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¿Para qué sirve el Senado?

En estos tiempos de austeridad y recortes, se nos plantea la siguiente pregunta ¿Cuál es la función del Senado español? ¿Vale (en términos de utilidad) lo que cuesta (55 millones de euros, según los Presupuestos Generales aún vigentes)?

El poder legislativo es ejercido por el Parlamento, que puede tener una estructura unicameral o bicameral. La elección de este último sistema, que implica la existencia de una Cámara Alta y una Cámara Baja, tradicionalmente ha venido justificada por una doble vía.

Por un lado, el bicameralismo surge enraizado en la idea de equilibrio pues, si la división de poderes surgía como mecanismo para preservar la libertad del individuo, el bicameralismo busca dar una vuelta de tuerca más: uno de los tres poderes, el legislativo, pasa a estar ejercido no por una sino por dos Cámaras. Así, junto a la Cámara Baja (Congreso), que tendría una actuación en primera fase, encontraríamos a la Cámara Alta (o Senado) con una función de “enfriamiento” o de segunda lectura. Esta es la configuración propia de Estados como Reino Unido, lugar de nacimiento del bicameralismo (a la Cámara de los Lores se le unió con el tiempo la de los Comunes). Allí, actualmente, los proyectos de ley, aunque pueden ser iniciados en cualquiera de las Cámaras, han de pasar por ambas (salvo excepciones). Es decir, se requiere que la norma que finalmente se apruebe goce del beneplácito de los dos órganos. Así se garantiza una técnica legislativa más depurada, pudiendo la segunda Cámara oponerse a lo hecho por la primera, mediante la presentación enmiendas o, incluso, vetando  los proyectos de ley procedentes de la otra.

En cambio, en Estados Unidos, la motivación de la existencia de estas dos cámaras es muy distinta. Al tratarse de un Estado compuesto, se vio conveniente hubiera dos cámaras: la Cámara de los Representantes, que actúa en representación de todo el pueblo estadounidense (y cuyos miembros son elegidos en función de la población) y el Senado, en el que están representados todos los Estados federales con igual peso, independientemente de si están más o menos poblados (dos senadores por Estado). De esta forma, se consigue preservar el principio de igualdad federal, para que los intereses de los Estados menos poblados no queden desprotegidos ante la política legislativa de la Cámara de los Representantes, en la que tienen un peso escaso.

¿En cuál de estas dos razones se fundamenta nuestro bicameralismo actual? En principio, el constituyente español pareció inspirarse en el modelo americano. Así, con el nacimiento del nuevo Estado de las autonomías se vio como necesario que hubiera, junto al Congreso de los Diputados, una segunda cámara, el Senado, en el que las Comunidades autónomas estuvieran representadas en condiciones de igualdad. Sin embargo, esto que se pone de manifiesto en el 69.1 de la Constitución española (CE en adelante), al establecer que “el Senado es la Cámara de representación territorial”, queda inmediatamente desmontado en el punto segundo: en lugar de designarse las CCAA como circunscripción electoral se fija la provincia (69.2 CE) y, lo que es más, se introduce la población como factor a tener en cuenta para el reparto de Senadores (69.5 CE). De este modo, al no tener todas las CCAA el mismo número de provincias  ni ser demográficamente iguales, se obtiene una representación muy distinta entre regiones (piénsese, por ejemplo, en Andalucía en comparación con Cantabria).

Si optamos por la otra vía, veremos que nuestro Senado tampoco cumple con el objetivo de tener una función de deliberación o segunda lectura. Para ello se requeriría que el Senado tuviera la capacidad efectiva de modificar las proposiciones o proyectos de ley aprobados en el Congreso. Y aunque en principio parecería que es así, analizando el proceso legislativo vemos que esto no se cumple. Tal como establece el artículo 90 CE, una vez que el texto de la futura  norma es aprobado en el Congreso, pasa al Senado donde se le podrán presentar enmiendas o vetar. Si en él se rechaza el proyecto o se admiten enmiendas al mismo, el texto volverá al Congreso:

- En caso de veto, si hubiera voto favorable de la mayoría absoluta del Congreso se ratifica el texto vetado y se aprueba. Y bastará con que haya mayoría simple para que quede ratificado, transcurridos dos meses desde la oposición del Senado.

- En cuanto a las enmiendas, podrán ser aceptadas o no por mayoría simple.

Por tanto, el veto del Senado es meramente temporal y no real, en cuanto a que pueda oponerse efectivamente al producto del Congreso y obligarle a comenzar de nuevo.

De este modo queda patente la dudosa utilidad del Senado, que ha llevado a muchos autores a hablar de nuestro sistema como de “bicameralismo imperfecto”. Queda así como un órgano de escaso contenido, que no vale lo que cuesta porque valer, vale para poco.

Imagen| Faro

Carmen Rey Bujalance Escrito por el abr 19 2012. Archivado bajo Derecho Público, Jurídico.





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Estudiante de Derecho y ADE en CUNEF. Ver perfil completo

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