la obligación de cada uno de ellos de pertenecer al Colegio profesional correspondiente, con las particularidades que ello conlleva. El siguiente paso es entender cuál es el criterio diferenciador en el establecimiento de sus respectivas minutas.

La principal diferencia radica en la figura sobre la que se calculan los emolumentos de uno y otro profesional. Por su parte, el abogado fija los precios por sus servicios en virtud de unos criterios orientadores establecidos por cada Colegio profesional. Es decir, el Colegio de Abogados emite unos honorarios aconsejables sobre los que debe regirse el profesional a la hora de establecer su minuta. Precisamente, al tratarse de cifras meramente orientadoras, el margen de estas cantidades es bastante amplio y cada letrado las establece según considere y pacte con su defendido.

Sin embargo, el procurador establece el precio por sus servicios en virtud de unas tarifas fijadas por el Ministerio de Justicia mediante el Real Decreto 1373/2003, de 7 de noviembre, por el que se aprueba el arancel de derechos de los procuradores de los tribunales. Como ocurre con otros profesionales, véase notarios o registradores, el procurador debe someterse a estos precios fijos, si bien se permite una reducción o aumento de hasta 12 puntos según se convenga con el cliente.

Por tanto, podemos llegar a la conclusión de que la minuta del abogado puede asumir unas cantidades más flexibles que la del procurador, por cuanto los primeros se basan en honorarios orientadores y los segundos en aranceles de derechos fijados.

Una vez que ambos profesionales han establecido la tarifa por sus servicios y han cobrado por parte de su cliente, si este último ha sido favorecido en el seno del procedimiento judicial a que la otra parte pague las costas causadas, deberá la parte condenada asumir las mismas, previa tasación por parte del Secretario judicial.

En virtud del artículo 243 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, el principio general que rige respecto de la tasación de costas es que sólo contarán los gastos y demás conceptos devengados derivados de aquellas actividades procesales que hayan sido autorizadas por el Tribunal y formen parte del trámite normal del proceso. De ahí que toda actividad superflua o inútil no sea computable como parte de la suma minutada como honorarios o derechos profesionales. Otra norma básica es que para repetir algún gasto suplido durante el proceso e incluirlo en la tasación es menester acreditarlo debidamente, sin que para el caso baste con alegarlo.

El Secretario judicial llevará a cabo la tasación de costas vigilando que las minutas de los profesionales no excedan de los límites legales y por ello está facultado para reducir los importes hasta el límite del exceso.

La tasación de costas podrá ser impugnada por ambas partes. La parte condenada, por considerar excesivos los honorarios del abogado o indebidos los de uno u otro profesional. La parte favorecida podrá impugnar la tasación cuando no se hayan incluido gastos debidamente justificados.

La impugnación de los honorarios por excesivos da lugar a un traslado al abogado cuya minuta se encuentra cuestionada. Si acepta la reducción, el trámite queda cerrado en este punto. Si no la acepta, se oficiará al correspondiente Colegio de Abogados para que emita dictamen al respecto.

Tras recibir todos los informes y/o dictámenes y a la vista de todas las actuaciones habidas en el proceso, el Secretario judicial resolverá la tasación de costas definitiva mediante Decreto. Una vez trasladada a las partes, se aprobará la misma, abriéndose el plazo de abono voluntario.

Vía| Comentario a la Ley de Enjuiciamiento Civil. Vázquez Iruzubieta, C. (Difusión Jurídica).

Imagen| Minuta

En QAH| Abogado y procurador (I): la postulación procesalAbogado y procurador (II): la colegiación.

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