Jurídico 


A rey muerto, rey puesto: la regencia de la Reina María Cristina (II)

Retomamos la cuestión donde la dejamos. De acuerdo con el artículo 66 de la constitución de 1876, el Rey no alcanzaría la mayor edad (y por tanto no podría asumir sus funciones) hasta cumplir los dieciséis años de edad. Hasta entonces, debía ser instituido regente «el padre o la madre del Rey y en su defecto el pariente más próximo a suceder en la Corona» (artículo 67). En defecto de padre, recayó la regencia en la viuda de Don Alfonso XII, Doña María Cristina de Habsburgo-Lorena. Puede apreciarse así que la regencia diseñada por la constitución de 1876 era de carácter unipersonal (no recaía en un órgano colegiado) y dinástico [1] (pues el cargo sólo podía ser confiado a un pariente próximo al Rey).

A propósito de las potestades regias, y como ya se ha apuntado antes, la Reina Regente ejercía todas las funciones que de acuerdo con la constitución correspondían al Rey menor. De este modo, la Reina Regente sancionaba las leyes, nombraba y separaba a los ministros, concedía honores y distinciones, declaraba la guerra y firmaba la paz, entre otros, en nombre de su hijo. Sirva a título de ejemplo, por tratarse de un cuerpo legislativo que sigue vigente a día de hoy y que es cercano a todos los juristas, la fórmula promulgatoria del Real Decreto de 24 de julio de 1889, por el que se aprueba el Código Civil «En nombre de mi Augusto Hijo, el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino».

El desempeño del cargo por la Reina Regente

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Cánovas del Castillo y el conde de Toreno toman juramento a Doña María Cristina. Cuadro de Francisco Jover y de Joaquín Sorolla.

Tras prestar juramento de fidelidad al Rey menor y de guardar la constitución y las leyes ante el Gobierno y ante las Cortes (conforme al artículo 69), Doña María Cristina ejercería la regencia durante diecisiete años. Sin perjuicio de que se trata de una institución de derecho político muy antigua y de que, como ya se ha apuntado, no era en absoluto desconocida en la historia política española, la regencia fue especialmente importante en este periodo. En efecto, el proyecto canovista de moderación y reequilibrio de la vida social, política y económica de España no podría haberse realizado sin un eje monárquico en torno al cual construirlo. En este sentido, se hacía indispensable asegurar la continuidad dinástica, entre otros, mediante la regencia.

Sin bien la constitución de 1876 configuraba una monarquía parlamentaria de acuerdo con los designios del entonces dominante liberalismo doctrinario [2], el modo de ejercer el limitado poder real varió según la testa coronada de cada momento. Así, Don Alfonso XII se despreocupó mucho de sus obligaciones, sea por ardor juvenil, por el enorme respeto que le tenía a Cánovas del Castillo o por el recuerdo del exilio, por lo que confió ciegamente las riendas del gobierno a sus ministros. Doña María Cristina hizo otro tanto durante su regencia, especialmente a causa de su falta de experiencia política, y según el conde de Romanones, no se la pudo acusar de la más leve falta contra la letra de la constitución. Las tornas cambiarían con Don Alfonso XIII, quien tomaría una participación mucho más activa en la política tanto por su fuerte carácter como por la ausencia de líderes firmes en los partidos políticos de la que adoleció su reinado.

Advenida la mayoría de edad de Don Alfonso, éste pasó a desempeñar sus funciones en plenitud en 1902 al recibir finalmente la corona, extinguiendo así la regencia de su madre.

Vía| Constitución española de 1876, Código Civil español de 1889., Curso de Historia del Derecho, José Antonio Escudero. Editorial José Antonio Escudero López (3º edición, 2003), Breve historia del constitucionalismo español, Joaquín Tomás Villaroya. Centro de Estudios Constitucionales (12º edición, 1997).

Imagen| Jura de María Cristina

En QAH | A rey muerto, rey puesto: la regencia de la Reina María Cristina (I)


[1] La regencia también puede ser testamentaria (persona designada por el anterior Rey en su testamento) o parlamentaria (el regente es directamente designado por las Cortes u órgano equivalente).

[2] Rama del pensamiento liberal conservador que dicta que la soberanía debe ser compartida entre las Cortes y el Rey. En consecuencia, el monarca conserva algunos poderes reales (en el sentido de no meramente formales), y no queda arrinconado en un cargo meramente honorífico y carente de potestades que no superan el formalismo (tal es el caso de la monarquía constitucional diseñada por la constitución de 1978).

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