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¿Se puede acabar un proceso sin sentencia?

El proceso civil español cuenta con la sentencia como medio habitual para su finalización. La propia Ley de Enjuiciamiento Civil, (en adelante, LEC), señala en su artículo 206.1.3º que “se dictará sentencia para poner fin al proceso, en primera o segunda instancia, una vez que haya concluido su tramitación ordinaria prevista en la Ley”. Sin embargo, el Derecho español prevé también, bajo la denominación de terminación anormal del proceso, determinadas vías que permiten alcanzar la conclusión del procedimiento judicial sin necesidad de que se completen todas las fases del mismo. Estas situaciones, que describimos a continuación, están basadas en su mayoría en el poder de disposición de las partes sobre el proceso. No se permitirá ninguno de estos mecanismos si se llevan a cabo en fraude de ley, contra el interés general o en perjuicio de un tercero.

Mediante la renuncia el actor reconoce que el derecho que pretendía hacer valer judicialmente no tiene fundamento. La consecuencia es una sentencia absolutoria sin que sea posible restablecer el proceso en el futuro.

A través del desistimiento, por el contrario, el efecto es sustancialmente distinto. En este caso, el proceso culmina mediante un auto de sobreseimiento quedando abierta la posibilidad de retomar el proceso con posterioridad. Puesto que el objeto de la demanda queda imprejuzgado, si el demandado hubiera sido emplazado a contestar la demanda éste deberá prestar su consentimiento para que el desistimiento produzca sus efectos.

Como supuesto contrario al de la renuncia encontramos el allanamiento. Mediante este mecanismo el demandado muestra su conformidad con las pretensiones del actor de la demanda dando lugar a una sentencia condenatoria acorde a dichas pretensiones.

La transacción supone un acuerdo entre las partes que, una vez homologado por el juez, pone fin al proceso sin necesidad de sentencia. A diferencia de la renuncia, el desistimiento, o el allanamiento, mediante la transacción ambas partes ceden parcialmente en sus pretensiones de cara a alcanzar un pacto que permita evitar el sometimiento al resultado incierto de la sentencia judicial.

Por último nos referiremos a la caducidad, regulada en los artículos 237 y siguientes de  la LEC. La caducidad de la instancia se produce cuando tramitándose el proceso transcurre un lapso de tiempo de inactividad de las partes lo suficientemente amplio como para pensar que el litigio se ha arreglado por otros medios o que la sentencia ni es necesitada ni querida por ninguna de las partes. El tiempo determinado legalmente es de dos años para la primera instancia; y un año para la segunda instancia y para los recursos de infracción procesal y de casación. En trámite de ejecución no caduca el proceso en ningún caso. El tiempo de inactividad se ha de contar desde la última notificación judicial hecha a las partes y tiene que deberse a omisión voluntaria de actos de parte. La caducidad de la instancia se acuerda por auto y siempre de oficio. El efecto de la caducidad es la terminación del proceso.

Vía| Monografías

Imagen| Acuerdo

En QAH | El principio de congruencia en el Derecho español, o ¿Pueden los jueces sentenciar cualquier cosa?

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