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¿Sirve el atestado policial como prueba de cargo? Análisis STS 1215/2006

Hoy vamos a analizar la Sentencia 1215/2006, del Tribunal Supremo. En ésta sentencia, se condena por delito de asesinato terrorista a O. G. S contra el Istmo. Sr. Magistrado de la Audiencia Provincial de Vizcaya.

Este magistrado, el día 7 de noviembre de 2001, a las 07:20 de la mañana, salía del garaje de su domicilio en compañía de su mujer, cuando fue asesinado por el impacto de tres proyectiles, procedentes de un arma de fuego.

La información sobre el Magistrado fue obtenida por el procesado O. G. S. tras dos semanas de seguimiento al asesinado.  Una vez obtenida la información deficiente se la facilitó a un miembro del comando ETA, quien la hizo llegar a los encargados de realizar el asesinato.

Casi un año más tarde, el 23 de septiembre de 2002, fue intervenida en el interior de un vehículo Ford Fiesta (con motivo de una explosión) un arma, que se identificó como el arma con la que se realizaron los disparos al Magistrado asesinado.

La Audiencia de instancia tras estos hechos probados determino: que condenaba al procesado O.G.S. como “autor criminalmente responsable de un delito de asesinato terrorista “. Lo condena a veintiséis años de prisión.

La sentencia objeto de este comentario, dictada por el Excmo. Señor D. Francisco Monterde Ferrer, desestima el recurso de casación en todos sus motivos interpuesto por la parte apelante, por considerar precisamente que las pruebas practicadas fueron suficientes para condenar al acusado, y porque a juicio del Tribunal no existen motivos suficientes para entender que se vulneran Derechos Fundamentales, el principio a un proceso con todas las garantías, o los artículos 27, 28 y 72.1.1 y 139 del Código Penal.

Aparte del atestado policial, (que en sí mismo no es una prueba), la vista oral con los interrogatorios pertinentes, las pruebas documentales presentadas, etc. En el Tribunal Supremo sólo se proponen nuevas pruebas que no se hubieran podido proponer antes por no existir o por no tener noticias de ellas; el Tribunal, por lo tanto, sólo valorará las pruebas de la primera instancia, es decir, en éste caso especial, la Audiencia Nacional.

Si hay un principio cuya vulneración pudiera alegarse, es el de legalidad procesal únicamente. Pero en el presente caso es claro que la inclusión del atestado policial auto inculpatorio se ha producido en concordancia con la Jurisprudencia del TS y del TC. A tales efectos, véanse las sentencias del TC 80/1991, 80/1986, 82/1988, 201/1989, 217/1989, 161/1990, 206/2003, 36/1995, y Sentencias del TS 22/2/1993, 949/1996, 1115/1999, 428/2005, y las más importantes, STS 1106/2005 y Pleno no jurisdiccional de 28/11/2006.

El derecho a la presunción de inocencia no se vulnera porque existe el principio de contradicción en el proceso, y porque el acusado tiene la oportunidad de desdecirse de su anterior declaración ante la policía, como efectivamente hace en la vista oral.

El derecho del acusado a no declarar contra sí mismo queda también preservado, al hacer el acusado un ejercicio de cinismo y de contradicción con sus propias declaraciones evidente: desmiente la veracidad de sus declaraciones figurantes en el atestado policial porque “actuaba bajo presiones y tortura”, cuando la propia forense indica que dichas torturas no existieron bajo ninguna circunstancia, extremo éste que confirma el abogado asignado en un primer momento.

Por último, cabe mencionar que dándose unas garantías apropiadas a tal efecto, se puede utilizar el atestado policial como prueba de cargo. Dichas garantías son las siguientes:

“Se concede excepcionalmente un cierto valor de prueba a las actuaciones policiales, que la declaración autoincriminatoria en esa sede, no ratificada posteriormente, puede ser estimada como prueba de cargo siempre que se acrediten las siguientes circunstancias: 1º) que conste que aquella fue prestada previa información de sus derechos constitucionales; 2º) que sea prestada a presencia de Letrado y 3º) finalmente que sea complementada en el mismo juicio oral mediante la declaración contradictoria del agente de policía interviniente en la misma ( SSTC 303/93, 51/95 de 23 de febrero, 153/97 de 29 de septiembre, así como del TS, 1079/2000, de 19 julio)” (FJ 3º de la Sentencia analizada).

Tales requisitos, como en su momento apreció el Tribunal, se cumplen sobradamente, aunque algún magistrado (en concreto, los dos que firman los votos particulares) considere que no hace falta que los policías que elaboraron el atestado declaren, porque no se pueden retractar del atestado sino con el riesgo de ser acusados de falsedad en documento público; o por otra parte que su presencia es innecesaria porque en el acto de la vista oral ya está presente la parte interesada, que es el propio acusado.

Para la mayoría de los miembros del Tribunal es prueba directa de cargo obtenida con garantías y  suficiente para enervar el derecho a la presunción de inocencia del acusado, la testifical de los policías que intervinieron en el atestado así como el testimonio del letrado del turno de oficio, unido lógicamente a la oportunidad de contradecir del acusado en el acto de la vista del proceso; mientras que los magistrados discrepantes entienden lo contrario.

En el voto particular del Magistrado Andrés Martínez Arrieta, señala que sólo los actos de un órgano jurisdiccional pueden tener consideración de medios de prueba; que sólo se pueden hacer uso de los medios de prueba específicamente previstos en las leyes; que el contenido de las declaraciones en sede policial no puede introducirse en el juicio oral a través de la vía del 714 Ley de Enjuiciamiento Criminal, ni tampoco a través de la testifical de los agentes policiales; principalmente porque éstos no son testigos de los hechos objetos del juicio, y como tales su testimonio es impertinente; y que por último, estos policías no son precisamente imparciales al respecto.

En el voto particular del Magistrado Don Diego Ramos Gancedo, cuestiona la validez de la toma en consideración del atestado policial como prueba de cargo, porque argumenta que la labor de los agentes policiales no es precisamente objetiva; que la investigación debe ser llevada a cabo por un sujeto que haya sido ajeno a la investigación; que sólo las diligencias practicadas por la autoridad judicial pueden tener valor de pruebas de cargo aptas para desvirtuar la presunción de inocencia; y, en fin, que el atestado judicial puede ser fuente de prueba, pero no medio probatorio de los hechos enjuiciados.

Éstos son los caracteres principales de la Sentencia que acabamos de analizar, cuya lectura se recomienda vivamente por su especial interés.

Imagen| Control de la policía local

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