Jurídico 


Abogado y procurador (II): la colegiación

Por regla general, la intervención en el proceso ha de realizarse mediante abogado y procurador. Sin embargo, cualquier licenciado o graduado en Derecho no puede ejercer estas profesiones, sino que para actuar ante los Juzgados y Tribunales es requisito obligatorio su colegiación, en los términos previstos en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en la legislación general sobre Colegios profesionales. Se exceptúan los casos en que tales profesionales actúen al servicio de la Administración Pública por razón de dependencia funcionarial o laboral.

El abogado no puede actuar en juicio de cualquier manera, sino que debe regirse por el Estatuto General de la Abogacía, aprobado por el Real Decreto 658/2001, de 22 de junio, que establece una serie de deberes y obligaciones en sus relaciones tanto con el Juez, como con sus clientes o el resto de compañeros de profesión.

De igual forma, el procurador ha de prescribir su actuación profesional al Estatuto General de los Procuradores de los Tribunales de España, aprobado por el Real Decreto 1281/2002, de 5 de diciembre, que establece las obligaciones del mismo en el curso del proceso.

La razón de ser de estos Colegios profesionales se justifica en que con ellos se establece un mayor control institucional de la capacidad y categoría profesional del abogado y el procurador, además de la asistencia al colegiado, el aseguramiento médico o de responsabilidad civil en el ejercicio de sus funciones.

La exigencia de colegiación ha sido reconocida por el propio Tribunal Constitucional en la Sentencia 56/1990, de 29 de marzo. Sin embargo, las críticas a esta figura son constantes, por cuanto se pone en entredicho su necesidad y adecuación. Desde un punto de vista jurídico no parece inadecuado que existan controles para que la defensa y la representación estén solo servidas por aquellas personas que realmente estén capacitadas. Lo que realmente se pone en duda es que la simple colegiación sea un instrumento eficiente para garantizar una actuación cualificada del abogado o procurador.

Precisamente este último punto conflictivo busca ser resuelto a través de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, ya que obliga a todo titulado en Derecho a superar un máster teórico y práctico para poder colegiarse y, en consecuencia, ejercer tales profesiones. Tras varias manifestaciones y conflictos sociales, solo será exigible a los graduados en Derecho por el Plan Bolonia, excluyendo a todos los licenciados por el sistema antiguo que se colegien en el plazo de dos años desde la obtención del título.

Vía| Introducción al Derecho Procesal. Moreno Catena, V. y Cortés Domínguez, V. (Tirant lo Blanch).

Imagen| Toga

En QAH| Abogado y procurador (I): la postulación procesal, Abogado y procurador (III): honorarios y aranceles, ¿Es delito el ejercicio sin colegiación?

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