Jurídico 


A propósito de las últimas sanciones impuestas por la CNMC

La existencia de una competencia efectiva entre las empresas constituye uno de los elementos definitorios de la economía de mercado imperante en nuestro país, disciplina la actuación de las empresas y reasigna los recursos productivos en favor de los operadores o las técnicas más eficientes. Para lograr el mantenimiento de una competencia efectiva surge el denominado “derecho de la competencia”, integrado por una doble normativa a nivel nacional; de una parte, la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (en adelante, “LDC”), y, de otra, la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal.

La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (en adelante, “CNMC”) es el órgano al que se encomienda la defensa de la libre competencia frente a las conductas o prácticas llevadas a cabo por los propios participantes en el mercado en la búsqueda de eliminar o reducir la competencia. La CNMC es un órgano de derecho público, independiente y con potestad sancionadora para el cumplimiento de sus fines.

En las últimas semanas, la CNMC ha impuesto dos de las mayores sanciones de su historia a diversas empresas de dos sectores estratégicos (energía y alimentación) por la realización de prácticas colusorias (fijación de precios e intercambio de información) prohibidas por el artículo 1 LDC. Las conductas colusorias están constituidas por aquellos acuerdos, decisiones o recomendaciones colectivas que tengan por objeto, produzcan o puedan producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en todo o en parte del mercado nacional.

Como regla general, la realización de cualquiera de las conductas descritas en dicho precepto dará lugar a la nulidad de pleno derecho de los acuerdos amparados en ella, además de la imposición de sanciones tanto de carácter civil (para resarcir los perjuicios causados a terceros) como administrativas, consistentes en multas pecuniarias en función de la actuación llevada a cabo y del volumen de negocio de la infractora. Al respecto, ha de tenerse en cuenta lo manifestado por la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 3ª, de 29 de enero de 2015, al establecer los criterios para la determinación del quantum sancionador siguiendo la lógica aplicada por el Tribunal Federal alemán en su sentencia de 26 de febrero de 2013. No obstante, la realización de dichas conductas no serán sancionadas cuando concurran las exenciones previstas en el artículo 1.3 LDC, calificándose en tal caso las mismas como conductas autorizadas, al no afectar efectivamente a la competencia.

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A propósito de las últimas sanciones impuestas por la CNMC

Como mencionábamos anteriormente, la CNMC ha sancionado al denominado “cartel lácteo”, formado por nueve empresas y dos asociaciones del sector, con 88,2 millones de euros por fijar el precio y el volumen de compra a los ganaderos, estando dichas conductas prohibidas tanto por el artículo 1 LDC como por el artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Las empresas intercambiaban información con el objetivo de “ajustar su comportamiento y evitar ofrecer mejores precios y condiciones comerciales a los ganaderos”, limitando así la competencia en el mercado de aprovisionamiento de leche cruda. Es de destacar que fueron los propios agricultores y ganaderos quienes denunciaron estas prácticas de las empresas transformadoras de leche ante la CNMC, ya que cualquier persona física o jurídica, interesada o no, puede denunciar estos hechos para que se proceda a su investigación (art. 49 LDC).

También recientemente sancionó la CNMC con 32,4 millones de euros a cinco empresas petroleras por pactar una política de fijación de precios y por intercambiar información empresarial sensible, habiendo sido ya algunas de ellas sancionadas con anterioridad.

Estas sanciones se unen a otras impuestas últimamente, como, por ejemplo, la multa de 98,2 millones de euros impuesta a 39 empresas por pactar fraudulentamente la gestión de residuos y saneamiento urbano  al repartirse entre ellas las licitaciones ofertadas por las administraciones públicas; y la sanción impuesta por valor de 35 millones de euros a empresas de alquiler de vehículos por pactar una fijación de precios en el sector.

Para finalizar, es probable que en un breve espacio de tiempo se impongan más sanciones de este tipo a empresas que lesionen la libre competencia que ha de regir nuestra economía de mercado. Una muestra más de la intensa actividad que está llevando a cabo la CNMC es la apertura de un expediente sancionador contra los principales fabricantes de turrón por las mismas conductas colusorias antes descritas.

Más información| notas de prensa de la CNMC publicadas en su página web.

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