Jurídico 


A golpe de decretazo (I)

Seguro que más de una vez han escuchado a alguien hablar mal del gobierno de turno por llevar a cabo la mayoría de sus políticas, cómo no, a golpe de decretazo. ¿Pero sabemos realmente qué es lo que esta expresión significa? Y lo que es más importante aún, ¿por qué es y efectivamente debe ser algo tan criticable? Separaremos la explicación en dos artículos para analizarla concienzudamente.

Como sabemos, la principal forma de legislar en un Estado es a través de las leyes en sentido estricto. Estas son las leyes emanadas del parlamento, sede de la soberanía nacional del país, y por tanto portador único de la legitimidad suficiente para crear las reglas que han de regir al pueblo que conforma dicha nación. Al ser la elaboración de leyes un asunto de semejante importancia, ocurre que cuando se trata de algún tema relacionado con nuestros derechos fundamentales y libertades públicas, los Estatutos de Autonomía, el régimen electoral general, así como cualquier otro aspecto contemplado en la Constitución; dicha ley deberá ser una ley orgánica, para cuya aprobación se requiere mayoría absoluta en el Congreso –artículo 81 CE-. Sin embargo, nuestra Constitución contempla, además de las leyes ordinarias y las leyes orgánicas ya mencionadas, otras normas que a pesar de no ser dictadas por el poder legislativo, poseen el mismo rango de ley. Son los Reales Decretos Legislativos y los Reales Decretos Ley, regulados en los artículos 82 y 86 de la CE.

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Cuando hablamos de decretazo nos estamos refiriendo al popularmente conocido como Decreto-Ley. Esta figura legislativa, tiene la característica fundamental de que quien hace uso de ella no es precisamente el parlamento, sino el propio gobierno a iniciativa propia. En principio, dicha herramienta queda relegada exclusivamente, tal y como establece la CE, a casos de extraordinaria y urgente necesidad”, además de que deberá ser sometido a su correspondiente debate y posterior votación en las Cortes Generales. Pudiera parecer que esto último legitima por completo el uso del Decreto-Ley como manera de legislar pero en ningún caso podemos interpretarlo de tal modo. Al menos si echamos un vistazo a lo que ha sido su aplicación en los últimos años. Es importante destacar que el control parlamentario se produce a posteriori, una vez el contenido del Decreto ha surtido todos sus efectos, por lo que el gobierno puede legislar a su antojo –dentro de unos límites materiales claro está-, aprovechando la tardanza que pueda tener su debate posterior en el parlamento, para lo que en principio está previsto un plazo de 30 días, siempre y cuando se llegue a aprobar una ley que salve la provisionalidad del Decreto-Ley, cosa que no siempre se consigue.

Vía | elaboración propia

Imagen | diariodesevilla.es

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