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¿Qué es una Iniciativa Legislativa Popular?

La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) es una herramienta del que disponen los ciudadanos españoles para la participación semidirecta en la actividad legislativa, mediante la presentación de un texto normativo a una Cámara para su toma en consideración, Cámara ésta que puede ser tanto una Cámara de índole nacional (Congreso de los Diputados), como una Cámara Autonómica (Eusko Legebiltzarra, Parlament de Catalunya, Asamblea de Madrid…), si bien aquí explicaremos sólo la primera posibilidad, que marca en todo caso el patrón de las segundas, y cuyo procedimiento es por tanto análogo.

Escrito de presentación de la Iniciativa Legislativa Popular de modificación de la Ley 34/2006, con el correspondiente sello del Registro General del Congreso de los Diputados

Decía Tomás de Aquino que para que una guerra sea justa, hacen falta tres elementos: una autoridad legítima, una causa justa, y una recta intención, y lo cierto es que esta construcción tripartita puede transponerse fácilmente a los requisitos para la viabilidad dela ILP, es decir, para que la Mesa del Congreso de los Diputados lo admita a trámite.

Lo primero que una ILP necesita para ser viable es ser presentado por una autoridad legítima, o mejor dicho, por alguien legitimado para presentar una ILP: la Comisión Promotora, de cuya composición la Ley Organica 3/1984, reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular guarda silencio, mas allá de la necesidad de existencia de un Presidente, pero el cual debe entenderse como un órgano colegiado compuesto por varios ciudadanos españoles mayores de edad que se encuentren inscritos en el censo electoral, y cuyos miembros deben en todo caso detallarse en el documento en que se presente la ILP en el Registro del Congreso.

La “causa justa” tomasína debe interpretarse aquí como causa ajustada a Derecho, o lo que es o mismo, que no regule alguna de estas materias que la LO 3/1984  excluye en su art. 2 de ILP:

  1. Las que, según la Constitución, son propias de leyes Orgánicas, que en virtud del art. 81 del texto constitucional son las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución, lo que incluye entre otras cosas, toda la legislación en materia penal, educativa…
  2. Las de naturaleza tributaria.
  3. Las de carácter internacional.
  4. Las referentes a la prerrogativa de gracia.
  5. Las mencionadas en los artículos 131 y 134.1 de la Constitución,  que son las leyes de planificación económica y los Presupuestos Generales del Estado, respectivamente.

Y por ultimo, pero no por ello menos importante, podemos decir que una ILP requiere de la “recta intención” u objetivo que lleva a los promotores a presentarla, razón que debe explicarse, además de en la defensa pública que se haga de la misma, en la Exposición de Motivos que por disposición del art. 3.1 de Ley debe preceder al texto normativo propuesto.

Una vez verificada la concurrencia de los 3 requisitos, así como la no concurrencia de los casos del art. 5.2, y por tanto admitida a trámite por la Mesa del Congreso de los Diputados, y notificada dicha admisión al Presidente de la Comisión Promotora y el Presidente del Senado, se procede a la recogida de las 500.000 firmas, en un plazo de 6 meses (prorrogable por otros dos plazos de 3 meses cada uno), de ciudadanos españoles inscritos en el Censo Electoral, lo cual se realiza en los pliegos que, procurados por la Comisión Electoral, se aprueban y sellan por la Junta Electoral Central.

En caso de que se logren las 500.000 firmas dentro del plazo, cuya autenticidad será verificada por la Junta Electoral Central,  la Iniciativa Legislativa Popular se tramita en las Cortes como cualquiera otra Iniciativa Legislativa, sin que los miembros de la Comisión Promotora puedan defenderla en sede parlamentaria, ya que si bien la Ley Orgánica permite que el Reglamento del Congreso pueda prever esta posibilidad, lo cierto es que esta segunda norma no lo hace. Llegados a este punto, los miembros dela Comisión Promotora tienen derecho a ser resarcidos por los gastos realizados, hasta un máximo de 300.000€.

En todo caso, cabe reseñar que estos 3 pasos [1)Presentación de ILP y comprobación de cumplimiento de requisitos, 2)Recogida de Firmas, 3)Debate y votación Parlamentaria], deben realizarse consecutiva y concatenadamente, sin que proceda recoger firmas de una ILP que no haya sido presentada ante la Mesa del Congreso y admitida a trámite, o en hojas distintas a los pliegos admitidos por la Junta Electoral Central.

Por lo tanto, y aunque sea una aparente obviedad, podemos concluir que la Iniciativa Legislativa Popular sigue un procedimiento legal que lo convierte en algo bastante más trascendental y complejo que una mera recogida de firmas en apoyo una petición de modificación legislativa.

Vía| constitución Española. Ley orgánica 3/1984, reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular

Más información | Materias reservadas a Ley Orgánica

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