Jurídico 


¿Qué tenemos que hacer para ser abogados el día de mañana?

He estado leyendo la Ley 34/2006, de 30 de octubre, de Acceso a Abogado y  Procurador de los Tribunales y su correspondiente Reglamento y me gustaría resaltar algunos puntos de carácter  práctico que nos pueden ser resultar útiles  para todos aquellos que en nuestra mente nos imaginamos ejerciendo la profesión de abogado de una forma o de otra. El lector no está ante una  publicación que vaya a tratar de convencerle  de la conveniencia o no de este cambio normativo, sin ir más lejos, lo que pretendo es, en unas líneas, conseguir una conciencia formada e informada que nos permita tomar las medidas para nuestra  propia preparación y estar en  condiciones de emitir nuestro juicio al respecto si la situación se presenta.

En primer lugar, es una ley que ha contado con un marcado carácter excepcional. La razón de ello es que siendo aprobada el 30 de octubre de 2006 y estando dilatada su aplicación varias veces, la entrada en vigor tanto de la ley como del reglamento que la desarrolla (Real Decreto 775/2011, de 3 de junio) no se produce hasta el 31 de octubre del presente año, lo cual significa un periodo de vacatio legis extraordinariamente largo de cinco años (lo que se pensó para dar cobertura a aquellos alumnos que iniciaron su carrera el mismo año que se aprobó la ley).

La polémica venía por la disputa entre Universidad y Colegios de abogados con un tercer personaje en escena que son los despachos de profesionales. Asimismo, tampoco las relaciones competenciales entre Ministerio de Educación y su homólogo de Justicia han brillado por el entendimiento.

En definitiva, y yendo a lo que realmente nos importa, ¿en qué nos afecta en nuestras vidas profesionales inminentes esta nueva ley? Enumeramos las cuestiones:

  1. La idea es dotar de una formación especializada y evaluación regulada a todos los licenciados (o graduados) en Derecho a través de la realización de cursos de formación acreditados conjuntamente por el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Educación y Ciencia.
  2. Estos cursos pensados para los ya licenciados (o graduados) podrán ser impartidos por universidades públicas, privadas o escuelas de práctica jurídica de los Colegios Profesionales.
  3. La mitad de dicho curso deberá estar conformado por un periodo de prácticas externas donde los estatutos de cada Colegio impondrán una serie de requisitos pero que la Ley establece que no pueden traducirse en estrictas relaciones de servicios y el tutor que nos acompañe debe tener en sus espaldas un periodo en ejercicio superior a cinco años. Las prácticas externas deberán ser de 30 ECTS, el reglamento enumera los objetivos de dichas prácticas y podrán realizarse en juzgados o tribunales, fiscalías, sociedades o despachos profesionales de abogados o procuradores de los tribunales, departamentos jurídicos o de recursos humanos de las Administraciones Públicas, instituciones oficiales o empresas.
  4. El examen, lo convocará cada Comunidad Autónoma, será de periodicidad anual y no se pueden limitar las plazas. El contenido viene detallado en el Reglamento y dice así: La prueba será escrita y constará de dos partes que se realizarán en el mismo día. El primer ejercicio consistirá en una prueba objetiva de contestaciones o respuestas múltiples. El segundo ejercicio de la evaluación consistirá en resolver un caso práctico previamente elegido por el aspirante entre varias alternativas.
  5. La realización del curso no será gratuita pero existirán ayudas y becas por parte del Estado.
  6. Para todo aquel que se ha dado prisa en terminar Derecho de cara a esquivar esta nueva regulación, esto dice la ley en el apartado tercero de la disposición transitoria única:

“Quienes en el momento de la entrada en vigor de la presente Ley se encontraran en posesión del título universitario de licenciado o de grado en Derecho, y no estuvieran comprendidos en el apartado anterior, dispondrán de un plazo máximo de dos años, a contar desde su entrada en vigor, para proceder a colegiarse, como ejercientes o no ejercientes, sin que les sea exigible la obtención de los títulos profesionales que en ella se regulan”.

En el artículo 10 de Real Decreto se mencionan las competencias mínimas que deberán impartirse y adquirirse en los cursos de formación a los que venimos aludiendo:

Poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los conocimientos académicos especializados adquiridos en el grado a la realidad cambiante a la que se enfrentan los abogados para evitar situaciones de lesión, riesgo o conflicto en relación a los intereses encomendados o su ejercicio profesional ante tribunales o autoridades públicas y en las funciones de asesoramiento.

Conocer las técnicas dirigidas a la averiguación y establecimiento de los hechos en los distintos tipos de procedimiento, especialmente la producción de documentos, los interrogatorios y las pruebas periciales.

Conocer y ser capaz de integrar la defensa de los derechos de los clientes en el marco de los sistemas de tutela jurisdiccionales nacionales e internacionales.

Conocer las diferentes técnicas de composición de intereses y saber encontrar soluciones a problemas mediante métodos alternativos a la vía jurisdiccional.

Conocer y saber aplicar los derechos y deberes deontológicos profesionales en las relaciones del abogado con el cliente, las otras partes, el tribunal o autoridad pública y entre abogados.

Conocer y evaluar las distintas responsabilidades vinculadas al ejercicio de la actividad profesional, incluyendo el funcionamiento básico de la asistencia jurídica gratuita y la promoción de la responsabilidad social del abogado.

Saber identificar conflictos de intereses y conocer las técnicas para su resolución, establecer el alcance del secreto profesional y de la confidencialidad, y preservar la independencia de criterio.

Saber identificar los requerimientos de prestación y organización determinantes para el asesoramiento jurídico.Conocer y saber aplicar en la práctica el entorno organizativo, de gestión y comercial de la profesión de abogado, así como su marco jurídico asociativo, fiscal, laboral y de protección de datos de carácter personal.

Desarrollar destrezas y habilidades para la elección de la estrategia correcta para la defensa de los derechos de los clientes teniendo en cuenta las exigencias de los distintos ámbitos de la práctica profesional.

Saber desarrollar destrezas que permitan al abogado mejorar la eficiencia de su trabajo y potenciar el funcionamiento global del equipo o institución en que lo desarrolla mediante el acceso a fuentes de información, el conocimiento de idiomas, la gestión del conocimiento y el manejo de técnicas y herramientas aplicadas.

Conocer, saber organizar y planificar los recursos individuales y colectivos disponibles para el ejercicio en sus distintas modalidades organizativas de la profesión de abogado

Saber exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente consecuencias jurídicas, en atención al contexto y al destinatario al que vayan dirigidas, de acuerdo en su caso con las modalidades propias de cada ámbito procedimental.

Saber desarrollar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares.Saber desarrollar habilidades y destrezas interpersonales, que faciliten el ejercicio de la profesión de abogado en sus relaciones con los ciudadanos, con otros profesionales y con las instituciones.

En conclusión, este es el nuevo escenario que se nos plantea por delante, por lo menos nos queda el consuelo que después de haber leído esto no nos coge por sorpresa.

Vía | Ley sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales

Imagen | roquetasdemar, blogsdelagente

*Nota: la mencionada Ley 34/2006 ha sido objeto de una modificación posterior a la publicación de este artículo, realizada por el Real Decreto-ley 5/2012, de 5 de marzo, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, en su disposición final tercera.

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