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A vueltas con el artículo 135 de la Constitución

Fruto de los efectos de una crisis económica que en 2011 se hallaba en pleno apogeo y ante la dificultad de financiación de la deuda y el riesgo de insolvencia, el entonces gobierno socialista presidido por José Luis Rodríguez Zapatero pactó con la oposición la aprobación de una reforma constitucional que introducía los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en el artículo 135 de la misma, desarrollados posteriormente en la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril. Grupos de la oposición batallan contra el Gobierno por causa de lo que contiene este precepto, pero, ¿qué implica exactamente este artículo?

La finalidad de la reforma de la Constitución fue dar prioridad absoluta al pago de intereses y del capital de la deuda púbica. El artículo nos dice, ya en su primer punto, que Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria. Así, y desde el año 2013 y hasta 2020, se establecen en la Ley Orgánica de desarrollo unos límites para cada Administración, como la disminución de la ratio Deuda Pública/PIB en dos puntos como mínimo en determinadas situaciones de crecimiento real del PIB y del empleo, y un techo de gasto que no puede superar la tasa de crecimiento real del PIB.

También el conjunto de las Administraciones Públicas tienen sus obligaciones, pues el déficit estructural habrá de reducirse en un 0,8% del PIB anual hasta 2020, y no podrá superarse salvo en los casos que establece el punto 4 del mismo artículo (catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria). De igual modo, el volumen de deuda pública para el conjunto de las Administraciones no podrá superar en conjunto el 60% del PIB o el que fije la normativa europea.

La Constitución Española de 1978.

La Constitución Española de 1978.

Así, para lograr la consecución de los principios arriba mencionados es voluntad de la ley que los ingresos que se obtengan por encima de lo presupuestado se destinen íntegramente a reducir la deuda. Además, la ley determina en su Capítulo IV una serie de medidas preventivas, correctivas y otras coercitivas, que harían incurrir en responsabilidad a las Administraciones que incumplan las obligaciones establecidas por dicha ley.

Ahora el líder del PSOE, Pedro Sánchez, admite que la reforma de este precepto fue un error, una medida que hubo de adoptarse en tiempos difíciles, y por eso el partido ha votado a favor de la propuesta de la Izquierda Plural de dar prioridad a los servicios públicos en lugar de al pago de la deuda, como el citado artículo establece.

Vía|  LO 2/2012 de 27 de diciembre, CadenaSer, El Mundo

Imagen: La Constitución Española de 1978.

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