Jurídico 


A rey muerto, rey puesto: la regencia de la Reina María Cristina (I)

El 29 de diciembre de 1874, el general don Arsenio Martínez-Campos Antón llevaba a cabo un pronunciamiento en Sagunto por el que proclamaba Rey de España a Don Alfonso XII, cerrando así el convulso y anárquico periodo que venía agitando España desde la revolución de 1868. Restaurada la monarquía liberal, se abría la mayor etapa de estabilidad política que España recordase desde los días anteriores a la invasión napoleónica, y que habría de derrumbarse con la proclamación de la Segunda República en 1931.

 Sin embargo, no es el objeto del presente artículo hacer relación de los sucesos históricos que precedieron el ascenso al trono de Don Alfonso XIII, ni tampoco narrar los años de la Regencia de la Reina María Cristina. A ello ha dedicado sus esfuerzos mi compañero de letras don Manuel Mariscal Zabala, fruto de los cuales surge con vigor su artículo publicado hoy en la Sección de Historia de esta ilustre revista, y al que me remito en todos los extremos históricos de esta cuestión.

 Centrado pues el tiro con las consideraciones jurídicas, procedamos con la cuestión que nos ocupa.

Una nueva constitución

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Estatua ecuestre de Don Alfonso XII en el Parque del Retiro (Madrid).

Restaurada la monarquía liberal, surgió el problema de dotarla de una ley fundamental para regirla. Descartadas las opciones de volver a los textos de 1845 o de 1869, pues su configuración era demasiado partidista (y lo que la II Restauración anhelaba era precisamente la estabilidad política), don Antonio Cánovas del Castillo, por entonces Presidente del Consejo de Ministros, propone redactar un nuevo texto que supere las deficiencias de los anteriores. A instancias de Cánovas del Castillo se reúne un grupo de seiscientos antiguos senadores y diputados de variada filiación ideológica (si bien todos liberales) para discutir un texto de consenso que evite nuevas confrontaciones. De este grupo, que aprueba por unanimidad el texto, nace una comisión de treintainueve notables, encargada de «formular las bases de una legalidad común» y presidida por don Manuel Alonso Martínez (quien de facto ejercería como redactor del texto finalmente aprobado), quien en 1889 se destacaría por encabezar la lamentable redacción del Código Civil. Aprobada por ambas Cámaras y ratificada por referéndum nacía, entre el hastío del pueblo (que a estas alturas ya estaba dispuesto a aceptar cualquier cosa con tal de recuperar algún tipo de orden) y el pactismo de los próceres liberales, la constitución de 30 de junio de 1876. Esta constitución duraría hasta su supresión por el general Primo de Rivera en 1923, revelándose como la más duradera constitución española hasta la fecha.

El fin primordial de esta nueva constitución era alcanzar la estabilidad que permitiese la reconstrucción de una España asolada por múltiples guerras civiles (la Tercera Guerra Carlista había finalizado en 1876) y desangrada por cambios políticos constantes, lo que a su vez era presupuesto para intentar de una vez por todas la pendiente industrialización del país. En este sentido, la preservación de la institución monárquica se erigía como la única garantía de estabilidad política (junto con el turnismo establecido en el Pacto de El Pardo) que tanto necesitaba la España de entonces. Los constituyentes de 1876 eran muy conscientes de que la monarquía ocupaba una posición central en su labor, hasta tal punto que Cánovas del Castillo llegó a proclamar en un debate parlamentario «Invocando toda la historia de España, creí entonces, creo ahora […] que [de] todas nuestras constituciones sólo quedaban intactos en España dos principios, el principio monárquico […] y la institución secular de las Cortes».

 

La institución de la regencia

Cuando Don Alfonso XII, vencido por la tuberculosis, pasa a mejor vida el 25 de noviembre de 1885 (contando entonces sólo veintisiete años), España queda sin rey constitucional y sin sucesor al trono, pues su hijo póstumo no nacería hasta el 17 de mayo de 1886. Al igual que sus predecesores, el texto de 1876 dedicaba un Título completo (el VIII en este caso) a la institución de la regencia, para cuya definición nos parece interesante la acepción tercera del Diccionario de la Real Academia Española «Gobierno de un Estado [1] durante la menor edad, ausencia o incapacidad de su legítimo príncipe». De esta definición se desprende que la regencia es aquella institución de derecho político por la que máxima magistratura de la comunidad política que adopte la forma monárquica (en el caso que nos ocupa, del Estado), es asumida por persona (o personas) distinta de aquella a la que en derecho corresponde por causa de ausencia, menor edad o enfermedad. Es decir, se coloca de forma temporal a alguien que no es el Rey en el lugar del Rey, asumiendo las funciones del Rey [2] que ejerce en nombre del Rey y sin privar por ello al Rey de su condición.

En la próxima entrega continuaremos examinando la institución de la regencia y analizaremos el desempeño del cargo por Doña María Cristina.

Vía| Constitución española de 1876, Código Civil español de 1889., Curso de Historia del Derecho, José Antonio Escudero. Editorial José Antonio Escudero López (3º edición, 2003), Breve historia del constitucionalismo español, Joaquín Tomás Villaroya. Centro de Estudios Constitucionales (12º edición, 1997).

Imagen| Alfonso XII


[1] La RAE identifica aquí Estado con comunidad política (cuando el primero es una de las formas que puede adoptar la segunda), seguramente fruto de la traducción incorrecta de status rei publicae (república) por Estado que hace la Escuela Histórica de Derecho de los textos romanos. Este error es comúnmente lastrado desde el siglo XIX.

[2] «Artículo 72: El Regente, y la Regencia en su caso, ejercerá toda la autoridad del Rey, en cuyo nombre se publicarán los actos del Gobierno. »

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