Derecho Internacional, Jurídico 


¿Qué es el Derecho Internacional Privado?

Debido a la globalización y a la excepcional movilidad de que disponemos, ya no resulta poco habitual que nos relacionemos con extranjeros o que realicemos actos jurídicos fuera de nuestro país, ya sea contraer un matrimonio, alquilar un apartamento, comprar un coche, etc. El problema desde el punto de vista jurídico suele plantearse cuando en estas relaciones jurídicas surge un conflicto. Por ejemplo, si estando en Francia, tuviese un accidente de tráfico con otro vehículo conducido por un alemán, por culpa de éste último, y quisiera demandarle, ¿qué tribunales tendrían competencia para resolver este asunto?¿qué legislación aplicaría en materia de responsabilidad por daños, la española, la francesa, la alemana?¿si fuese un tribunal francés quien sentenciara a mi favor, sería esa sentencia ejecutable en Alemania?.

Todas estas cuestiones son las que trata de resolver el Derecho Internacional Privado. Mientras el Derecho Internacional Público se centra en las relaciones soberanas entre estados, el privado se centra en resolver las cuestiones que plantea la existencia de relaciones jurídicas entre particulares cuando éstas desbordan el ámbito de un estado. Esto último resulta muy necesario porque el derecho interno de cada país sólo regula las relaciones jurídicas que se producen en su respectivo ámbito interno. Por ejemplo, si contrajera matrimonio con una persona española en España, las reglas procedimentales para la celebración, y en su caso las normas aplicables si decidiéramos posteriormente divorciarnos, serían las españolas. No obstante, ¿qué pasaría si celebramos el matrimonio en Francia?¿tendría competencia un juez francés para declararnos marido y mujer?¿podríamos inscribir nuestro matrimonio en el Registro Civil de Madrid?, en caso de problemas conyugales ¿qué autoridad podría conocer de una hipotética demanda de separación judicial?. Cómo veis, la casuística es extensa en esta materia.

Por tanto, expuesto lo anterior, podría resumir en tres puntos el objeto del Derecho Internacional Privado:

  1. Determinar qué autoridades- las de qué país – tienen competencia para conocer de una demanda o para constituir una relación jurídica cuando existe un elemento extranjero ( por ejemplo, que un español decidiera adoptar a un extranjero, ¿constituiría la adopción un juez español?¿o el extranjero?
  2. Determinar qué legislación es aplicable a estas relaciones jurídicas internacionales, puesto que en ocasiones, los jueces de un país tendrán que aplicar la legislación de otro estado.
  3. Determinar cuándo y bajo qué circunstancias, una sentencia o decisión tomada por una autoridad extranjera es ejecutable o reconocida en nuestro país.

En sus orígenes, cada estado tenía sus propias normas en esta materia ( en el caso español, contenidas principalmente en la LOPJ y el CC), lo cual planteaba problemas especialmente en el ámbito del reconocimiento de decisiones extranjeras. Por ejemplo, si la normativa española estableciese que sólo los tribunales españoles son competentes para conocer de una demanda presentada por un trabajador contra su empleador francés, y la legislación francesa atribuyera también de forma exclusiva esa competencia a sus propios tribunales; ¿podría el trabajador hacer ejecutar la sentencia dictada por un tribunal francés en España?. La respuesta es, por desgracia, negativa, lo cual perjudicaría gravemente los intereses de los particulares en conflicto. Por este motivo, ya desde la segunda mitad del siglo XX se han ido armonizando las legislaciones de los diferentes estados a través de convenios internacionales. En nuestro ámbito, son de especial relevancia los Reglamentos de la Unión Europea, ya que integran nuestro propio derecho, llevando el nivel de armonización a unos niveles muy elevados dentro de la Unión. Entre otros, caben destacar los siguientes: Los reglamentos de Bruselas I y II en materia de competencia y reconocimiento, y los reglamentos de Roma I y II en materia de ley aplicable.

Para finalizar, os voy a poner un ejemplo de cómo operaría el Derecho Internacional Privado:

Una persona de nacionalidad inglesa, tras 13 años residiendo en Málaga, fallece.  Su esposa desea poner en orden la situación patrimonial y para ello ha de solicitar que se determine y distribuya la herencia.  En materia de sucesiones no existe aún ningún Reglamento que armonice la regulación, así que hay que aplicar el derecho español. En virtud de éste, las autoridades españolas son competentes para conocer de cualquier asunto relativo a la herencia porque el fallecido tenía residencia habitual en España al momento de su muerte. De esta forma, la esposa podría acudir a un notario español para proceder con los trámites legales, sin tener que ir al Reino Unido para ello.

Además, si el fallecido hubiese hecho testamento ológrafo (escrito de su puño y letra, sin intervención de notario), el notario analizará la validez de las disposiciones hechas en el mismo conforme a la ley inglesa, no a la española, pues así lo determina la propia ley española (artículo 9.8 del CC). Y una vez validado, recogerá en un documento público el reparto de los bienes del causante. Así, si a pesar de tener 2 hijos, el fallecido hubiese dejado todo su patrimonio a su esposa (lo cual vulnera el derecho de legítimas español), el notario validará el testamento, ya que en derecho inglés no existe el régimen de legítimas que tenemos en España, y asignará todos esos bienes a la viuda. Si posteriormente, alguno de los hijos entablara una acción de nulidad del reparto de la herencia ante los tribunales españoles por haberse infringido su derecho de legítima, el juez que conozca del caso estará sujeto a la ley inglesa, por la cual no existe tal derecho, y por tanto, deberá sentenciar a favor de la viuda.

Por último, si la esposa decidiera volver a Reino Unido, podrá acudir a las autoridades inglesas para solicitar que reconozcan los efectos del reparto de la herencia que el notario español autorizó. Las autoridades inglesas tendrán que remitirse a su propio ordenamiento jurídico para determinar si el reparto puede ser reconocido (convirtiendo legalmente a la esposa en la nueva propietaria de los bienes que formaban la herencia). Es, por tanto, muy importante saber a priori si las decisiones de la autoridad de un país van a producir efectos en otro país en el cual podría interesarnos que los produjeran, ya que en ocasiones, no siempre serán reconocidas. Por ejemplo, en materia de matrimonios homosexuales, el matrimonio que se celebra en España entre dos personas del mismo sexo, no será reconocido por regla general en un país donde no exista tal posibilidad, y por ello, en ese país no gozarán de la condición de cónyuges.

Imagen | ucm

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