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A cada uno lo suyo: consideraciones sobre la supuesta huelga de estudiantes (I)

«Sobre lo que no podemos hablar debemos guardar silencio.» Ludwig Wittgenstein (Tratado Lógico-Filosófico, 1921).

En los últimos años y, muy especialmente, desde el estallido de la crisis económica mundial en 2007, hemos sido testigos de numerosos actos de protesta ciudadana como reacción a la degradación de las prestaciones sociales y al auge monstruoso del desempleo. Entre estas agitaciones pueden contarse numerosos actos de autodenominada «huelga estudiantil», bajo las que se organizan protestas y manifestaciones de toda clase, sean contra la gestión política, los recortes de las prestaciones sociales o el aumento de las tasas universitarias, entre otros muchos motivos. Sin entrar a valorar la bondad de estas reclamaciones –pues no el objeto de estas líneas-, quisiéremos hacer algunas consideraciones a propósito del pretendido derecho a la huelga del que echan mano ciertos estudiantes para hacer valer sus reclamaciones.

I.-Regulación

Antes de entrar en materia, parece necesario hacer una breve alusión al encaje constitucional y legal del derecho a la huelga. En primer lugar, el artículo 28.2 de la constitución española de 1978 (en adelante, «CE») dispone y manda «Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad» (la negrita es nuestra). Por aplicación del artículo 53.2 CE, los derechos enumerados en la Sección Primera del Capítulo Segundo del Título Primero (esto es, artículos 15 al 29, ambos incluidos), además del contenido en el artículo 14 (igualdad ante la ley) gozarán del cauce de defensa del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Por ello, el derecho de huelga, por su posición privilegiada en el engranaje constitucional, se erige en calidad de derecho fundamental, siéndole otorgada de esta forma la máxima consideración y protección que ofrece nuestro ordenamiento jurídico actual.

Curiosamente, la legislación de desarrollo de este precepto constitucional se encuentra detallada en el Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo sobre relaciones de trabajo, norma preconstitucional. Con la entrada en vigor de la CE, el Tribunal Constitucional revisó su constitucionalidad y mediante su Sentencia dictada en Pleno del 8 de abril de 1981, declaró inconstitucionales buen número de sus preceptos. En consecuencia, la regulación del derecho de huelga, hasta que se apruebe la ley orgánica que por ministerio constitucional le corresponde de acuerdo (de hecho, se trata del único derecho fundamental no regulado por ley orgánica) con la reserva de ley orgánica [1] del artículo 81.1 CE, está contenida en una norma preconstitucional parcialmente anulada por el Tribunal Constitucional, lo que explica buen número de deficiencias y disfuncionalidades que se producen en este campo, pero que no es menester tratar aquí.

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Cartel de la CNT llamando a la huega estudiantil.

II.- Contenido

Liquidada le necesaria alusión a la normativa aplicable que todo análisis sistemático exige, pasemos ahora a desentrañar, de manera sucinta para no desvirtuar nuestro propósito, el contenido del derecho a la huelga –esto es, determinar en qué consiste exactamente (de qué facultades se compone)-. Sumariamente, el derecho de huelga se traduce en la suspensión temporal, por causa justa (otra cosa es que la definición de dicha causa y su control sean en extremo laxos), de las prestaciones pactadas en el contrato laboral. Es decir, el trabajador (que ofrece trabajo, es decir su pericia o su saber) deja de ejercer las actividades por las que fue empleado, y el empleador o patrono (que ofrece empleo) deja de abonarle la remuneración pactada como contraprestación del trabajo desempleado (el salario). Esto no significa que la relación laboral se extinga (pues finalizada la huelga ambas prestaciones se retoman con normalidad), si no que queda temporalmente suspendida. Así lo dispone expresamente el Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo sobre relaciones de trabajo, que en su artículo 6 manda (las negritas son nuestras):

«1.El ejercicio del derecho de huelga no extingue la relación de trabajo, ni puede dar lugar a sanción alguna, salvo que el trabajador, durante la misma, incurriera en falta laboral.

2.Durante la huelga se entenderá suspendido el contrato de trabajo y el trabajador no tendrá derecho al salario.

3. El trabajador en huelga permanecerá en situación de alta especial en la Seguridad Social, con suspensión de la obligación de cotización por parte del empresario y del propio trabajador. El trabajador en huelga no tendrá derecho a la prestación por desempleo, ni a la económica por incapacidad laboral transitoria.

4.Se respetará la libertad de trabajo de aquellos trabajadores que no quisieran sumarse a la huelga.»

No profundizaremos en otros aspectos del contenido del derecho, por no ser este el objeto del presente artículo.

En la siguiente entrega de esta serie analizaremos el ámbito de aplicación del derecho de huelga, para culminar la exposición en una tercera entrega que propondrá una serie de consideraciones extrajurídicas sobre la cuestión.
Vía | Constitución española de 1978; Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo sobre relaciones de trabajo; Sentencia del Tribunal Constitucional de 8 de abril de 1981; Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores; Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Imagen | Cartel CNT

[1] Orden del Constituyente por la que ciertas materias deben ser obligatoriamente reguladas mediante el instrumento de una ley orgánica (la diferencia con la ley ordinaria es que requiere una votación favorable por mayoría absoluta al final de su tramitación). De acuerdo con el art. 81.1 CE, estas materias son: (i) las dictadas en desarrollo de derechos fundamentales y libertades públicas; (ii) las que aprueben estatutos de autonomía; (iii) las que aprueben el régimen electoral general y (iv) otras que mande la CE a lo largo de su articulado (e.g. defensor del pueblo, ex art 54, suspensión de derechos y libertades, ex art. 55, iniciativa legislativa popular, ex art. 87, etc.).

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