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Abogacía y últimas instancias jurisdiccionales: una cuestión de técnica procesal

«La verdadera razón para que una petición de certiorari progrese no radica en aspectos jurídico procesales. La clave está  en presentar tu caso en el entorno adecuado; y para ello es imprescindible que en tu esquina haya alguien que conozca cómo hacer que los Justices «quieran» oír tu caso». 

Lisa Paddock,  Supreme Court for Dummies (2002)

Acentuado ha sido el interés que despertado por el nuevo artículo 87 bis de la Ley Jurisdiccional tras la reforma operada por la LO 7/2015. En él se subraya la naturaleza extraordinaria de este tipo de recurso, limitando su gnosis a las cuestiones de derecho, con exclusión del aspecto puramente factual, particular que si bien ha sido largamente desarrollado por la jurisprudencia de la Sala (STS de 4 junio de 2015), no había tenido el adecuado eco normativo, lo que resulta absolutamente necesario a la vista de las corrientes exegéticas detectadas en los últimos tiempos en torno al rol procesal de las cortes supremas, especialmente constatable en la reciente e iconoclasta doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), alarmantemente laxa en relación con la naturaleza extraordinaria de la casación.

Así, el citado artículo circunscribe taxativamente el objeto de la pretensión casacional en la anulación, total o parcial, de la sentencia o auto impugnado y, en su caso, la devolución de los autos al tribunal de instancia o la resolución del litigio por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo dentro de los términos en que apareciese planteado el debate. Y aún se da un paso más,  al apoderar a la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo para determinar, mediante acuerdo que se publicara en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la extensión máxima y otras condiciones extrínsecas, incluidas las relativas a su presentación por medios telemáticos, de los escritos de interposición y de oposición de los recursos de casación. Exigencias formales sin duda llamativas por su novedad, pero aún muy lejos de las extraordinariamente rigurosas que contempla el procedimiento ante el TEDH, el TJUE o el Tribunal Supremo Federal de los Estados Unidos, en donde la intervención no se limita al número de páginas, sino que alcanzan al tamaño del papel, el tipo de impresión, incluso los colores de las portadas de los escritos, distinguiéndose, por ejemplo, el del peticionario por su cubierta azul, el del recurrido por ser de color rojo o, finalmente,  verde aquellos escritos presentados por el denominado amicus curiae.0f219ac8f9bc2e18-lessecrtairesdelaconfrence2013etlesnouveauxsecrtairesdelaconfrence2014

Es evidente que el afán que subyace en este nuevo y vindicativo precepto es el de la singularización del recurso de casación desde el prisma de su extraordinariedad, tanto sustantiva como formal.  La adopción de un sistema discrecional de admisión de asuntos ante las altas magistraturas supone una dificultad técnica añadida a la hora de la elaboración de los escritos de preparación e interposición que, como pone de manifiesto la nueva regulación y los textos rituarios que regulan el proceso impugnativo de la mayoría de las instancias superiores de otros países, supone un incremento adicional en cuanto a las exigencias formales requeridas. En este sentido,  el legislador ha perdido una extraordinaria oportunidad para establecer una especial cualificación a los abogados que actúan profesionalmente ante las magistraturas superiores, tal y como ocurre en ordenamientos jurídicos tanto de nuestro entorno procesal como de otros más disimiles.

En Francia, la prestigiosa ordre des avocats au conseil d’etat et à la cour de cassation, desde 1817 ostenta el monopolio de la representación legal –a excepción de los contenciosos electorales- ante el Tribunal Supremo y el Consejo de Estado, siendo actualmente ciento doce los abogados y cuarenta y ocho las SCP (société civile professionnelle) especialmente habilitados para ejercer ante las referidas instancias. El sistema de acceso está sujeto a condiciones estrictas de capacidad, evaluadas merced a un examen de ingreso y un período de formación tres años, tras lo cual el aspirante es nombrado  por orden del Ministro de Justicia.

Asimismo, desde la Legge de 28 de mayo de 1936, n. 1003 –reformada recientemente por el art. 22 de la Legge Professione Forense, de 31 de diciembre de 2012 (n. 247)- en Italia se contempla un registro especial para el ejercicio profesional ante la Corte di cassazione y otras jurisdicciones superiores, requiriéndose a los abogados para operar ante dichas instancias una práctica profesional de al menos diez años ante tribunales de apelación, contemplándose algunas excepciones al referido plazo en el art. 33 del RDL de 27 de noviembre de 1933, en relación con aquellos que hubieren tenido anteriormente la condición de prefectos.

Finalmente, y por poner también un ejemplo del modelo de common law –del que la reforma de la casación contenciosa es tan tributaria-, la regla 5.2 de las reguladoras del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, establece que para ser admitido en el Bar (asociación de abogados que pueden ejercer y asistir a los hearings ante la Corte Suprema), el solicitante debe acreditar un ejercicio profesional de al menos tres años ente el tribunal supremo de un Estado; debe asimismo certificar que carece de notas disciplinarias en su carrera profesional y, finalmente, los miembros del Tribunal Supremo deben apreciar «el buen carácter moral y profesional» del interesado. Si cumple con estos requisitos, deberá formalizar una solicitud ante el Clerk (Secretario), respaldada por  la declaración jurada de dos avalistas que sean miembros del Bar of the Supreme Court of the U.S. que confirmen la veracidad de la declaración del solicitante. Si de la documentación aportada y de los testimonios evacuados se demuestra que el solicitante posee las cualificaciones necesarias, el interesado deberá efectuar el juramento y una vez  satisfecha la cuota correspondiente, el Clerk notificará al solicitante la aceptación por parte del Tribunal de Justicia como miembro del Colegio de Abogados y expedirá un certificado de admisión.

El protagonismo de los abogados y su responsabilidad en el éxito de esta reforma son certezas axiomáticas desde cualquier punto de vista,  al configurarse su actuación como un tamiz natural de asuntos de naturaleza exógena, dimanante de códigos y estándares establecidos por la propia abogacía. Y en segundo lugar, desde el prisma cualitativo, elevándose consecuentemente el nivel técnico de los papeles que acceden a esta última instancia y, con ello y en justa reciprocidad, las resoluciones que deben contestarles y dar respuesta. Los abogados facultados ante las jurisdicciones superiores de los países a los que hemos hecho referencia no son mejores juristas que sus compañeros no habilitados. Están, sencilla pero nodalmente, mejor instruidos para desenvolverse en un terreno procesal extraordinariamente especializado, y al estar sus organizaciones umbilicalmente relacionadas con el funcionamiento de las Cortes Supremas, su eficiencia repercute en planos que son ingénitos: el interés del litigante y el buen funcionamiento del órgano jurisdiccional.

Imagen|Tribunal,  Secretaires de la Conference

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