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A cada uno lo suyo: consideraciones sobre la supuesta huelga de estudiantes (II)

Retomamos el análisis del pretendido derecho a huelga de los estudiantes donde lo dejamos, abordando en esta entrega el ámbito de aplicación del derecho de huelga.

III.- Ámbito de aplicación

Se trata esta de la cuestión nuclear del asunto que nos ocupa, por lo que las líneas precedentes únicamente han de servirle a modo de aproximación. En efecto, para determinar si los estudiantes tienen derecho a la huelga, primero debe analizarse el ámbito de aplicación subjetivo (es decir, qué sujetos gozan de tal derecho) de tal derecho. Como ya se ha anticipado, el artículo 28.2 CE dispone que se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores [1], y sólo a ellos. El propio texto constitucional ya indica el ámbito subjetivo de este derecho, circunscribiéndolo únicamente a los individuos que gocen de la condición de trabajador. Y siguiendo el principio de interpretación literal, el Legislador (el Constituyente en este caso) dice en la norma exactamente lo que quiere decir, y no otra cosa. Es decir, a pesar de que los márgenes de la interpretación jurídica son relativamente amplios cuando los términos son difusos o genéricos, en modo alguno puede abusarse de esta flexibilidad hermenéutica para invertir el sentido de los conceptos. Si en lugar de hablar de trabajadores, la CE hubiese empleado, como hace en otros preceptos, fórmulas genéricas (e.g. art. 16 «Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos») o impersonales (e.g. art. 15 «todos tienen derecho a la vida») (las negritas son nuestras), podría llegar a discutirse el alcance de la norma. Pero no en este caso. El Constituyente, consciente de la necesidad de delimitar el ámbito de aplicación del derecho a aquellos a los que éste corresponde por razón de su propia situación, prefirió emplear un término específico y técnico que limitase interpretaciones indeseadas.

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A mayor abundamiento, el mismo Constituyente que escogió emplear un término específico, pudiendo usar otros más generales o abstractos estableció previsiones restrictivas de este derecho. Así, el artículo 28.1 CE, que trata de la libre sindicación (estrechamente relacionado con el derecho a la huelga), prevé que «La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados o a los demás Cuerpos sometidos a disciplina militar y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos». Esta previsión se hace efectiva por la vía del artículo 6.8º de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: «Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no podrán ejercer en ningún caso el derecho de huelga, ni acciones sustitutivas del mismo o concertadas con el fin de alterar el normal funcionamiento de los servicios» (la negrita es nuestra). La misma previsión de que el derecho a la huelga admita excepciones abona la tesis de que no se trata de un derecho universal de todos los sujetos. En efecto, más allá de la sistemática jurídica aquí explicada se impondrá, tal y como quedará explicado en los párrafos siguientes, una exigencia puramente lógica: no puede practicar la huelga quien no trabaja. Pero esto lo veremos enseguida.

Resumiendo lo anterior, baste decir que en nuestro ordenamiento el derecho a la huelga queda únicamente reservado a los trabajadores.

Empero, podríamos preguntarnos entonces qué se considera trabajador a efectos jurídico-laborales, por si fuese posible encajar en su tenor a los estudiantes. Nada más lejos de la realidad. El artículo 1 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, dispone y manda: al definir su ámbito de aplicación «1.  La presente Ley será de aplicación a los trabajadores que voluntariamente presten sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, física o jurídica, denominada empleador o empresario.». La ley no podría ser más clara, definiendo al trabajador a efectos legales a aquellas personas que reúnen los siguientes requisitos: (i) voluntariedad; (ii) prestación de servicios por cuenta ajena; (iii) retribución; y (iv) sumisión al poder de dirección de un empleador o patrón. Si analizamos el caso de los estudiantes, sean los que cursan la educación escolar o universitaria, comprobaremos fácilmente que no cumplen con los requisitos para ser considerados trabajadores. Así, de ningún modo prestan servicios (no dedican su experiencia técnica ni un saber especial a una cierta actividad de producción de bienes o de prestación de servicios) a un tercero, ni se les paga un salario por ello. Tampoco están sometidos en el ejercicio de una actividad de prestación de servicios o de producción de bienes (en la que no participan) al poder de dirección de un tercero que programe y rija dicha actividad. Por último, el requisito de la voluntariedad se aplica a la aceptación de una relación laboral, que por tanto tampoco se cumple en este caso. Es decir, no parece que en buena lógica jurídica pueda considerarse trabajador a un estudiante, por no estar sujetos a un relación laboral.

En suma, y para cerrar ya este apartado de la reflexión que hoy nos ocupa, parece claro que (i) el derecho a la huelga está reservado exclusivamente a los trabajadores; y que (ii) los estudiantes no pueden ser considerados trabajadores a efectos legales.

Vía | Constitución española de 1978; Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo sobre relaciones de trabajo; Sentencia del Tribunal Constitucional de 8 de abril de 1981; Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores; Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Imagen| Cartel cerrado por huelga

[1] Dejamos aquí al margen la discusión sobre la titularidad y ejercicio del derecho a la huelga, entendiendo la opinión mayoritaria que su titularidad es individual pero su ejercicio es colectivo.
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