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¿Qué es la presunción de inocencia y el principio in dubio pro reo?

Hoy el derecho penal pone el foco en el derecho procesal penal, mucho más que en el derecho penal sustantivo y ello porque, precisamente, existe como derecho constitucional fundamental “la presunción de inocencia”, concepto utilizado con mucha ligereza por las gentes y en especial por los políticos, cuando es un concepto totalmente técnico jurídico y que sólo se desenvuelve en el seno del proceso penal. Desgraciadamente, ese concepto poco preciso y vulgar de la presunción de inocencia lo utilizan también con frecuencia muchos juristas, yo lo he oído utilizar por juristas con cargos de renombre en una ponencia o he visto en un artículo escrito por una letrada en la revista La Toga, que lo predicaba a favor de las mujeres víctimas de la violencia machista.

Lo primero que debemos decir es que, la presunción de inocencia es una presunción “iuris tantum”, esto es, una presunción que admite prueba en contrario, tiene la misma estructura que, por ejemplo, la presunción de ser padre, “se presume que el hijo nacido en el matrimonio es hijo del marido de la madre que le ha dado a luz”; sin embargo estudios realizados en el Hospital de Vals de Ebron, para compatibilidad de trasplantes, pusieron en evidencia que sólo alrededor del 60% de los hijos eran de sus presunto padres. Es decir, es una ficción legal, consistente en una consecuencia de un hecho, la consecuencia es ser padre y el hecho del que se extrae la conclusión es, que la esposa ha dado a luz a un hijo estando casada, que puede ser destruida por una prueba en contrario.

El hecho determinante de la presunción de inocencia es exclusivamente la cualidad de ser persona. Por el simple hecho de ser persona hay que presumir, dentro de un proceso penal, que el acusado de un delito o falta es inocente, salvo que se pruebe lo contrario, en cuyo caso deja de tener a su favor esa presunción y puede llegar a ser condenado, pero no necesariamente, como veremos; esto es, puede desaparecer la presunción de inocencia y sin embargo no condenarse al acusado, pues la desaparición de la presunción de inocencia no quiere decir que haya que declararse necesariamente la responsabilidad criminal, sino que ya acusación y defensa juegan con las mismas e iguales armas.

Como hemos dicho, la presunción de inocencia puede ser destruida por la existencia de pruebas en contrario; sin embargo, y aquí está la dificultad, sólo puede destruirse la presunción de inocencia con una o varias pruebas susceptibles de ser cualificadas como suficientes de cargo. Como suelo decir, no basta con una prueba cualquiera sino que es necesario que sea una señorona prueba, una prueba suficiente de cargo.

Y ¿Qué características debe tener esa señorona prueba para ser capaz de destruir la presunción de inocencia?. Pues debe tener contenido de cargo, es decir de la prueba puede deducirse que existe el delito y que ese delito lo cometió el acusado, pero, además ha de ser:

1) Legitima, es decir, legítimamente obtenida, sin infringir ninguna Ley y mucho menos los derechos constitucionales de la persona, como la inviolabilidad del domicilio, la libertad o la integridad física, o la declaración del imputado, que debe ser realizada siempre ante Abogado.

2) Inmediata, es decir, percibida directamente por el Tribunal ante quien se celebra el Juicio. Y vosotros os preguntaréis, como va a percibir de forma inmediata un Tribunal una prueba pericial, por ejemplo de alcoholemia o una entrada y registro; y efectivamente, hay pruebas de imposible reproducción en el acto del Juicio Oral, y por ello deben ser documentadas y practicadas conforme a la Ley con todas las garantías, o reproducidas mediante otros medios, como la propia testifical de quien la practicó.

3) Sometida a contradicción, es decir, que la defensa del acusado pueda someterla a contradicción, como repreguntar a quienes declaren a instancia de la acusación, o poder hacer un informe pericial por su parte, que pueda contradecir al realizado por la acusación.

4) Pública, es decir, practicada con publicidad, principio basado en el principio de que la publicidad es una garantía de imparcialidad del Tribunal.

5) Oral, derivada de la publicidad.

Y ¿quién nos dice cuando una prueba cumple esos requisitos?, la extensa Jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la cuestión. Lo que determina que, hoy un buen Penalista debe ser, ante todo, un gran conocedor de la Jurisprudencia Constitucional sobre las características de la prueba, para que  pueda ser suficiente de cargo, capaz de destruir la presunción de inocencia.

Por consecuencia, se infringe la presunción de inocencia cuando se condena a un reo sin existir prueba de cargo, –por inexistencia o porque la existente no cumple todas las referidas características–, que destruya la presunción de inocencia y por consecuencia lógica de esa premisa se puede concluir que, los únicos que pueden infringir dicho derecho constitucional de la “presunción de inocencia” son los Tribunales, nunca los periodistas ni ninguna persona que no ejerza la función jurisdiccional, (los periodistas podrán infringir el derecho al Honor pero nunca la presunción de inocencia) y los únicos que tienen ese derecho son los acusados, imputados o procesados en un procedimiento Penal.

Ahora bien, hemos dicho algo que suena raro, muy raro, que un reo que ya no goza de la presunción de inocencia, porque se ha destruido dicha presunción al existir pruebas suficientes de cargo contra él, pueda ser absuelto.

Y ello es así, porque el primer obstáculo que debe superar la acusación, ya sea la pública, ejercida por el Fiscal, la privada o popular, para que el Tribunal condene al acusado es la superación de la presunción de inocencia, la aportación de pruebas con contenido de cargo, legitimas, públicas, orales y sometidas a los principios de inmediación y contradicción, como hemos visto.

Pero con eso no es suficiente, dichas pruebas deben convencer al Tribunal de que el acusado cometió el hecho delictivo que se le imputa. Pensemos en un testigo policial que afirma ver al acusado romper el cristal de un escaparate, coger los relojes que allí habían y salir corriendo, en cuyo momento es apresado por dicho Policía, recuperándose los relojes. Como podemos observar, la testifical cumple con todo y cada uno de los requisitos, tiene contenido de cargo, no se ha coaccionado al testigo, puede ser sometida a repreguntas por el abogado de la defensa, y se ha practicado en audiencia pública delante del Tribunal.

Sin embargo, viene la testigo de la defensa, que resulta ser la hija del Policía que declaró y manifiesta, que su Padre tiene animadversión contra el acusado, porque está saliendo con ella y no le gusta como novio de su hija.

Es decir, hay una prueba que pone en duda la veracidad de la prueba de cargo.

Ante eso el Tribunal debe hacer una valoración de las pruebas practicadas, valoración que está sometida al principio de libre valoración y declarar si lo testificado por el Policía es cierto o no.

Y si el Tribunal no llega a ningún convencimiento y tiene dudas sobre la veracidad de los testimonios, tanto del Policía como el de su Hija, ¿Qué se debe hacer?. Esto lo responde el principio de valoración de prueba “in dubio pro reo”, en caso de duda sobre si se cometió o no el delito, debemos valorar las pruebas en el sentido de declarar que no fue cometido y absolver.

Por consecuencia, para poder condenar a alguien es necesario, en primer lugar la existencia de prueba de cargo que destruya la presunción de inocencia, que es una cuestión fundamentalmente técnica y que nos viene dada por la Jurisprudencia Constitucional y, en segundo lugar, que esa prueba sea valorada positivamente por el Tribunal; es decir, que se la crea el Tribunal, que para el Tribunal no exista duda sobre la veracidad de dicha prueba, porque de existir duda hay que interpretarla a favor de la absolución, cuestión de apreciación psicológica y lógica de las pruebas, más que técnico-jurídica.

Por consecuencia, corresponde a la acusación aportar las pruebas de cargo y por ende mientras no se despliegue ninguna actividad probatoria de cargo, un buen abogado defensor debe permanecer inactivo, no sea que con sus preguntas al acusado o testigo, del que la acusación no ha sacado nada, se autoinculpe su defendido o lo inculpe el testigo por culpa de hacerle preguntas.

Por último, si se interpone un recurso de apelación contra una sentencia, primero hay que motivar, en su caso, la inexistencia de pruebas de cargo que destruyan la presunción de inocencia y, posteriormente, alegar error en la valoración de la prueba y nunca al revés, porque sin pruebas de cargo no hay pruebas que valorar.

En QAH| Tribunal Constitucional

Imagen| Balanza

Praetor Escrito por el may 11 2012. Archivado bajo Derecho Público, Jurídico.





  • http://twitter.com/rafacaleta Rafa Medina

    Últimamente que tan de moda está hacer juicios populares, no estaría mal que más de uno leyera este artículo.

  • José Manuiel García Pérez

    En mi caso se dictó sentencia en mi contra sin que existieran pruebas contundentes que destruyeran mi presunción de inocencia y porque las mismas fueron una falacia es decir, argumento falso pero aparentemente verdadero para inducir a error o engaño, que supuso en error en la valoración de las pruebas. Además el juez concedió una presunción iuris tantum a la acusadora que anuló y prevaleció sobre mi presunción de inocencia como Derecho Fundamental. Caso SGAE juicio verbal 0000117/2012—sentencia 00099/2013

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