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¿Qué es la cadena perpetua revisable?

La innegable alarma social suscitada por las muertes de las menores  Mari Luz Cortés y Marta del Castillo en el año 2009, así como la liberación del etarra de Juana Chaos tras cumplir 21 años de prisión por matar a 25 personas ha avivado en nuestro país el debate sobre un  endurecimiento de las penas e, incluso, de la implantación de la cadena perpetua, una figura que ha estado prohibida en España desde la vigente constitución de 1978.

El nuevo Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón,  confirmó en su carta de presentación que entre las principales modificaciones en su paquete de reformas se encontraba, entre otras, la Ley del Menor, la del aborto, la introducción de una tasa obligatoria para los costes de un procedimiento judicial a partir de la segunda instancia (copago judicial) y la más revolucionaria reforma en materia penitenciaria, que abre la puerta a la instauración de la pena de prisión permanente revisable.

Antes de pasar a analizar esta medida que conllevará una modificación del código penal, sería interesante conocer qué es eso de la cadena perpetua “revisable”, en qué países está contemplada y con qué peculiaridades.

La cadena perpetua, en sentido estricto, es una pena privativa de libertad, que se impone como condena ante un  delito grave y que en la mayoría de los países en los que se aplica constituye el castigo más severo que puede recibir un criminal, una condena que dura toda la vida. Sin embargo, lo que en nuestro Estado se pretende es la implantación de una cadena perpetua revisable que es, precisamente, la existente en la mayoría de los países europeos.  Se trata, al igual que la anterior, de una pena privativa de libertad de duración indeterminada para los delitos graves o muy graves, pero con la peculiaridad de que es revisable de manera obligatoria cuando el condenado ha cumplido un largo periodo de tiempo en prisión, en nuestro caso se habla de 20 años efectivos de condena, garantizando por tanto, el principio de resocialización. En palabras del propio Gallardón: “Será configurada como una pena excepcional, para supuestos muy restringidos, solamente aquellos que hayan alcanzado el máximo de repulsa social…”, se refiere a los delitos de terrorismo o de agresiones a menores.

Con la implantación de esta nueva medida, España se une al carro del resto de los países europeos en implantar la cadena perpetua revisable, con la excepción de Portugal y Noruega.

 En el caso de Francia, la revisión se prevé a partir de los 30 años y se utiliza en casos muy excepcionales, además recientemente se ha aplicado en la sentencia contra el terrorista conocido como Carlos el Chacal. Por otro lado, en países como Alemania o Suiza, la cadena perpetua se revisa una vez transcurrido 15 años para el caso de los delitos de mayor gravedad, es decir, por robo con resultado de muerte, por alta traición, etc. Otro de los casos más destacados es el de Italia, donde la cadena perpetua es el castigo más severo que se puede aplicar en la justicia, ya que se trata, a priori, de una condena que no tiene límite temporal alguno en lo que al Código Penal Italiano (arts. 17 y 22) se refiere. No obstante, en la práctica, el preso puede pedir la revisión y por tanto la libertad condicional después de los 26 años de presión efectiva. Por lo que respecta a los delitos cometidos por los “capos mafiosos”, la situación es distinta, ya que se habla de “una ley no escrita” de tal modo que los jueces no les concederán nunca los beneficios de la buena conducta que pueden dar lugar a la libertad tras la revisión, de ahí que se mantengan de forma indefinida entre rejas. La situación para el resto de los países europeos es más o menos la misma salvo por el hecho de que los plazos de revisión varían de unos a otros.

Una vez que tenemos claro el contexto que rodea a esta medida judicial, cabría plantearnos algunas preguntas al respecto;

  • ¿Se puede considerar que nuestro Código Penal es “blando” sin esta reforma?

De lo expuesto anteriormente, podemos desprender que en la mayoría de países europeos donde existe la pena perpetua revisable, como Francia, Inglaterra y  Alemania, la realidad es que las personas condenadas cumplen una media de 20 años, en cambio, en España existen condenas de hasta 40 años de prisión (art. 76 cp.) cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y, al menos, dos de ellos estén castigados por la ley con pena de prisión superior a 20 años. Al respecto, existe un ejemplo muy clarificador: Manuel Pinteño lleva 32 años en prisión condenado por diversos delitos, en su gran mayoría contra la propiedad, sin que nunca haya sido condenado por delito de sangre.

Los que están en contra de la implantación de esta medida en la reforma del Código Penal se apoyan en este argumento manifestando que nuestro sistema es notablemente duro y severo, además, desde hace diez años existe una ley de cumplimiento íntegro de penas para los delitos de terrorismo y los de especial repercusión y alarma social, de tal forma que no podrá ser rebajado por buena conducta del reo.

Sin embargo, es obvio que se está desarrollando en la sociedad española una creciente y generalizada desconfianza en la Justicia y en la capacidad de los Jueces y Tribunales para resolver adecuadamente los conflictos ante ellos planteados, y para garantizar, en suma, la correcta aplicación de la ley. Teniendo en cuenta este sentimiento generalizado, puede que esta medida que se va a adoptar sea el inicio de una nueva concepción del sistema de justicia y permite una vuelta a la confianza tan necesaria en los tiempos que corren.

  • ¿Es constitucional la cadena perpetua revisable?

En relación a este tema, existen opiniones que están a favor y otras que están en contra de la aplicación de esta medida en nuestro sistema. Las primeras, dejan claro que esta pena no contradice lo dispuesto en la Constitución Española, ya que el art. 25.2 de la misma, entre otros, establece que “Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. (…)”, en relación a esto, el propio Gallardón afirmó, como ya he mencionado más arriba, que, al tratarse de una pena revisable, se está garantizando la compatibilidad de la rehabilitación del reo con su reinserción social y, por tanto, con el cumplimiento de los preceptos de la CE, de ahí que si el reo logra un nivel suficiente de integración podrá ver revisada su pena.

Por otro lado, algunos juristas consideran que la aplicación de esta medida va en contra de la dignidad de las personas, hasta el punto de que algunos lo califican como una figura análoga a la pena de muerte civil o social, ya que supone una negación a la persona a estar en sociedad. Asimismo, defiende que no es posible el encaje constitucional a la misma ya que no solo no garantiza la reinserción social, sino que tampoco impone una pena clara, sino al arbitrio de terceros.

De todo lo expuesto llego a la conclusión de que existen opiniones de todo tipo, que está claro que, para los familiares de las victimas, las condenas no son siempre suficientes pero que debemos partir de que no se puede ser juez y parte y que, en cualquier caso, el Estado de Derecho tiene que elevarse por encima del dolor para imponer una pena justa y acorde con nuestro ordenamiento pero, ¿Se va a conseguir con esta medida reforzar la confianza en la justicia a la vez que cumplir con los fines constitucionales?

De lo que no cabe duda es que la sociedad se ha decantado, ya que de los datos que se han obtenido de una encuesta del pasado mes de marzo se observa como casi tres de cada cuatro españoles (el 73%)  son partidarios de una cadena perpetua revisable para los delitos “especialmente graves”. Tan solo nos queda esperar y ver si los resultados que se obtienen una vez implantada son los esperados.

Vía| El PP instaurará la cadena perpetua revisableConstitucionalidad de la cadena perpetua revisable.

Más información| Cadena perpetua revisable

Imagen| Todos somos MartaCadena perpetua

En QAH| ¿Existe un derecho a mentir?: Caso Marta del Castillo

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