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9-N: ¿Responsabilidad penal?

9-N ¿Responsabilidad penal?El presente artículo no trata en absoluto de exponer lo acontecido el pasado 9 de noviembre en Cataluña. Todo lo contrario, a toro pasado lo que trataré de hacer es entender la querella presentada por la fiscalía contra el Presidente de la Generalitat y algún otro miembro del Govern así como tratar de exponer sus argumentos.

Como es bien sabido el 9 de noviembre se llevó a cabo una consulta no vinculante buscando conocer la opinión de la ciudadanía catalana acerca de una la segregación territorial de Cataluña de España y, en consecuencia, la consecución de su independencia. Una vez convocada por la Generalitat, la consulta fue suspendida por el Tribunal Constitucional por unanimidad de sus magistrados en fecha 4 de noviembre.

Dado que tras la suspensión la Generalitat continuó llevando a cabo aquellos actos indispensables para el buen fin de la misma, la duda que importa aquí es: ¿se consideran ilegales dichas actuaciones acaecidas con posterioridad a la suspensión?

Los delitos que se les imputan a Artur Mas y compañía son: i) desobediencia (artículo 410.1); (ii) obstrucción a la justicia cometido por funcionario público (508.1); (iii) prevaricación administrativa (404); y (iv) malversación de caudales públicos (no confundir el artículo 402 con el 403 puesto que en este caso no hay enriquecimiento).

El principal argumento que se puede esgrimir es que tras el fallo del tribunal constitucional no se llevó a cabo ninguna de las actuaciones que quedaron prohibidas en tal acto, evitando así la posible responsabilidad penal.

Por poner un ejemplo sería absurdo contemplar que los posibles gastos realizados por la Generalitat, y que hubiesen sido constitutivos del delito de malversación, no se hubiesen realizado con anterioridad, ya que organizar un evento de tales magnitudes no se hace en 5 días.

Otro hecho interesante es la posible obstrucción a la justicia, pero tal tipo requiere impedir la ejecución de una resolución judicial, impedimento que no se ha llevado a cabo, puesto que los querellados se apartaron de las actuaciones, dejando el acto en manos de los ciudadanos, los que realizaron el referéndum.

Respecto al delito de desobediencia, si nos fijamos en el tipo, vemos que este exige una negativa abierta a cumplir, y los querellados no manifestaron tal negativa abierta ni de incumplir la sentencia.

Acerca del delito de prevaricación el tipo requiere que se dé una resolución arbitraria en acto administrativo. Tal resolución no existió tras el fallo de manera conocida, salvo que a posteriori se pruebe que Artur Mas hubiese dictado órdenes a los Mossos de actuar el 9-N.

Tras este análisis y sin perjuicio de que somos conscientes de que en la decisión final jugará la política,  podemos concluir que hay posibilidades de que Artur Mas así como aquellos otros miembros del Govern sobre los que recae la querella, salgan indemnes ante la querella de la fiscalía.

 

Querella| El Mundo

Imagen| ABC

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