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A Díaz Ferrán su declaración de IRPF de 2010 le salía a devolver, ¿Cómo?

La noticia parte de la Cadena Ser, según sus informantes, la declaración de la renta correspondiente al año 2010 de Gerardo Díaz Ferrán, le salió a devolver en la cuantía de 2.052,47 €.

La información corre como la pólvora, la práctica totalidad de los medios del país incluyen en su cobertura sobre la “Operación Crucero” el hecho de que el último implicado en un caso de fraude a gran escala en nuestro país, haya conseguido que aún encima la Agencia Tributaria le devuelva dinero por su declaración de IRPF. El interés sobre la noticia llega incluso hasta la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros del día 7 de diciembre, en la que se le pregunta a la Vicepresidenta del Gobierno sobre el tema.

El impacto social de la noticia está claro, las redes sociales se hacen eco inmediato del titular y las tertulias comentan como Hacienda ha sido “chuleada” una vez más, cuando no se insinúa incluso una cierta connivencia por parte del Fisco con este tipo de contribuyentes.

Sin embargo, una vez más, nos quedamos solo con el titular y no nos paramos a pensar un poco en qué es lo que está ocurriendo. ¿Puede ser “normal”, o mejor dicho legal que, a un contribuyente como Díaz Ferrán, su declaración de la renta le salga a devolver? Pues la respuesta, por sorprendente que nos pueda parecer, es sí. Las personas que disponen de un gran patrimonio y tienen recursos suficientes, apenas tributan por IRPF, que tiene un tipo marginal superior al 50 %. Escapan legalmente a esta tributación mediante la creación de sociedades con las que administran tanto su patrimonio como los rendimientos o beneficios que éste pueda generar. De este modo, pasan a tributar por el Impuesto de Sociedades a un tipo marginal del 30 %. Incluso podrían llevar a cabo una planificación fiscal más agresiva, empleando Instituciones de Inversión Colectiva como las SICAV o trasladando sus capitales a paraísos fiscales o territorios de baja tributación para eludir el pago de impuestos en España.  Teniendo esto en cuenta, resultaría lógico pensar que Díaz Ferrán, como tantos otros grandes contribuyentes, no tenga apenas ingresos que declarar en su IRPF: ni tendrá nómina, ni rendimientos de capital, ni ganancias patrimoniales como persona física. Este hecho, unido a sus circunstancias personales (cónyuge, número de hijos, edad, concurrencia de discapacidad…) y a la propia técnica del impuesto mediante el sistema de retenciones, exenciones, deducciones y mínimos exentos, hacen perfectamente posible e incluso “normal” que su declaración de la renta pueda salir a devolver.

Lo que ya no parece tan normal, es que los medios de comunicación se centren en la anécdota sensacionalista, dejando de lado lo verdaderamente importante. El ciudadano se queda con la idea de que este hombre tenía en su casa un lingote de oro y un montón de dinero en efectivo, valiéndose de haber pasado por cargos tan relevantes como el de presidente de la Patronal, haciendo quebrar a una gran empresa como Marsáns y para colmo engañando y lucrándose de una Hacienda Pública que parece que no se entera.

Sin embargo, yo diría que la AEAT está haciendo su trabajo razonablemente bien, tanto en este caso, como en anteriores relativos a la corrupción en Mallorca o a las mafias chinas. Nuevamente ha sido clave para destapar el complejo entramado societario que parece que hay detrás de esta operación y aportar al juez las pruebas necesarias para que este individuo haya ingresado en prisión. Otro dato más, es que con estas pruebas Hacienda le reclamará a Díaz Ferrán cerca de 20 millones de € por fraude fiscal, entre los que seguramente se incluirán los dichosos 2.052,47 € de su devolución por el IRPF de 2010 si se demuestra que no tenía derecho a percibirlos.

En definitiva, parece que entre nuestros medios de comunicación sigue estando de moda aquello de “nunca dejes que una mala noticia te estropee un buen titular”, dejando escapar una excelente oportunidad de denunciar los verdaderos fallos de nuestro sistema tributario y promover una sana conciencia fiscal entre los ciudadanos que contribuya a una mayor efectividad de la lucha contra el fraude.

Imagen| Gerardo Díaz Ferrán.

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